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Lunes 15 de Agosto de 2016
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Acatar la ley no es una opción, es una obligación de todos los mexicanos: Miguel Ángel Osorio Chong
Acatar la ley no es una opción, es una obligación de todos los mexicanos: Miguel Ángel Osorio Chong
(Foto: Cuartoscuro)

Acatar la ley no es una opción, es una obligación de todos los mexicanos: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, antes de ceder a las no escasas demandas del magisterio democrático.

IEM, bajo la lupa



Los últimos días se ha vertido una serie de consideraciones en favor y en contra respecto de la administración y uso de los recursos públicos del IEM. La tormenta se ha estacionado ahí, en tanto se ha dicho que será una auditoría, la que actualmente se está realizando por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la que determine si el dinero se usó bien o no. Hay que recordar que la ASM es un órgano dependiente del Congreso del Estado y que por tanto, se presume que fueron los diputados locales los que enviaron hace tres meses el proceso de revisión del recurso económico.

Hay que recordar que a partir de cada proceso electoral local, la Auditoría realiza ese proceso de revisión en razón del aumento en el presupuesto que tiene el órgano electoral local, por lo que habría que saber cómo ha salido históricamente la revisión hacia el órgano electoral.

Sin duda esa auditoría ha generado muchas expectativas y esperemos, por el bien del IEM y de la vida democrática de Michoacán, que salga todo bien y que se compruebe el uso legal del mismo; de lo contrario, los responsables deberán afrontar el mal uso de ello. De forma especial, el presidente y vocal de Administración serán los funcionarios más preocupados y ocupados por esta auditoría en tanto que en ellos recae el funcionamiento financiero del Instituto y del manejo y decisiones sobre su destino y comprobación.

Más allá de cuánto es lo que se debe comprobar, 500 millones o 260, descontando el recurso destinado a los partidos políticos, cuya fiscalización corresponde al INE, lo cierto es que cualquier órgano y servidor público debe usar el dinero de acuerdo con lo que la ley le permite y el IEM no está exento de ello; así sea un peso o más, la responsabilidad sobre su manejo no depende de la cuantía, sino de la aplicación legal del mismo.

La administración de los recursos públicos que ha sido motivo de disenso en medios de comunicación, principalmente entre el presidente, Ramón Hernández, y el consejero Jaime Rivera, se refieren al proceso electoral pasado y en él, por las nuevas reglas producto de la reforma constitucional, hay que ver qué ajustes en gastos se tienen, inclusive saber cuánto de ese recurso se comprueba conforme los lineamientos del INE, o bien conforme a las reglas jurídicas de la Federación. Ello porque el gasto más fuerte recae en varios conceptos: el primero es el relativo al personal, mismo que se incrementa durante el proceso electoral por la instalación de los órganos electorales en cada municipio, así como de los servicios que requieren. De igual forma se encuentra el incremento del personal en oficina central para cumplir con la actividad electoral. Habrá que ver los sueldos que se paguen a ese personal eventual. En ese rubro va también lo relativo a los bonos que el consejero Jaime Rivera señaló como excesos en los medios de comunicación y que, a decir del presidente Ramón Hernández, están apegados a la legalidad y son el complemento por las tareas que se realizan en proceso electoral por las horas extra y por los días inhábiles que por disposición de la ley se deben trabajar, pago que se hizo a todo el personal y compensa esos conceptos.

El segundo se refiere al gasto que se realiza por los CAES, capacitadores y asistentes electorales, que al ser una casilla única, el pago de ellos se realizó, se dijo, en diversas ocasiones durante el proceso electoral, tanto por las autoridades del INE como del IEM, que serían pagados en 50 por ciento a cada parte, teniendo en cuenta que el tabulador es el federal, del INE, y por tanto, se deberá saber si se incrementó el costo de ese personal con el aumento del costo de los CAES por ser el lineamento del INE el que aplica para su contratación.

Como tercer rubro se encuentra el caso de las boletas y actas electorales que se usan, las cuales, por las medidas de seguridad, requieren de empresas especializadas que hagan cumplir con los criterios de seguridad marcados por la norma, por el INE y el IEM.

En cuarto lugar está el caso de la paquetería electoral, mamparas y todo ese tipo de material, que al tener características especializadas para su producción determinadas por el INE podrían incrementar el costo.

Por último, el caso de PREP, para el que en Michoacán se ha usado a la empresa Podernet en los últimos cinco procesos electorales y cuyo costo se entiende será elevado por el hecho de ser servicios especializados, lo que el propio INE regula en cuanto a las características que debe tener el PREP y por tanto, la características de las empresas que prestarán ese servicio. En México no son más de cuatro empresas que prestan ese servicio, inclusive algunas sancionadas por lo acontecido en Chiapas, por ejemplo.

Es así que la licitación o adjudicación de esos servicios por parte del IEM, que por cierto es una comprobación que se aprobó mediante un Comité de Adquisiciones, en el que se encuentra integrado por el área ejecutiva con voz y voto y un consejero con voz exclusivamente.

