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Lunes 8 de Agosto de 2016
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Es inconcebible que el Partido del Trabajo siga defendiendo al presidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez
Es inconcebible que el Partido del Trabajo siga defendiendo al presidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez
(Foto: TAVO)

Morelia Next pretende posicionar a la capital michoacana en el nuevo escenario de ciudades del siglo XXI: Alfonso Martínez Alcázar, alcalde moreliano, durante la presentación de un plan de desarrollo municipal a 25 años, hacia el L Aniversario de la fundación de La Ciudad de las Canteras Rosas.

El ABC de Pichátaro



1- La comunidad de Pichátaro solicitó al Ayuntamiento de Tingambato el recurso correspondiente a dicha comunidad para que se transfiriera a la misma a efecto de que ella lo pueda ejercer, a lo que el Ayuntamiento determinó que no era posible, por lo que la comunidad, a través de sus autoridades, presentó una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

2- El TEPJF resolvió que la comunidad indígena de Pichátaro tiene derecho a ejercer su recurso económico y prestar los servicios públicos que el Ayuntamiento realiza en dicha comunidad, para lo cual se ordena al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) (sin que éste tuviera parte en el conflicto) realizar una consulta a las autoridades tradicionales y representativas para que decidan si la comunidad administra el recurso económico y prestan los servicios públicos.

3- El IEM, en conjunto con la comunidad y en pláticas con el Ayuntamiento, realizó la consulta previa, libre e informada, a las autoridades tradicionales y representativas de Pichátaro, cumpliendo con los criterios y lineamientos internacionales, de lo que se decidió que sí se quiere que la comunidad, por conducto del Consejo Comunal, administre y preste los servicios públicos, por lo que el IEM resolvió la validez del procedimiento.

4- Por ello, y en complimiento a lo señalado en la resolución del TEPJF, que determinó que en el caso de que la comunidad aceptara la administración de los recursos y consecuente prestación de servicios públicos, el IEM y el Ayuntamiento deberán generar las condiciones para la transición de lo decidido por la comunidad.

5- Durante algunas etapas de la consulta se presentaron juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ante el TEPJF, mismos que no se han resuelto a la fecha.

6- Para el total cumplimiento de la sentencia del TEPJF se deberán realizar las acciones necesarias para garantizar que la transición de los recursos económicos y prestación de los servicios públicos en Pichátaro se lleven a cabo a través del Consejo Comunal, y con ello deslindar al Ayuntamiento de sus obligaciones en Pichátaro y generar las obligaciones a la comunidad.

Todo lo anterior se realizó en virtud de que la resolución del TEPJF mandató que se llevara a cabo una diversidad de acciones para su cumplimiento, y por tanto, el IEM, el Ayuntamiento de Tingambato y la comunidad de Pichátaro tenían y tienen que hacer lo necesario para que se cumpla con el resolutivo.

Cuitzeo



Con los lamentables hechos de Cuitzeo, nuevamente se pone sobre la mesa para la reflexión el tema de la eventual injerencia del crimen organizado en el ejercicio del poder público.
Y se habla de eventual porque al final del día son ciertas aquellas voces que pregonan el respeto al principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, más allá de tal derecho, pero sobre todo más allá de nombres y partidos, lo que es un hecho es que no se ha superado esa idea presente de que en su momento servidores electos pudieran formar parte o haber sido apoyados por los delincuentes.

Lo anterior, como se dijo, invita a reflexionar sobre los mecanismos institucionales y partidistas que se implementaron y que se deben pensar para un futuro no muy lejano.
Y es que ahora resulta que desde altas instancias de carácter federal, como el Cisen, había indicios de esa posible relación perversa y nadie dijo nada.

Ciertamente se puede iniciar una espiral de especulaciones sobre quién falló, quién fue omiso, y entonces voltear a ver al partido político postulante o a la autoridad electoral que otorgó el registro, o a las autoridades federales y estatales de seguridad que no dijeron nada, y en una de esas hasta de los ciudadanos que en última instancia votaron en mayoría por esa opción política. Aunque al final de poco serviría todo eso en estos momentos.

En todo caso pareciera que el centro de la reflexión está en el hecho de que nuestro sistema electoral está diseñado para potenciar los derechos político-electorales de los ciudadanos y con ello evitar situaciones y decisiones que restrinjan, obstaculicen o minimicen tales derechos.

Aun así, también es momento de sopesar y ponderar en ciertos casos hasta dónde es más cuestionable y doloroso que en aras de esa maximización algunos se escuden para arribar a puestos públicos.

PT, saltó al vacío



Es inconcebible que el Partido del Trabajo siga defendiendo al presidente municipal de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, y pone en evidencia una cerrazón y una obcecación al querer mantener limpia la imagen de un munícipe acusado de haber ordenado la muerte de diez personas.

Al traspasar la raya de todo lo razonable, ahora el PT acusó al gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, de politizar el caso del presidente municipal de Álvaro Obregón, esto luego de que el propio mandatario señaló que había imputaciones directas en contra del alcalde Juan Carlos Arreygue.

El PT reprochó que Aureoles se haya convertido en Ministerio Público, procurador y juez en este caso; aseguró además que sus declaraciones son una cortina de humo para desviar la atención con respecto a la situación de inseguridad en el estado.

El partido rojo ha tratado de justificar que nombró a Juan Carlos Arreygue como su candidato a alcalde de Álvaro Obregón tras cubrir el requisito de presentar una carta de no antecedentes penales.

Por donde se vea, el partido presidido por Reginaldo Sandoval perdió la brújula en la actualidad política nacional, ya que más allá de sus diferencias con el gobernador michoacano no puede haber lógica en defender a un personaje como Arreygue.

¿Y los demás alcaldes?



Por cierto, para exorcizar cualquier semejanza al caso Iguala, en Guerrero, las voces gubernamentales rechazan que haya indicios de que otro alcalde –aquí en Michoacán– tenga nexos con el crimen organizado, como fue el caso del de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue, actualmente preso por su presunta participación en la detección irregular y asesinato de diez personas; pese a ello, se dijo, se reforzará la coordinación con los ediles a fin de evitar que vuelva a registrarse un caso similar.

Al alcalde de Álvaro Obregón se le relaciona con Enrique El Kike Plancarte, líder abatido de Los Caballeros Templarios; incluso se ha vinculado a una de sus propiedades, al Rancho Santa Fe, como centro de reunión de narcotraficantes.

CNTE, el Waterloo de EPN



Lo que empezó como un problema educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se le salió de las manos al gobierno federal y ahora tiene diversos frentes después de los bloqueos, como la iniciativa privada, empresarios en rebeldía de pago de impuestos y los peores escenarios posibles.

La primera responsabilidad de todo gobierno es garantizar la paz social para que en ese marco se reproduzca la sociedad, la ciudadanía encuentre la realización de su propia vida y pareciera ser que por lo menos en un tramo en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, el Estado no está garantizando esa posibilidad de paz pública para que la actividad de la ciudadanía se desarrolle adecuadamente.

Y en ese sentido, pues sí, el gobierno pareciera ser incapaz de enfrentar el tema de la CNTE, lo dejó correr. Es cierto que es un tema complejo que viene de hace 25, 30 años, que el propio PRI y los gobiernos de estados como Oaxaca o Michoacán fueron alimentando este monstruo;

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