Columba Arias Solís
Blindaje a la corrupción
Viernes 15 de Julio de 2016
A- A A+

La corrupción en México es un fenómeno tan nocivo que además del costo económico al país en términos de un porcentaje del Producto Interno Bruto, merma la credibilidad de las instituciones y de quienes se dedican al ejercicio público en los diferentes niveles de gobierno, propiciando que la ciudadanía evalúe su desempeño con las calificaciones más bajas de la credibilidad.

El ciudadano común desconfía cada vez más de aquellos que son encargados constitucionales de la construcción de nuestro andamiaje legal, lo mismo que de quienes aplican la norma y ni se diga de los obligados a proveer la seguridad.

Durante años, los gobernantes han hecho uso indiscriminado de los poderes públicos, de las complicidades con diferentes sectores para acrecentar escandalosamente sus patrimonios personales y como lo declarara cínicamente un junior de un alto burócrata estatal hace unos cuantos años: “De asegurar el porvenir de varias de sus generaciones”.

De tiempo en tiempo el escándalo de la corrupción parece cimbrar las instituciones, ya sea porque un miembro de la élite burocrática, ministro, legislador, policía o ejecutivo rompe los mínimos paradigmas del decoro en el quehacer público y salen a la luz los tejes y manejes que casi siempre tienen que ver con el inescrupuloso manejo de los recursos públicos que desembocan en los enriquecimientos inexplicables.

Desde el inicio de este milenio, no obstante las complicidades en los diferentes niveles de gobierno, han trascendido los malos manejos de los gobernantes locales a causa de investigaciones y en algunos casos hasta de procesos judiciales a que han sido sometidos al término de sus encargos. Son ejemplo de ello el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, el primero de los ex gobernantes detenido y encarcelado acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y asociación delictuosa, extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de tráfico de drogas y fue sentenciado en aquel país; el ex gobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso, detenido en 2014 por el delito de peculado por más de 26 millones de pesos, liberado luego de pagar una fianza de 30 millones de pesos, vuelto a aprehender por defraudación fiscal en 2015, sentenciado por el peculado e inhabilitado por un año para desempeñar cargos públicos; el ex gobernador de Tabasco Andrés Garnier, acusado del desvío de recursos por un monto de 919 millones de pesos, lavado de dinero y defraudación fiscal, ingresó a la cárcel en mayo de 2013; Guillermo Padrés ex gobernador de Sonora es el más reciente ex titular del Ejecutivo local acusado de presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y quien se encuentra bajo investigación de la Procuraduría General de la República.

Javier Duarte Ochoa, gobernador de Veracruz, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación de causar un daño patrimonial al erario de aquella entidad.
Javier Duarte Ochoa, gobernador de Veracruz, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación de causar un daño patrimonial al erario de aquella entidad.
(Foto: Cuartoscuro)

En los últimos meses del año que corre han trascendido los malos manejos de gobernadores próximos a dejar sus cargos, entre ellos Javier Duarte Ochoa, de Veracruz, señalado por la Auditoría Superior de la Federación de causar un daño patrimonial al erario de aquella entidad de más de quince mil millones de pesos; Roberto Borge, de Quintana Roo, y César Duarte, de Chihuahua, de quienes se presumen manejos inescrupulosos de los recursos que incidirían en afectaciones enormes a la Hacienda estatal, con altos niveles de endeudamiento público que implicarían dejar los estados en bancarrota, maniatando a las nuevas autoridades para la operatividad de las tareas de gobierno.

Sin embargo, una vez que los resultados electorales se tradujeron en la alternancia política, los gobernadores próximos a entregar su encargo se han dedicado a la tarea de construir el blindaje que los proteja de futuras investigaciones, en complicidad con los congresos de sus entidades federativas donde tienen mayoría de diputados, asegurando la permanencia de gente de su entorno familiar y de amistad en las áreas encargadas del combate a la corrupción y la administración de justicia.

En el caso de Quintana Roo se ha creado la Fiscalía General, órgano que sustituye a la Procuraduría del Estado y se designa como fiscal anticorrupción a Carlos Álvarez, ex procurador del todavía gobernador; se designa titular de la Auditoría Superior del Estado a Javier Félix Zetina, cercano familiar del mentor político de Borge; se designa a tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa quienes fueron funcionarios del gobernador, también tres magistrados para el Tribunal Superior de Justicia ex funcionarios del gobierno, y como la cereza del pastel, se reforma la Ley de Seguridad Pública para que el gobernador y su familia conserven escoltas por los próximos 15 años.

En Veracruz se promulgó la ley por la que se crea la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular durará cinco años en el cargo y será designado por el gobernador saliente, previéndose además ratificar al actual contralor, cercano desde luego al gobernador actual. En Chihuahua es la misma historia, se acaba de crear la Fiscalía Especial Anticorrupción, cuyo titular pretende nombrar el gobernante en turno, quien así asegura al igual que el de Veracruz y Quintana Roo el blindaje protector para todas sus malas acciones de gobierno.