La Auditoría, por tanto, pondrá a prueba la capacidad administrativa por parte de la vocal de Administración, quien –por cierto– tiene ahí desde 2014 y que ya había participado en un proceso electoral en un puesto menor dentro de dicha vocalía. Pero no sólo a ella, también el contralor interno será objeto de evaluación, en tanto que todas las actividades que se realizan en cualquier órgano público deberán estar previamente supervisadas por la Contraloría interna y de encontrar algún tipo de error, deberá emitir la observación e iniciar los procedimientos de responsabilidad respectivos. Sergio Vázquez, quien ejerce desde tiempos de Llanderal la función de contralor, tendrá también que estar atento a dicho dictamen.

Pero también la dictaminación que realice la Auditoría Superior de Michoacán señalará si el uso de la adjudicación directa que se encuentra regulada como procedimiento legal fue bien usada por la autoridad electoral en la adquisición de esos servicios.

El uso legal de los recursos públicos por parte del IEM está por decidirse y en ello la responsabilidad de quien tiene ese atribución dentro de dicho órgano electoral. Pero también ayudará a saber si las consideraciones vertidas tanto por el consejero electoral sobre el exceso en bonos y otras voces externas fueron grilla en contra del presidente Ramón Hernández o realmente existieron malos manejos del recurso público.

Ahora hay que pedir que la auditoría salga lo antes posible y se pueda resolver el debate público que se generó en estos días y saber si el IEM hace o no, uso legal y debido del mismo.

Normalistas, tambores de guerra



Y las fogatas volvieron a los caminos de Michoacán. Ahora no son ni La Familia Michoacana ni Los Templarios los que cruzan automotores en las carreteras para prenderles fuego. A unas semanas de que los normalistas habían implementado este método de presión en la vieja carretera que lleva de Pátzcuaro a Uruapan, a la altura de San Juan Tumbio, y en Carapan, volvieron a las andadas y el pasado jueves sus acciones de piromanía fueron sobre la vía del tren, en Ajuno, para exigirle al gobierno de Silvano Aureoles “una negociación inmediata por la dignidad del pueblo”, como se leía en una de las mantas que colocaron sobre una pipa que atravesaron sobre la Autopista Siglo XXI. El viernes volvieron a entrar en calor e incineraron una camioneta de la empresa del señor Slim cerca de Purépero.

Por otra parte, cerca de 200 unidades de reparto permanecen retenidas en Turícuaro y Arantepakua, en espera de que el gobierno afloje y este año vuelva a entregar a los normalistas plazas automáticas. Los estudiantes han vuelto a emprender acciones que les dan resultado, el que el gobierno acabe cediendo se ha convertido en un incentivo perverso, los actos de vandalismo se repiten porque al final el gobierno se dobla. Total que como decía un viejo promocional de televisión que pasaba en vísperas del Día del Padre: “Esta historia continuará toda la vida”.

El años pasado, el gobierno de Michoacán, ante la disposición constitucional que ordena la evaluación como vía de acceso al Servicio Profesional Docente, inventó una fórmula para terminar con el acoso y lograr el cese de los actos de vandalismo: no otorgaría plazas, sino “puestos que los egresados de las Normales ocuparían de manera interina por necesidades del servicio” y que entrarían bajo el esquema de “practicantes para atender escuelas del nivel básico”, pero ya adentro de la nómina todos se regularizan. La secretaria de Educación, Silvia Figueroa, encontró la manera de rebautizar el otorgamiento de plazas y aparentemente todo quedó resuelto, por unos cuántos meses, pues egresada otra generación habrá necesidad de que nuevos chicos cobren.

El diario El Financiero reveló el pasado 25 de mayo, luego de varias solicitudes de acceso a la información pública, que en Michoacán no se ha entregado ninguna plaza ganada a través del concurso de oposición y que, por el contrario, con el apoyo de la CNTE los normalistas pudieron conseguir en el ciclo anterior 989 plazas sin haber presentado examen.

Las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arcadio Méndez, en el sentido de pedir el cierre definitivo de las Normales por considerar que son escuelas de guerrilleros, sirvieron de pretexto a los dirigentes estudiantiles para secuestrar y quemar vehículos de “empresas de la burguesía explotadora”, y al afectar el paso del “tren gringo”. En verdad el dirigente empresarial se excedió pues no se tiene la menor evidencia de que su dicho corresponda a la realidad. Los normalistas lo que quieren es simplemente succionar la ubre gubernamental, pues visto y comprobado tienen que si hacen alborotos el gobierno termina dándoles las plazas que quieren, para que al año siguiente se vuelvan a repetir la resistencia de la autoridad y las acciones de presión de los estudiantes.

Los chamacos vieron que sí se pudo y van por plazas para todos los egresados, y como el gobierno resiste han radicalizado sus acciones afectando al sector productivo y ahuyentando a posibles inversionistas que mejor voltean a otros destinos como Aguascalientes, Querétaro o Guanajuato.

