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Lunes 20 de Junio de 2016
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Lo más seguro es que en esta semana se declare la Alerta de Género en aquellos municipios en los cuales se logró acreditar que existe un problema generalizado de violencia contra la mujer.
Lo más seguro es que en esta semana se declare la Alerta de Género en aquellos municipios en los cuales se logró acreditar que existe un problema generalizado de violencia contra la mujer.
(Foto: TAVO)

No tengo miedo. No hay temor porque confío en la fuerza del movimiento. Dicen que tengo 33 órdenes de aprehensión y que viene otra; serían 34. Una raya más al tigre: Juan José Ortega, en febrero de 2016, cuando todavía era líder magisterial del llamado movimiento democrático michoacano.


La impostergable alerta de género




Lo más seguro es que en esta semana se declare la Alerta de Género en aquellos municipios en los cuales se logró acreditar que existe un problema generalizado de violencia contra la mujer.

Sin embargo, para llegar a este punto se transitó por un largo proceso en el cual fueron muchos los puntos divergentes y hasta dispares, tanto de actores políticos como de gobiernos y organizaciones sociales.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, informó que en próximos días se contará con la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hacer la declaratoria oficial sólo para algunos municipios, aunque no especificó cuáles.

Para llegar hasta ahí lamentablemente se ha registrado el asesinato de 90 mujeres sólo en 2015 y aproximadamente 35 muertes violentas que se han contabilizado a la fecha, todo con base en datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El tema lo puso sobre la mesa el propio gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien asumió la demanda de las organizaciones civiles para que se lograra declarar la Alerta de Género en todo Michoacán.

El 19 de diciembre de 2014, la organización Humanas sin Violencia solicitó la AVGM ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), demanda que posteriormente impulsaría el gobierno estatal y a la que se han sumado legisladores, figuras políticas, miembros de otras agrupaciones sociales y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Aun así, la nota discordante en la semana provino en voz del delegado en el estado de la Secretaría de Gobernación, Florentino Coalla Pulido, en el sentido de que Michoacán no cumple los requisitos para que se declare la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, y opinó que el tema está “malentendido” por los sectores que insisten en que se declare.

Ante ello, las promotoras de la Alerta desde hace años, Circe López Riofrío y la delegada estatal de Mujeres en Movimiento, Ana Laura Bucio Cortés, rechazaron las declaraciones del funcionario federal en Michoacán y enfatizaron que la alerta es el primer paso firme para implementar acciones de carácter preventivo, que inclusive son las más urgentes.

Por lo pronto, en esta semana se hará la declaratoria con base en el estudio realizado por la Inmujeres y por la Segob, y ahora depende de un trabajo de tejido fino de parte del gobierno para trabajar de la mano con las organizaciones civiles y atender un problema que es grave y que puede tornarse en una crisis estatal.

Gobierno: como veo, doy



En forma gradual, el gobierno michoacano, el de Silvano Aureoles Conejo, ha dejado ya en claro que no fácilmente se sentará a negociar con la dirigencia del movimiento magisterial denominado democrático, como que también que en una mesa de negociación no puede estar el tema de poner en duda la implementación de la Reforma Educativa en Michoacán.

Bajo esa dos premisas ha sido la actitud gubernamental que ya no le teme a los amagos y hasta a las acciones del ese sector del magisterio, de ahí que no se vea intimidado y cancele actos oficiales, menos programas como la evaluación docente, pero además ya no está a la defensiva, pero tampoco ha lanzado una ofensiva, hasta el momento, aunque sí ha maniobrado con base en las circunstancias.

El ejemplo más claro de lo anterior es que la fuerza pública ha respondido a una serie de acciones que están fuera de lo legal por parte de los llamados maestros democráticos, como ha sido desde los intentos de boicot a eventos gubernamentales, como impedir el paso del tren por la vía situada en la urbe moreliana, pero también hay guiños para hacer en forma más constante los bloqueos a vialidades.

Cierto, el caso de la entrega directa de los cheques quincenales a los maestros sin la intervención de los denominados líderes democráticos y la aprehensión del ex dirigente de la CNTE en el estado, Juan José Ortega, responden a movidas inesperadas, pueden tener una reacción contraria a la esperada por la vía gubernamental, pero también lo es que puede funcionar para desalentar buena parte del movimiento.

Aunque no ha estado del todo a la altura el mensaje mediático gubernamental, ya hay indicios de que el actual gobierno del estado tiene una política clara para intentar el establecimiento de un real Estado de Derecho y seguir impulsando un anhelado desarrollo en la entidad.

CNTE, la danza de los cheques



Cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde, reza el dicho, lo cual están sintiendo los propios profesores, sean institucionales o democráticos, en estos momentos, ya que tuvieron que pasar momentos complicados para cobrar sus quincenas y atender sus compromisos.

