
(Foto: Cuartoscuro)
El país tiene muchos problemas económicos, políticos y sociales; pasa por un momento de agitación política, muchas son las demandas sociales insatisfechas, los gobiernos a todos los niveles están cuestionados, existe entre los ciudadanos el mal humor político, los escándalos de corrupción han dañado fuertemente la figura presidencial.
Los problemas no resueltos y que están en la agenda de gobierno son la corrupción, la inseguridad y la crisis económica; si bien es cierto que el empleo formal ha crecido, las remuneraciones salariales son precarias.
A nivel de Michoacán el problema de la deuda pública limita la maniobra de Silvano Aureoles para utilizar los recursos públicos que se traduzcan en políticas públicas, en su plan integral de gobierno tiene como principal propósito elevar el índice de desarrollo humano.
La ciudadanía está harta de la violencia, la inseguridad y la corrupción, además del aumento de los precios de los energéticos y los artículos de la canasta básica y demanda de respuestas eficientes y eficaces de sus gobernantes.
El desprestigio entre la ciudadanía alcanza a todos los políticos y gobernadores de todos los partidos políticos, los problemas sociales son estructurales y la política en la materia es ineficiente, pero lo más grave es el mediocre crecimiento de un promedio de un dos por ciento de la economía mexicana y las reformas estructurales que están fuertemente cuestionadas por una gran parte de la población.
El problema educativo ya se convirtió en un conflicto porque no acordó en todos sus términos la Reforma Educativa, la educación es un factor importante del componente de unos especialistas del índice del desarrollo humano, además de la salud a la que tienen derecho los mexicanos, pero sólo el 30 por ciento, de acuerdo con los estudios de los especialistas, de los mexicanos están bajo el régimen de la seguridad social que empieza desde la concepción y termina después de la muerte.
En fin, se podrían enumerar los problemas del país y de Michoacán, pero la interacción entre los ciudadanos y los gobiernos de todos los niveles no es satisfactoria, la instituciones gubernamentales y públicas que atienden los asuntos del mismo carácter son disfuncionales, ofrecen servicios de mala calidad y no garantizan los derechos individuales y sociales, sin tomar en cuenta que están engrasadas por la corrupción.
Hoy el país necesita gobiernos en todos sus niveles eficientes y eficaces capaces de satisfacer las demandas ciudadanas, aunque cabe señalar que los gobiernos siempre operan con recursos públicos limitados y la política fiscal, tanto en sus aspectos impositivos como el manejo del gasto público, tiene el propósito del crecimiento, el desarrollo y la elevación de nivel de vida de los ciudadanos.
Con los anteriores argumentos, es que hace un año el que escribe le presentó, en su calidad de profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el proyecto de una nueva oferta educativa a nivel profesional, que es la Licenciatura en Gobierno y Asuntos Públicos, y que hoy ya cuenta con la opinión académica favorable del secretario académico, el doctor Jaime Espino; sin embargo, por factores no académicos el proyecto está detenido aunque ya se tiene una propuesta de contenido curricular y un avance importante en materia de contenido temático en cada una de las áreas y materias que conforman la currícula del proyecto citado con su bibliografía. El proyecto, como ya se mencionó, es autoría de la licenciada Angélica Yunuén Flores Rocha, y el que escribe, maestro José María Gerardo Carmona Rocha, con intercambio del Instituto Universitario Ortega y Gasset con sede en Madrid, España, y académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
La propuesta de esta nueva oferta académica tiene el propósito de formar profesionales en los quehaceres gubernamentales y los asuntos públicos, es una propuesta interdisciplinaria y multidisciplinaria con cinco áreas de conocimiento: la ciencia política, la economía, la administración pública, la jurídica, en relación con la normatividad del ejercicio gubernamental, y la investigación.
En estos momentos en que existe la presión por los aspirantes no aceptados en las diversas carreras existentes en la Universidad Nicolaita, no estaría mal que el rector hiciera suyo este proyecto y que el gobernador Silvano Aureoles Conejo lo apoyara en su parte material y financiera.
El proyecto lleva dos años de maduración y, como ya se mencionó, no sólo los autores y promotores del mismo y otros prestigiados profesores especialistas en la materia en cada una de las áreas que han participado activamente, es de esperarse que el señor rector y el gobernador la tomen en cuenta.
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