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Miércoles 17 de Agosto de 2016

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Según el secretario de Hacienda, es el momento de aumentar las aportaciones de los trabajadores para su retiro.
(Foto: TAVO)

Según el secretario de Hacienda, es el momento de aumentar las aportaciones de los trabajadores para su retiro. La OCDE afirma que debe incrementarse al menos trece por ciento. Dicho organismo asume la supuesta “necesidad” ante una realidad que obligaría a muchos pensionados a seguir trabajando por lo raquítico de sus pensiones.

Con todo, en ningún momento se habla del salario que perciben millones de trabajadores, el cual violenta sus derechos al bienestar, acorde con un reciente estudio de la CNDH. Esta sí sería una exacción adicional a los trabajadores mientras las administradoras de las aportaciones para el retiro se enriquecen.

El trece por ciento que la OCDE afirma que debe aumentar la aportación no toma en cuenta que la precariedad salarial y el colapso del bienestar en México no podrán aguantar. La supuesta injusticia en el uso de los recursos públicos a la que alude el responsable de la Consar busca profundizar la exclusión y las desigualdades.

Durante 19 años, millones de trabajadores han aportado para su retiro, pero hemos visto que las administradoras se enriquecen y cíclicamente afectan las pensiones individuales con supuestas “minusvalías”, que en realidad son pérdidas efectivas de los fondos que se supone algún día servirán para el retiro precario de los trabajadores.

La supuesta injusticia en el destino de los recursos públicos es otra mentira de un gobierno que ha fracasado y busca que las pensiones de los trabajadores sigan financiando la deuda pública y al empresariado. No hay el menor interés por mejorar las condiciones salariales de millones de trabajadores mexicanos.

Acorde con el Inegi, en los últimos años más del 50 por ciento de la PEA sobrevive en la informalidad porque el trabajo formal no resuelve los problemas de bienestar de las mayorías. El problema de las pensiones, las aportaciones y los salarios tiene que ver con la injusticia y exclusión que el PRI-gobierno promueve y alienta.

Igualmente, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) asegura que en la última década, además del outsourcing aumentó 48 por ciento el pago por honorarios, lo que en ambos casos implica negar estabilidad laboral, seguridad social y prestaciones. La industria manufacturera, con su elevada terciarización, es buen ejemplo.

En estados como Querétaro, Ciudad de México, Baja California Sur, Estado de México y Quintana Roo, entre el 22 y el 39.7 por ciento de los trabajadores está sujeto a outsourcing. Asimismo, más de 101 mil trabajadores de los servicios educativos laboran bajo el pago de honorarios, respecto a hace cinco años (poco más de 25 mil trabajadores).

A pesar de las cifras alegres (IMSS, Inegi), la precariedad laboral se extiende por el país. La flexibilidad y la supuesta mano invisible del mercado siguen imponiendo límites al bienestar. Más del 50 por ciento de la PEA en la informalidad, mientras crecen formas de contratación que niegan empleos estables, seguridad social y prestaciones.

Este es el México de las “reformas estructurales” del nuevo PRI y Enrique Peña Nieto. Hasta la fecha, los supuestos beneficios para los mexicanos en general no han llegado ni llegarán, pero entre las élites económicas, políticas y burocráticas el festín prevalece. Ya sea mediante favoritismos, corruptelas y “patrimonialización” de los recursos públicos.

Por ello es preocupante que la amenaza, lanzada inicialmente por la OCDE y ahora a punto de ser puesta en práctica, busque vulnerar aún más el salario y, por ende, el bienestar de familias e individuos. El capitalismo salvaje y depredador, los salarios como mecanismo para transitar una crisis global y recuperar la tasa de ganancia.

Sobre el autor

Antropólogo social, doctor en Historia. Colabora en Cambio de Michoacán desde 1996, con una breve interrupción en 2001-2003. Se especializa en estudios migratorios, en particular la historia y problemática actual de la migración México-Estados Unidos, Michoacán-Estados Unidos, y problemas relacionados con políticas públicas, desarrollo socioeconómico, tendencias políticas y partidistas, participación ciudadana. Por ello dedica también sus columnas a entender y analizar el rumbo social, económico, político y cultural de Michoacán y México en general, desde una perspectiva crítica y ciudadana.