Jornadas de Peritaje Antropológico

Alma Gloria Chávez

Teniendo como sede el imponente edificio colonial que albergó al Palacio Federal en la ciudad capital del estado, los días 6, 7 y 8 de julio se realizaron las Jornadas de Peritaje Antropológico denominadas “Los usos sociales del patrimonio cultural: competencias institucionales y responsabilidades sociales”, convocadas por el Centro INAH Michoacán a través de la Coordinación Nacional de Antropología y en colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Centro de Estudios de la Cultura Purépecha de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Partiendo del supuesto de que en lo referente al patrimonio cultural se encuentran comprometidas competencias de diversas instituciones de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como “un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil, y particularmente de sistemas y prácticas jurídicas de pueblos indígenas que se inscriben en el extenso marco de los derechos colectivos”, esta convocatoria, en tiempos de una evidente “desinstitucionalización” de estructuras que van de lo familiar a lo social y que necesariamente viene a repercutir en nuestra manera de relacionarnos con el patrimonio cultural en sus múltiples y singulares expresiones, resulta una invitación (o exhortación) a comprometernos en la construcción de una nueva realidad social de participación, tomando en cuenta que el patrimonio cultural que nos identifica no puede ser tratado como mercancía.

“Espacio de encuentro de experiencias diversas en torno al reconocimiento y protección del patrimonio cultural, destacando la importancia que en ello tiene la diversidad cultural”, el programa de los tres días abarcó cinco mesas que en igualdad de importancia nos ilustraron en los temas “El campo de los derechos indígenas y la protección del patrimonio cultural”, “La protección del patrimonio arqueológico: experiencias, condiciones y riesgos”, “El papel de las instituciones públicas y la sociedad en la protección del patrimonio cultural”, “Distinto usos de documentos expedidos por instituciones competentes en materia de patrimonio cultural”, que resultan en detrimento de su protección, y la quinta, titulada “Concurrencia interinstitucional, interdisciplinar y la sociedad en la protección del patrimonio cultural”.

La conferencia magistral, a cargo del doctor Bolfy Cottom (investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia), “La antropología y el derecho en la procuración de justicia”, que dio apertura a las Jornadas, nutrió el ánimo de la concurrencia (aproximadamente 60 personas provenientes de distintas instancias de gobierno, culturales, educativas, de investigación, de servicio y de trabajo comunitario, entre otras), que sin ser todas especialistas en el tema, nos identificamos en la certeza de que la antropología, que estudia el comportamiento del ser humano en sociedad, así como el derecho, forman parte de nuestra existencia y su práctica se traduce en la participación informada que como ciudadanos nos compromete… en el aprecio, disfrute y defensa del patrimonio cultural (material e inmaterial) que deviene herencia identitaria.

El peritaje antropológico, entendimos, es un “medio de prueba” que se aporta dentro del procedimiento que se sigue en un proceso judicial y relacionado con el patrimonio cultural, y desde la década de los años 80 del siglo XX se ha venido tomando en cuenta para evitar o dirimir conflictos entre poblaciones indígenas y rurales (sobre todo) con el Estado tecnócrata que sólo utiliza la categoría “patrimonio cultural” para generar propuestas o proyectos vendibles al mejor postor y en detrimento de sus auténticos custodios.

En cada una de las mesas, antropólogos, arqueólogos, arquitectos, académicos, investigadores, restauradores y conservadores del patrimonio provenientes de instituciones como la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las secretarías de Cultura y de Pueblos Indígenas del gobierno de Michoacán, de la Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, así como del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vertieron una serie de consideraciones, reflexiones, experiencias y propuestas en torno a la problemática que hoy vive el patrimonio cultural, derivada de una relación inequitativa impuesta por un Estado que al más puro estilo colonialista no contribuye al establecimiento de vínculos cooperativos entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad nacional, contraviniendo así el espíritu del Convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo y violentando los derechos de pueblos indígenas.

En cuanto al patrimonio arqueológico y osteológico del país, especialistas en el tema abundaron no sólo en materia de derechos y cultura indígena, sino en el poco interés que existe por parte del Estado para la protección de este patrimonio que en épocas pasadas sufrió el saqueo de importantes piezas y colecciones (sólo controlado hasta la promulgación de la ley federal de 1972) que hoy resulta casi imposible repatriar. También se hizo notar cómo sólo mediante el trabajo educativo y de convencimiento se ha logrado que algunas comunidades poseedoras de patrimonio arqueológico contribuyan en su custodia y protección.

Francisco López Bárcenas, Orlando Aragón, Yuri Escalante, Eugenia Fernández Villanueva, Yessmin Antillón, José Luis Punzo, Alberto Bedolla, Catherine Rose Ettinger, Abelardo Torres Cortés, Celerino Felipe, José Luis Moctezuma, Jesús Olivares, Laura Lelo de Larrea, Blanca Noval, Jennifer Bautista, Dalia Maisner, Luise Enkerlin, Ramiro Aguayo, Roberto González, Claudia Sánchez, Edith Mendoza, Axel Becerra, Antonieta Jiménez, Ana Fabiola Guzmán, Humberto Quiroz Castañón, Eduardo Martínez Loyola, como participantes en las mesas; el doctor Jasinto Robles, como anfitrión del Centro INAH Michoacán; la doctora Isabel Campos Goenaga, coordinadora Nacional de Antropología, y la doctora Aída Castilleja González, propiciaron afortunadas experiencias, reflexiones, certezas e incertidumbres que invitan a unir todos los esfuerzos posibles en la tarea de protección del patrimonio cultural, con el convencimiento de que será el peritaje antropológico el sustento de este derecho y quehacer impostergables.

Y, ¿qué hace el INAH ante estos retos?: “Capacitar, actualizar, difundir, tomando en cuenta la interinstitucionalidad y multidisciplinariedad, impulsando además el ejercicio pericial”.