Ignacio Hurtado Gómez
Aula Nobilis
Democracia, transparencia y reelección
Jueves 30 de Junio de 2016
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Con el paso de los acontecimientos que nos cobijan en el día a día, cada vez me convenzo más de que buena parte de la salud de nuestro actual sistema democrático pasa por el tema de la transparencia y rendición de cuentas.

Si bien en los años 60 el motor que nos impulsó fue la búsqueda de la inclusión, en los 80 la equidad en las campañas, y en los 90 la alternancia en el ejercicio del poder político, todo indica que en estas primeras décadas de siglo son la transparencia y la rendición de cuentas las que en buena medida comienzan a mover a todo el régimen político –tal vez junto con los derechos humanos– en la búsqueda de su realización plena.

Y cuando me refiero a la transparencia, rendición de cuentas e incluso al acceso a la información pública, es en el sentido más amplio y noble de los propios conceptos.

En ese sentido, no cabe duda que temas como el Sistema Nacional Anticorrupción con la polémica Ley 3 de 3 incluida, la reflexión que se viene dando sobre los llamados gobiernos abiertos, los resultados de las últimas elecciones con llamadas de atención muy claras a ciertos actores y al manejo de los recursos públicos, los niveles de endeudamiento de estados y municipios, el tema magisterial y su vertiente administrativa y financiera que en Michoacán se ha tornado algo más que compleja y complicada, el tema fiscal con sus exenciones discrecionales y ocultas, procesos de licitación y asignación de obras y servicios casi siempre cuestionados, son de los grandes temas en los que la transparencia y la rendición de cuentas se encuentran subyacentes.

Incluso si se me permite, el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal también pasa por el tema de la transparencia en el sentido de que ahora se busca que todo sea más claro y de frente a la sociedad, por supuesto, incluida la decisión final como lo es una sentencia en audiencia pública donde el juez debe exponer abiertamente las razones jurídicas que lo llevan a condenar o a absolver a una persona.

Y todo lo anterior, obviamente sin considerar casos específicos de todos conocidos, y donde la lista de nombres y apellidos sería algo más que generosa.

En fin, creo, y esta es la tesis central, que a partir de varios síntomas y casos concretos, hoy en el centro de nuestra reflexión democrática está, sin duda, expresa y subterráneamente, el tema del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

Sólo recordemos que este camino de la transparencia lo comenzamos a caminar de manera más decidida apenas a partir de la ley federal en 2002, por lo que lo andado no precisamente ha sido mucho, aunque el último empujoncito ha sido más intenso a partir de la reforma constitucional de 2014, y la Ley General de 2015, donde destacan el fortalecimiento del IFAI, la conformación de un sistema nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos, y nuevos sujetos obligados, entre otros aspectos.

Ahora, lo relevante del tema en el campo político –y así lo vienen diciendo los propios tribunales– tiene que ver con el hecho de que, primeramente, también se le reconoce la calidad de derecho humano, y que por tanto, garantizan un espacio público de deliberación política, por lo que ante ello, con su realización plena habrá mejores condiciones de ejercicio de los derechos políticos indispensables para el funcionamiento de la democracia representativa.

Así pues, nos encontramos en un momento donde lo que se busca –y pareciera que esa es la dirección– es contar con una sociedad donde el acceso a la información realmente se asuma como un derecho fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía democrática, así como para una mayor participación, pero más aún, para un efectivo y permanente control ciudadano.

Y este es el contexto en el que aparece la reelección de legisladores y ayuntamientos con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, y concebido como instrumento de ese control ciudadano, pero que, es evidente, requiere de la transparencia efectiva como precondición de viabilidad.

Con independencia de todas las implicaciones que en muchos temas traerá el nuevo modelo reelectivo en nuestro país, es un hecho que en el centro de su esencia está el hecho de buscar ciertas ventajas –en términos de su exposición de motivos– como generar un vínculo más estrecho con los electores quienes ratificaran mediante el voto a los servidores públicos en su encargo, así como abonar de manera importante a la rendición de cuentas y con ello fomentar la confianza entre representantes y representados.

Incluso esta quintaesencia de la reelección ya viene siendo procesada por los tribunales cuando afirman que dicha figura “genera un incentivo en el legislador que lo llevaría a ser más receptivo a la responsabilidad pública, a la rendición de cuentas, a volver a su Distrito a explicar su conducta y, finalmente, a capitalizar políticamente su acción legislativa y, en su caso, a ser reelecto”.

Con independencia de los puntos en favor o en contra de la reelección y de la viabilidad de la misma a partir del diseño con que fue construida, lo que no podemos perder de vista tiene que ver con el hecho de que estamos frente a un instrumento de control ciudadano a través del cual se podrá premiar o castigar a los servidores públicos de elección popular.

Y en este punto la cultura democrática tendrá un papel fundamental; esto es, cultura para someterse –el servidor público– al escrutinio ciudadano, a mayor transparencia, rendición de cuentas y a gobiernos abiertos, y cultura por parte del ciudadano para escrutar, revisar y dar seguimiento a la gestión del gobierno en turno para poder tomar decisiones llegado el momento, por lo que sin duda, en este punto, no se podrá concebir un verdadero sistema reelectivo que no se encuentre soportado de manera fundamental en la transparencia y rendición de cuentas. No hacerlo así, será al final del día, más de lo mismo. Al tiempo.

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