Es tan escandaloso el tema del blindaje de la corrupción de los personajes anteriores que la Procuraduría General de la República se ha visto obligada a interponer una acción de inconstitucionalidad. No son los mencionados los únicos gobernantes señalados por malos manejos de las finanzas públicas en su muy personal provecho, la cuestión es –como en el caso de Michoacán– que las denuncias no han pasado de ser mediáticas, así como lo cantó Serrat: “Todo pasa y nada queda”.

Sobre el autor
PENDIENTE
Comentarios
Columnas recientes

La otra migración

Incertidumbre

Los que no quisieron la paz

La corrupción, ¿somos todos?

El debate de los vecinos

Constituyente para la Ciudad de México

El testamento

La invitación a Trump, ¿para qué?

Plagio y evaluación académica

Malos resultados

La campaña del odio en Estados Unidos

Disculpas tardías

Blindaje a la corrupción

Encuentro con un populista

Infancia sin futuro

Oaxaca, a diez años

Terrorismo y crimen de odio

Elecciones

¿Y las leyes anticorrupción?

Las desapariciones forzadas

Impunidad

Transparencia pública

El informe del GIEI y la verdad oficial

Las fotomultas

Control y vigilancia de los recursos públicos

La Cuenta Pública

Sin razones

La fuerza de las mujeres

El papel de las contralorías

Estados, en la opacidad y la impunidad

Las palabras de Francisco

Corrupción, gobierno y sociedad, segunda parte

Corrupción, gobierno y sociedad Primera parte

El estado 32

Preocupaciones

Subir la cuesta

Nuestros derechos

El derecho de réplica

Diez años del Coneval

Una reforma importante

En la barbarie

Linchamientos

Nombramientos en la Suprema Corte

¿Una rectora para la UNAM?

Las mujeres y el voto

Insatisfacción social

Populismo

Reforma frustrada

De las cualidades para gobernar

Demostración de fuerza

Acoger a migrantes

Informes

Los resultados de la izquierda

Integrando gabinete de gobierno

El monopolio de la riqueza, última parte

El monopolio de la riqueza, primera parte

Oaxaca, la corresponsabilidad

Reforma a la Ley del Notariado

Michoacán, gobernabilidad, autodefensas

La administración que viene

Luego de las elecciones

Los efectos del voto nulo

Las encuestas electorales

Campañas negras

Acceder a la información

Promesas y recursos públicos

Contra la tortura

La ideología del pragmatismo

Las mujeres en política

Las mujeres en política

Desconfianza en las instituciones

Irregularidades

Nombramiento cuestionado

Decepción ciudadana

¿Para qué el gobierno?

Candidaturas imposibles

Los derechos humanos

Los derechos humanos

Inseguridad sin fronteras

Inseguridad sin fronteras Primera parte

La extensión del mal

En llamas

Guerrero ¿Un Estado fallido?

Iguala, desde la barbarie

Bajo fuego

Responsabilidades

¿Consejeros independientes?

De futbol

Informe del futuro

Memorias y desmemorias

Una tragedia humanitaria

Ahora el ébola

¿Qué sucedió con Oceanografía?

México y la migración centroamericana

La tragedia de la migración infantil

El tercer gobernador

Contra el acoso escolar

El caso Oceanografía

La violencia infantil

Los bonos del escándalo

Acto de barbarie

El derecho a opinar, preguntar y cuestionar a los gobernantes

Malas noticias

Partidos en conflicto

Partidos en conflicto (primera parte)

¿Un comisionado para el Estado de México?

La ruta del Instituto Nacional Electoral

Pensión Universal y Seguro de Desempleo

Complicidades

Corrupción y fraude en las alturas

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

Corresponsabilidad

De los cuerpos de defensas rurales a las autodefensas

Estrategia nacional antisecuestro

Una reforma notarial

Otro acuerdo

Los veinte años del EZLN

Una mujer para Chile

Mala educación, pobreza y corrupción

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Los medios de comunicación ayer y hoy

Faltas al debido proceso

¿Cómo quedó la Reforma Fiscal?

¿El INE en lugar del IFE?

Sesenta años

Diferendo político

Las reformas estructurales

Cambios en la propuesta fiscal

Los recursos del Fonden

La ley sobre el derecho de réplica

Reforma insatisfactoria

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

Actividades vulnerables

El fallo liberador

El caso Salinas

Nueva licencia

Sin cultura democrática

Pemex, el objeto del deseo (última parte)

Pemex, el objeto del deseo

La oposición política

La oposición política

La oposición política (primera parte)

Pobres pero ¿felices?

Desaparición de poderes

Desde la ciudadanía

Obama en México

Desconfianza en la Cruzada