Paradojas del destino: los maestros están viviendo en carne propia lo que con sus marchas y bloqueos hacen sufrir a los michoacanos: frenar las actividades comerciales, dañar la economía, bloquear las jornadas laborales de miles de personas.

Pero ahora, tras una larga disputa por la entrega de los cheques para pagar la primera quincena de junio, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), durante la madrugada del pasado viernes logró recuperar los cheques de pago que mantenían retenidos integrantes de la CNTE desde hace ya varios días.

Las autoridades educativas de la entidad explicaron que la liberación se logró después de un diálogo con los profesores que se dio sin ningún incidente.

A pesar de ello, un grupo radical se mantuvo en sus reales de negar la entrega de los cheques a sus compañeros y protagonizaron un día de acciones violentas y radicales al tratar de impedir el paso del tren en la ciudad, provocando un enfrentamiento con la fuerza pública.

Silvano en tres tiempos



De la entrevista que ofreció al diario El Universal, el gobernador Silvano Aureoles Conejo ofrece tres momentos clave para poder dilucidar, desde su punto de vista, por supuesto, qué está pasando al interior del PRD:

1- Reconocer que el obtenido en los comicios del 5 de junio pasado no fue un buen resultado para los proyectos futuros del sol azteca, por lo que se hace imperiosa la renuncia del novel dirigente nacional, Agustín Basave, que es uno de los principales promotores de las alianzas con el PAN, partido que “usó” a los perredistas, de acuerdo con el propio mandatario.

2- Enfatiza que el PRD no puede atentar contra su propia historia e ideología, pues los acuerdos electorales con la derecha lo desdibujan aún más, mientras que un eventual pacto con la izquierda radical de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también sería nociva para el sol azteca, pues –con la soberbia que lo caracteriza– el tabasqueño siente que con la mano en la cintura puede poner de rodillas a los perredistas. Es por eso que aventura una apuesta a la sobrevivencia con un candidato propio en las presidenciales de 2018.

3- Referente al aspirante más visible que tiene el PRD rumbo a la elección presidencial, es decir, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el gobernador michoacano punzó: “Si quiere ser candidato de partido, primero que se afilie; que se defina y asuma los compromisos y responsabilidades que implican la militancia partidista, y ya luego hablamos”.

Con estas declaraciones, Silvano Aureoles se mete de lleno al proceso de definición de las candidaturas presidenciales, si bien fue prudente y no levantó la mano, atrajo los reflectores, y dejó en claro que él allí está.

SUEUM, última puerta



Tras haber sido literalmente rechazado por el Ejecutivo del estado cuyos representantes optaron por ya ni siquiera recibirlo, el sempiterno dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), Eduardo Tena Flores, pretende que en el Legislativo le abran la última puerta para buscar una salida lo más digna posible, para él.

Empero, hasta el pasado fin de semana no había la certeza de que los diputados locales quisieran recibir al líder sindical a sabiendas del tema que quiere tratar: lo relacionado con la cláusula 52 del Contrato Colectivo de Trabajo que regula al Sindicato de Empleados y por el que afanosamente lucha para se le siga dando el poder para manejar a su conveniencia el otorgamiento de plazas.

Los legisladores tienen muy clara la película del SUEUM, y aunque Eduardo Tena pretenda situar las cosas a su modo, no podrá modificar la idea que se tiene de él por el negocio que se hizo con las plazas y que forma parte del problema económico en el que se encuentra la Universidad Michoacana.

Por lo pronto el dirigente se encuentra en la encrucijada de qué argumentar a sus seguidores para levantar la huelga y de paso recurre a la estrategia de amenazar y amagar con la expulsión a los sindicalizados para tratar de evitar el regreso masivo de trabajadores a sus labores, ante la inconformidad de una huelga que únicamente reporta beneficios para quienes ocupan las carteras en la dirigencia, empezando, claro, por el líder.

Molino de vientos



Y bueno, ya lo dijo el Concejo Mayor de Cherán: se irá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si los legisladores locales no consultan a las comunidades del municipio indígena purépecha en la elaboración de la Ley Orgánica Municipal. Por cierto, disperso el último foro del tema apuntado, dado que por protagonismo político se efectuó en el patio de la principal sede del Congreso del Estado y no en un sitio más apropiado.

Sancho



En Michoacán ya no son sólo focos rojos el conflicto magisterial ni el tema de los femicidios, sino por igual el resurgimiento de la violencia del crimen organizado…

Rocinante



NSJP, no es la panacea.