Las cifras de desempleo y pobreza Michoacán no logra revertirlas entre otras cosas por la inseguridad, que no ha mejorado, y la incertidumbre para las empresas, pues si el paso de vehículos de reparto por la geografía estatal representa un riesgo, consideran que mucho más peligro correrán sus inversiones si se instalan en la entidad.

Las consecuencias las acabamos pagando todos los michoacanos con desempleo, migración y atraso.

Morelia, lo difícil de ser independiente



El gobierno de Alfonso Martínez cumple, el 1º de septiembre, un año de ejercicio y vale preguntarse cuáles son los avances que ha tenido en un año de crisis política, económica y social para el país, si bien Michoacán ha vivido una etapa de relativa estabilidad. Cabe destacar que la administración de Martínez ha demostrado que un gobierno sin partido es viable sin colapsar el sistema político y sin plegarse la agenda de los partidos.

El gobierno de Morelia ha sido por años sujeto de presiones de grupos que socialmente “vuelan bajo el radar” pero que continuamente amenazan y chantajean a las administraciones a cambio de privilegios de todo tipo: colonos, invasores de predios, usuarios de servicios, comerciantes, sindicatos y empresarios destacan en este rubro al que la autoridad municipal se enfrenta cotidianamente y que constituyen una sangría abundante para el gasto público.

Este rubro del gasto es precisamente uno de los mayores retos del municipio. El Ayuntamiento gasta más de lo que debe en burocracia y le falta gastar más y mejor en la infraestructura de la ciudad.

Cualquier esfuerzo de reestructura, de recorte o eficiencia en el gasto enfrenta poderosas resistencias internas que se empeñan en proteger privilegios y negocios existentes en la estructura burocrática del municipio. Esto explica los conflictos con los longevos SEMACM y SUTOOAPAS, cuyos liderazgos no están dispuestos a perder lo conseguido.

Otro de los temas que mayor reto representan para la ciudad es ordenar su crecimiento y ajustar a un plan la construcción de infraestructura. La ciudad ha crecido en forma anárquica, las grandes obras son producto de ocurrencias más que de planes y las que soportan los servicios básicos se construyen como por comanda, al capricho de organizaciones sociales.

Alfonso Martínez encabeza la interesante intención de dotar a la ciudad de un Plan de Gran Visión (Morelia Next), la cual enfrentará mayores retos conforme empiece a materializarse y dejar atrás su fase académica, y este proyecto tendrá sus mayores retos ante el cambio de gobierno y la coordinación con el gobierno del estado.

Otro acierto de Alfonso Martínez ha sido empeñarse en aumentar el estado de fuerza de la Policía de Morelia, sin la cual difícilmente podrá gobernar. Contar con más policías no es suficiente para abatir la inseguridad, pero es indispensable para poder empezar con una estrategia mínima de orden y de servicio a los ciudadanos.

Principalmente en este tema, pero en relación con muchas de las acciones que el presidente municipal sin partido ha emprendido, es si los ciudadanos le tendrán paciencia y si él y su equipo podrán lograr algunas victorias que demuestren que van por el camino correcto pese a la politización de temas como las fotomultas.

Molino de vientos



1- En su informe anual, aparte del alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, y del gobernador Silvano Aureoles Conejo, de las figuras políticas más aplaudidas fue el ex mandatario estatal Fausto Vallejo Figueroa. En el evento se notó la ausencia de los senadores Luisa María Calderón y Raúl Morón Orozco, no así del cardenal Alberto Suárez Inda, aunque sí que estuviera en primera fila. Y bueno, tampoco asistieron los últimos ex gobernadores como Salvador Jara Guerrero o Leonel Godoy Rangel, mucho menos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ni Ausencio Chávez Hernández, aunque quién sabe si los invitaron.

2- “Las iniciativas que se presentaron a la Comisión de Puntos Constitucionales –la de los diputados Macarena Chávez, del PAN, y de Ernesto Núñez, del PVEM– son complementarias y se enriquecen una a otra; sin embargo, ambas tienen una carencia ya que nuestra Constitución no tiene un catálogo de derechos como la federal y no se delimitan los derechos y obligaciones de los manifestantes como de los que transitan”: Rosa María de la Torre Torres, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán, al hablar sobre las propuestas para regular las manifestaciones.

3- Hay quienes especulan con mencionar sin ton ni son nombres de posibles aspirantes a la próxima alcaldía de Morelia, y de eso, a considerar al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ricardo Martínez Suárez, hay un gran trecho. El ex representante comercial y marítimo ante la Unión Europea, con sede en Londres, Inglaterra, está muy ocupado en las funciones de su reciente cargo, titular de la Dirección Adjunta de Proyectos Prioritarios Marítimo Portuarios del país; además el funcionario, si bien cuenta con simpatías al interior de su partido, el PRI, requiere un mayor trabajo partidista para situarse en el imaginario social.

Sancho



Y bueno, en el informe anual del alcalde independiente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo tuvo su mini informe, igual, sobre la capital michoacana…

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