Jorge Álvarez Banderas
La fiscalización desde el Estado
Jueves 22 de Septiembre de 2016
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La reforma a la LISR propuesta se encuentra encaminada a “recordar” más que a generar una nueva obligación a las personas jurídicas (morales) en cuestión
La reforma a la LISR propuesta se encuentra encaminada a “recordar” más que a generar una nueva obligación a las personas jurídicas (morales) en cuestión
(Foto: Especial)



Jorge Álvarez Banderas

El Poder Ejecutivo federal, en el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), entre otros, contenido en el Paquete Económico presentado ante la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre para su aprobación, consigna que actualmente dicho ordenamiento legal no establece de manera expresa la obligación de las dependencias públicas de expedir comprobantes fiscales digitales y, por tanto, es conveniente establecer que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por ley estén obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación, deben emitir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDIS).

Por tanto, para llevar a cabo esta obligación se pretende reformar la legislación en cita para establecer que la Federación, las entidades federativas, los municipios y otras instituciones públicas deberán emitir CFDIS por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobren o por los apoyos o estímulos que otorguen, además de retener y enterar en su caso el Impuesto Sobre la Renta que resulte de los pagos que hagan a personas físicas, así como exigir CFDIS cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello.

La reforma a la LISR propuesta se encuentra encaminada a “recordar” más que a generar una nueva obligación a las personas jurídicas (morales) en cuestión, respecto de expedir y solicitar CFDIS por las operaciones que realizan, esto es, la legislación ya contempla un apartado en cuanto a sus obligaciones, consignando los efectos que se tienen cuando no existan dichos comprobantes fiscales, ahora lo que se pretende es ser específicos en ese rubro.

El Estado mexicano se enfrenta entonces a un problema de carácter administrativo, que de ser superado servirá para fiscalizar a los contribuyentes con los que se relacione, este problema se detecta en la misma iniciativa de ley presentada, al señalar que para efecto de lo planteado y con el fin de que los sujetos obligados preparen sus esquemas de emisión de comprobantes fiscales, se plantea otorgar un plazo de cuatro meses posteriores a la entrada en vigor de esta obligación para su cumplimiento, facultándose además al Servicio de Administración Tributaria para que otorgue facilidades administrativas para el cumplimiento de esta obligación a las dependencias públicas ubicadas en poblaciones rurales sin servicio de Internet, esto último es el problema administrativo con el que se enfrentarán muchos municipios.

México, se puede considerar, tiene y por lo visto pretende tener una legislación de fiscalización de primera, olvidando que aún somos un gran país en desarrollo.

Sobre el autor
Jorge Álvarez Banderas Egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en las carreras profesionales de Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Derecho; de la Universidad de Guanajuato en la Maestría en Fiscal; de la Universidad de Salamanca (España) en la Especialidad en Derecho Tributario y del Doctorado en Derecho Tributario; de la Universidad Panamericana en el Doctorado en Derecho Fiscal; de la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea (España) en el Doctorado en Derecho Sociedad Democrática, Estado y Derecho; del Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Doctorado en Ciencias de lo Fiscal y del Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán en el Doctorado en Derecho. Profesor Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS) de la UMSNH con perfil PROMEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.
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