Jorge Álvarez Banderas
El debido proceso legal
Jueves 11 de Agosto de 2016
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Suprema Corte de Justicia de la Nación
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(Foto: Especial)

La garantía del debido proceso legal se inserta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) a partir de la adición del sexto párrafo al artículo 18 el 12 de diciembre de 2005, artículo contemplado entonces dentro del capítulo I del título primero denominado “De las garantías individuales”, hoy “De los derechos humanos y sus garantías”, con un inicio de vigencia a los tres meses siguientes al de su publicación, contando con seis meses los estados de la Federación y el Distrito Federal a partir de la entrada en vigor del decreto para crear leyes, instituciones y órganos que se requieran para su aplicación. Es conveniente precisar que este capítulo en la Constitución de la entonces República Mexicana se denominaban “De los derechos del hombre”.

Sin embargo, es en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución donde se contienen las garantías (hoy derechos humanos) del debido proceso legal, que permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de manera efectiva en condiciones de igualdad procesal.

El debido proceso legal definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la séptima época jurisprudencial lo refiere básicamente en que para que una autoridad pueda afectar a un particular en su persona o en sus derechos, tal acto de afectación en principio debe estar precedido de un procedimiento en el que se oiga previamente al afectado en defensa de sus derechos, dándole a conocer todos los elementos del caso en forma completa, clara y abierta y también una oportunidad razonable, según las circunstancias del caso, para probar y alegar lo que a su derecho convenga; el acto de afectación, en sí mismo, debe constar por escrito y emanar de autoridad legalmente facultada para dictarlo, y en dicho acto o mandamiento deben hacerse constar los preceptos legales que funden materialmente la afectación al individuo, así como los hechos que hagan que el caso actualice las hipótesis normativas y den lugar a la aplicación de los preceptos aplicados; mientras que para la novena época jurisprudencial se señalaba la parte relativa a que los juicios deben llevarse a cabo ante autoridad competente, cumpliendo con "...las formalidades esenciales del procedimiento..." implicando necesariamente que los procedimientos jurisdiccionales seguidos ante las autoridades respectivas, se tramiten conforme a las disposiciones procesales exactamente aplicables al caso concreto, pues de lo contrario se transgrede el derecho positivo y, por ende, se actualiza la infracción a la garantía de que se trata.

Se entiende por debido proceso legal el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados. Para Sergio García Ramírez, el debido proceso constituye un límite a la actividad estatal, se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

El caso del edil del municipio de Álvaro Obregón en Michoacán, seguramente en un futuro no muy lejano, las autoridades actuantes tendrán un revés al no estar cuidando este principio en la causa penal respectiva, siempre será lamentable la privación de la vida de una persona, el nuevo sistema de justicia penal tiene sus reglas y la forma en que hasta ahora están actuando dichas autoridades no ayuda en nada en caso de ser ciertos los hechos que se le imputan.

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
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