Sábado 25 de Junio de 2016
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Las razones de los profesores en movimiento se fueron imponiendo en el ánimo y la conciencia de amplios sectores de la sociedad civil.
Las razones de los profesores en movimiento se fueron imponiendo en el ánimo y la conciencia de amplios sectores de la sociedad civil.
(Foto: TAVO)

Si el gobierno federal hubiera logrado su propósito de aislar socialmente a los maestros que se declararon en resistencia contra la aplicación de la Reforma Educativa, las puertas del Palacio de Cobián jamás se hubieran abierto. La campaña de linchamiento público que se desató para desprestigiar y descalificar al movimiento tenía también este propósito, pero sucedió a la inversa. Poco a poco numerosos y diversos sectores de la sociedad se dieron cuenta de la razón que asiste a los mentores y empezaron a condenar abiertamente los excesos del gobierno en el uso indiscriminado de la fuerza. Lo que ocurrió en Nochixtlán el 19 de junio pasado es el signo más ominoso de esta intención palaciega. Había que empezar a golpear directamente a las organizaciones y comunidades que han mostrado su disposición de apoyar activamente a los mentores. Pero la acción represiva se les salió de control y los resultados trágicos han generado un efecto de condena generalizada en contrario. El diálogo, que desde las esferas oficiales se veía como una condición de sometimiento y desarticulación de la lucha magisterial, de pronto ha recuperado su sentido original y se plantea como el medio civilizado que debe ser para darle al conflicto una salida de consenso.

Las razones de los profesores en movimiento se fueron imponiendo en el ánimo y la conciencia de amplios sectores de la sociedad civil. Vamos a ver: no hubo un proceso amplio de consulta entre los maestros del país para incluir en la reforma su experiencia en el aula, en la escuela, su experiencia en los procesos de construcción del conocimiento y de formación integral de los alumnos, y en algunos casos, los estudios que se han hecho sobre la necesaria teorización pedagógica de la experiencia docente. No hay que olvidar que la reforma llamada educativa quedó integrada en el Pacto por México como un acuerdo de las cúpulas de los partidos que lo firmaron y la élite del gobierno federal. Fue un acuerdo que incluso dejó a un lado al Congreso de la Unión. Tampoco en la elaboración de las leyes secundarias las propuestas de los docentes se tomaron en cuenta. Una vez convertida en ley, la reforma mostró que no se trata de una nueva propuesta de transformación educativa.

Hasta los críticos más acérrimos del movimiento magisterial aceptan ahora que se trata en realidad de una reforma administrativa, de acentuado carácter laboral, cuyo único propósito es eliminar los derechos históricos de los mentores y pasarlos a un nuevo régimen de contratación individual. En este nuevo esquema de relaciones laborales con el patrón, que en este caso es el Estado, la plaza base y la contratación colectiva quedan eliminadas, así como la participación del sindicato en los procesos de ingreso y promoción de los docentes.

Casi nadie les creía a los maestros cuando argumentaban que su movimiento es también por la defensa de la educación pública. La reforma, como se sabe ahora con mayor amplitud, incluye una figura a través de la cual la escuela se abre a la participación de agentes externos. Es la llamada “autonomía de gestión”. No se trata de la necesaria relación que la escuela debe tener con su comunidad, una relación de desarrollo y enriquecimiento permanente de la cultura local, de vinculación interactiva en el ámbito del conocimiento científico y su práctica social inmediata. Es el control oficial de la escuela a través del Consejo de Participación Social y el Consejo Técnico Escolar, que son figuras de una estructura vertical cuya función primordial será la de hacerse cargo del sostenimiento de la escuela. El Estado termina por desentenderse de su responsabilidad para con la escuela pública y la deja a su suerte, de acuerdo con la gestión que en cada centro se haga para conseguir recursos. Y descarga sobre los padres de familia los gastos de funcionamiento que cada plantel tiene. Es verdad que algo así se venía dando en la práctica. Hace tiempo que el Estado simplemente no se hace cargo ya de cubrir todos los gastos que las comunidades escolares tienen. Pero ahora esta descarga sobre la sociedad se hace ley. Digamos que es una forma fina y disimulada de privatización de un espacio importante del funcionamiento de la escuela. Pero hay algo más grave: la escuela se abre, asimismo, a la intervención directa de las empresas privadas. La escuela es vista como un mercado donde los maestros, los alumnos y los padres de familia serán los consumidores idóneos. De manera que los maestros salieron a la calle a defender también el carácter público y gratuito de la educación.

El gobierno federal se negó rotundamente a reabrir la puerta del diálogo. Fue un rechazo que se acompañó de una actitud de soberbia y de arrogancia aristocrática inconcebibles por parte del secretario de Educación, y de acciones propias de un régimen autoritario. Miles de policías federales y estatales fueron desplegados en las entidades cada vez que la dependencia pretendía aplicar el examen de permanencia. Hay que decir que, como se ha advertido y aceptado también, incluso por especialista e investigadores en la materia, se trata de un examen estandarizado que no se fundamenta en una visión pedagógica auténtica. Los maestros en resistencia no fueron tratados como el presidente Peña Nieto ha tratado ahora a los empresarios que se quejaron de la Ley 3 de 3. No sólo los recibió personalmente para escuchar sus demandas, sino que acató sus reclamos para modificar la iniciativa que ya había presentado ante el Congreso. Con los maestros ha sido totalmente diferente: bloqueos y cercos policiacos, confrontaciones violentas, miles de maestros cesados, dirigentes y ex dirigentes encarcelados, un número no determinado de órdenes de aprehensión, y la tragedia colectiva de Nochixtlán. ¿Cómo condenar que los maestros hayan radicalizado sus medidas de presión cuando el Estado se ha negado a escucharlos y, en cambio, los trata como a criminales? No era necesario que se abriera una ruta como ésta y que quedara cubierta de sangre y sufrimiento. Nochixtlán, por ello mismo, se convierte en un punto de quiebre. A partir de este negro acontecimiento la resistencia y la movilización pasa a otro nivel: es ya la etapa donde se abre una coyuntura de articulación del descontento nacional. Es lo que ha obligado al gobierno a abrir por fin las puertas de Bucareli en la Ciudad de México.

El diálogo ha sido la demanda central de los maestros. Ellos han reivindicado en todo momento el carácter pacífico de su movimiento. La violencia ha estallado cuando aparece la Policía y entra en confrontación con los manifestantes, o cuando agentes provocadores la desatan para justificar la represión. Pero el diálogo no puede ser considerado por el gobierno como un fin en sí mismo, es el medio que se requiere para llegar a acuerdos que permitan darle al conflicto una salida negociada.

Desde luego que tampoco se puede ignorar la demanda que ha sido la columna vertebral del movimiento: la abrogación de la reforma llamada educativa. Habría que revisar los componentes de la reforma que resultan nocivos para los derechos de los maestros y para la educación pública. Y habría que abrir la perspectiva para la construcción de un nuevo modelo educativo, que contemple, por supuesto, un sistema nacional de evaluación, pero diferente al que se cuestiona. Sabemos que algo así tendría que pasar por el Congreso. Pero es hora que los legisladores federales abandonen su actitud de inexplicable indiferencia y asuman un compromiso a favor de los acuerdos que resulten del diálogo.

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