Columba Arias Solís
Estados, en la opacidad y la impunidad
Viernes 26 de Febrero de 2016
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La Auditoría Superior de la Federación, el órgano que fiscaliza a los poderes de la Unión, a los estados y a los municipios sobre el manejo de recursos federales, fue creada para apoyar a la Cámara de Diputados en la revisión de la Cuenta Púbica federal en el año 2000, y la primera que le correspondió fiscalizar fue la Cuenta de 2001. A partir de entonces, cada año tiene la obligación de dar a conocer los resultados de esos ejercicios de revisión y supervisión. Algunas de las facultades más importantes de la ASF se refieren al fincamiento de responsabilidades, a la imposición de sanciones y el resarcimiento de daños.

De tal forma que, en atención a la norma que la rige, el pasado 17 de febrero, el titular de la ASF presentó el informe de la Cuenta Pública 2014 a la Cámara de Diputados. En dicho informe se destaca que en 2014 hubo 63 mil millones de pesos en subejercicios por parte de las entidades federativas.

También se evidencia haber detectado múltiples irregularidades en la aplicación de programas gubernamentales, obras de infraestructura y ejercicios en los estados, señalando que por esos daños patrimoniales a la nación podrían presentarse más de 100 denuncias contra servidores públicos, además de las 664 que ya se habían presentado en otros años.

En el informe se advierte que catorce entidades de la Federación incurrieron en la simulación de reintegros para evitar que la Auditoría Superior de la Federación les fincara responsabilidades, retirando los recursos una vez que el organismo les daba el visto bueno y luego depositando en diferentes cuentas.

El estado de Veracruz ocupa el primer lugar en cuanto a las irregularidades detectadas, seguido por Michoacán, Jalisco, Estado de México, Guerrero y Chiapas. En el caso del primero –Veracruz–, desde agosto del pasado 2015 –según señaló el titular–, la Auditoría Superior de la Federación interpuso quince denuncias penales por engañar a la autoridad intentando ocultar faltantes de recursos públicos.

En todas las denuncias presentadas se dejó acreditado que los funcionarios del gobierno de Veracruz que desviaron los recursos públicos, realizaron movimientos bancarios, primero, para simular la solventación de las irregularidades detectadas por la auditoría y después para retirar los recursos y depositarlos en cuentas distintas, sin que pudieran acreditar el destino final de esos recursos. Cuatro mil 600 millones de pesos no habían sido reintegrados por el gobierno, “causando daño grave y atentado contra el interés superior de la sociedad”, manifestó el titular de la ASF.

El auditor, en la entrevista realizada a propósito del informe, expresó que “impresiona que en el estado de Veracruz el monto acumulado, con las denuncias de hechos que hemos presentado en los últimos años, su monto pendiente es mayor al pendiente de 16 estados”, también dijo que no obstante las entrevistas con el gobernante de aquella entidad para que solventaran las observaciones y se reintegraran los recursos federales, nunca hubo respuesta satisfactoria puesto que el titular del Ejecutivo veracruzano se concretaba a reiterar que todo el dinero se había gastado en Veracruz, y más bien el gobierno estatal acudió a la simulación de la devolución para evitar se le fincaran responsabilidades.

El informe deja en evidencia el desorden administrativo y financiero de la administración del gobierno estatal de esa entidad, toda vez que constantemente se reporta que el dinero etiquetado para un fin fue destinado a otro rubro, así como el retiro de dinero de las cuentas para fines no transparentados.

El estado de Veracruz tiene la tercera mayor deuda bancaria del país, con 44 mil 470.8 millones de pesos, además de los pasivos que arrastra con proveedores y contratistas, con las cuotas al organismo de Pensiones, con el IMSS y otras instituciones, lo que ha provocado que desde hace meses, desde los sectores privados y públicos se exija al gobierno de Veracruz cumplir con los pagos que lleva adeudándoles por años, entre otros a la Universidad de Veracruz, a empresarios, al órgano electoral y hasta al Poder Judicial, quienes incluso han amagado con interponer denuncias penales contra la Secretaría de Finanzas; por cierto, de esta última, seis de sus ex titulares se encuentran con denuncias pendientes. Salvo lo de las denuncias, es la misma historia de Michoacán, no en balde ocupa el segundo lugar en cuanto a irregularidades en el manejo de los fondos federales.

Por desgracia, la opacidad y la impunidad con la que se han conducido las autoridades encargadas del manejo de los recursos públicos en los diversos estados de la República no resultan extrañas, sino por el contrario, parecen formar parte de lo cotidiano, del día a día en el quehacer administrativo y político. De nada sirve el impacto mediático de los informes de la Auditoría Superior si no se da seguimiento a las denuncias presentadas, si no se incluye el desvío de recursos en el catálogo de los delitos, si no se abate la impunidad. Urge, entonces, la presión social para que se cumpla la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción y se legisle sobre la ley respectiva, así como sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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