Columba Arias Solís
Oaxaca, a diez años
Viernes 24 de Junio de 2016
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La violencia desatada en Oaxaca el pasado domingo en la población de Nochixtlán, donde los enfrentamientos entre integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Policía Federal dieran como resultado ocho muertos y un centenar de heridos, ha sonado los botones de alarma en los diversos sectores de la sociedad, especialmente entre los oaxaqueños, que no han olvidado los siete meses de conflicto violento ocurrido en su estado hace ya diez años, que paralizó todas las actividades sociales y económicas y cuyo desenlace violento dejó también cuatro muertos, entre ellos el periodista estadounidense Bradley Roland Will y el profesor Emilio Alonso Fabián.

Sin que se tenga la certeza todavía de los responsables del enfrentamiento del pasado domingo, a partir de que la Policía Federal comenzara a desalojar el bloqueo que los integrantes magisteriales mantenían en la Mixteca, hay coincidencia en las versiones de que un grupo de encapuchados empezaron el fuego en contra tanto de civiles como maestros y policías. Así lo ha señalado, entre otras personas, la directora del periódico El Sur, manifestando que los encapuchados intimidaron a los periodistas que cubrían el enfrentamiento y que terminaron disparándole al reportero Elidio Ramos Zárate.

El conflicto desencadenado en violencia ha puesto otra vez la mirada internacional sobre nuestro país, ya la Organización de Naciones Unidas, a través de su Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ha llamado al gobierno mexicano a realizar una investigación independiente, exhaustiva e imparcial de la violencia durante la manifestación de los docentes, señalando en su comunicado que el uso de la fuerza como último recurso debe “sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física”.

El conflicto desencadenado en violencia ha puesto otra vez la mirada internacional sobre nuestro país.
El conflicto desencadenado en violencia ha puesto otra vez la mirada internacional sobre nuestro país.
(Foto: TAVO)

Igualmente, el Alto Comisionado de la ONU señaló en su declaración que dará puntual seguimiento a lo ocurrido en Oaxaca y sostendrá reuniones con autoridades federales y estatales, familiares de las víctimas y otros actores relevantes, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Los bloqueos a las carreteras oaxaqueñas realizados por los integrantes del magisterio afiliado a la CNTE se produjeron en el contexto del rechazo a la Reforma Educativa implementada por el gobierno federal, especialmente en el tema de la evaluación a los docentes y en la designación de las plazas de maestros que serán asignadas por el gobierno, así como en protesta por la detención de sus principales líderes, pero también expresa la inconformidad ante las reformas que la Legislatura estatal de Oaxaca realizara el pasado año y que dieron como resultado la afectación a la Sección XXII del magisterio de aquella entidad, en virtud de modificarse el decreto de creación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que restringió las facultades del sindicato para la designación de autoridades en dicho instituto y el manejo de partidas presupuestales.

La violencia suscitada en Oaxaca ha sido condenada por los diversos sectores sociales, especialmente los de aquel estado, quienes recuerdan con temor las circunstancias vividas en 2006, cuando la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el mes de mayo, entregara al gobernador del estado un pliego petitorio con demandas de índole económica, social y política que no pudieron ser resueltas por el gobierno de aquella entidad.

Ante la falta de respuesta gubernamental al pliego petitorio en aquel año, la reacción del magisterio y de la APPO en Oaxaca fue de tal magnitud que colapsó las actividades públicas y privadas del estado; la gobernabilidad se le escapó de las manos al entonces gobernador Ulises Ruiz y se empoderó la recién creada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), integrada por distintas organizaciones sociales y quien a la rezonificación salarial para los maestros, primero de los puntos del pliego petitorio añadieran como parte toral la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, culminando las protestas con el enfrentamiento que dejó cuatro muertos y múltiples heridos.

A diez años de distancia, las circunstancias por desgracia parecen repetirse ante la ausencia de diálogo y la incapacidad gubernamental. No se quiere entender que ninguna diferencia o reclamo vale por las pérdidas de una o más vidas, que la violencia no debe ser una herramienta de negociación y que las acciones de represión resultan ser más fuego al incendio del conflicto social.
Las condenas a los actos de violencia surgen desde diversas partes, así como los llamados a retomar las vías pacíficas para resolver diferencias. Como lo ha señalado el rector de la UNAM, la violencia es fruto de la radicalización, de la sinrazón, la intolerancia, así como de la incapacidad para dialogar y lograr los acuerdos necesarios para transitar en las diferencias hacia la armonía que requiere la nación.

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