De las intervenciones que tuvieron lugar durante el evento de la noche del 17 de junio pasado con motivo de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el territorio nacional, incluyendo la del presiente Enrique Peña Nieto, es de destacarse la del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Luis María Aguilar Morales no sólo fue elocuente y con un lenguaje jurídicamente propio, sino que acertó a decir las cosas exactas con motivo de este nuevo modelo de enjuiciamiento penal. De entrada, señaló que el nuevo sistema no es la solución absoluta, pero sí detiene el deterioro y desconfianza que el anterior sistema provocó a la sociedad.

Dijo también que el poder transformador de la Constitución da una nueva esperanza a la idea de justicia. Mencionó algo que siendo cierto no necesariamente se aprecia así, al destacar que el pueblo de México, a través del poder constituyente, modificó en la Carta Magna, lo que ya no era útil para dar paso a lo que considera es el modelo a seguir.

Por su parte, el presidente de México hizo mención de que no sólo se ha invertido recurso económico en esta implementación, más de 21 mil millones de pesos a la fecha, sino que además se firmó un acuerdo entre los tres poderes para dar seguimiento y evaluación del sistema que ha entrado en operación para fortalecerlo.

Con lo anterior se dio paso, frente a gobernadores y presidentes de tribunales de todo el país, al anuncio federal de la permanencia del Consejo Coordinador para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) para que conduzca los trabajos en los próximos años y coordine con las entidades federativas esta segunda etapa.

Por su parte, los representantes de las cámaras del Congreso de la Unión rememoraron el trabajo que significó pasar del viejo al nuevo sistema de justicia penal, coincidiendo que es la de mayor calado y trascendencia que se haya dispuesto, en lo que coincidió el ministro presidente de la Corte al destacar que esta era una auténtica reforma de Estado.

Al evento asistieron más de mil 500 invitados, entre los que estuvieron representantes de organizaciones no gubernamentales, y podría decirse que el arranque nacional de ese nuevo sistema estuvo bien arropado y la apuesta es muy elevada.

Sin embargo, nadie pasó desapercibido que debe haber un compromiso total de las autoridades para que se haga realidad no en pocos años, pero sí de manera que se perciba paulatinamente.

Y en ese sentido, Jesús Zambrano fue más allá y dijo que ya había voces que ponían en tela de juicio la efectividad de la reforma, pero acotó diciendo que los cambios no se deben esperar de un día para otro.

Lo cierto es que están dadas las condiciones para que los jueces actúen con imparcialidad y legalidad y decidan lo que corresponda con independencia de la circunstancia y posición mediática que tenga cada acusado.

Eso es un claro mensaje a la sociedad, porque se establece que el Poder Judicial no se prestará a los juicios mediáticos y que para ello se ha de ir desarrollando la interpretación jurisprudencia del nuevo modelo, porque al fin son los jueces los que tienen la última palabra en cada asunto.

PRI, la venganza



Al votar en contra de la Ley 3 de 3, los senadores del PRI exhibieron no sólo pobreza moral y ética, sino un mal cálculo político, y de paso cobraron venganza en contra de aquellos sectores ciudadanos que evidenciaron los casos de corrupción de eminentes figuras del PRI, algunos de ellos michoacanos.

Es la venganza por el tema de la Casa Blanca, las casas de Malinalco, las propiedades, los ranchos, los carros, los escándalos y un largo etcétera.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción aprobada en el Senado, y que desecha la Ley 3 de 3, no permite un combate frontal a la corrupción y elimina la propuesta ciudadana de la obligatoriedad de la publicación de las declaraciones de intereses, fiscal y patrimonial.

Entonces, sin la el 3 de 3 obligatorio y público como plantearon los ciudadanos, el Sistema Nacional Anticorrupción puede convertirse en una enorme simulación.

No se sabe si el PRI ya aquilató que se trata de un grave error político y de interpretación jurídica dejar al libre albedrío del funcionario público o autoridad la decisión de hacer públicos sus documentos y montos patrimoniales.

Cuando se trata de servidores públicos ninguna información puede resultar privada, pues la primera obligación de la ética política es precisamente hacer lo más transparentes, legales y honestos posibles todos los actos de los políticos.

Ahora bien, tal vez el cálculo del PRI es que se van a subir en su orgullo, van a resistir lo que más puedan de aquí a 2018 y tratar de ganar una nueva Presidencia con las uñas, ya sin importar los compromisos ciudadanos o la voluntad para que México salga de la crisis.

El PRI apuesta a la sobrevivencia del PRI, no así del resto del país.

Pero los problemas y la crisis seguirán ahí y el problema de la corrupción en México es tan grave que no permite avances graduales, sino que tiene que haber una medida radical que cambie por completo los incentivos de los funcionarios públicos para que dejen cometer actos de corrupción.

La iniciativa de Ley 3 de 3 viene de una propuesta ciudadana y es una exigencia de la sociedad civil organizada; además es una victoria que necesita la sociedad civil para generar inercias de opinión y participación política para lograr erradicar este mal.

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