
Una vez más el magisterio se alborotó, ha regresado a las marchas, tomas, a los bloqueos, y no dudamos que se genere un paro permanente de labores. Todas las fuerzas políticas y sindicales han coincidido, excepto la sección institucional del SNTE, que simplemente hace como que no ve, ni escucha ni oye. La coincidencia tiene que ver con la falta de pago de un conjunto de bonos y prestaciones a los trabajadores de la educación que dependen de la administración estatal, los cuales desde 2015 no se les han cubierto. Mucha gente puede sentirse molesta, inconforme, irritada contra los maestros y personal de apoyo a la educación por las secuelas de esta lucha, pero una vez más queda constancia de que los auténticos responsables de esta agitación social son la irresponsabilidad e insensibilidad de las autoridades estatales del sexenio próximo pasado repartido entre Fausto, Reyna y Salvador Jara, y el actual comandado por Silvano Aureoles, quien de la mano con Alberto Frutis Solís siguen privando a los trabajadores de la educación de percepciones que por ley o por convenios formales les corresponden.
Se han quedado aulas solas, niños sin clases, lo que es de lamentar, pero las autoridades no han dejado otra opción, es más, creemos que se tardaron en protestar conjuntamente; ¿cómo es posible que desde 2015 se estén deteniendo beneficios a personal que recibe sueldos mezquinos y en cambio, a diputados, magistrados, consejeros del IEM y personal de gobierno de los primeros niveles, con salarios de ensueño, les cubran puntualmente cada una de sus prestaciones? ¿Quiénes necesitarán más de los estímulos? La respuesta es obvia, siempre los políticos han pisoteado a los desprotegidos, aunque en tiempos electorales prometan las perlas de la virgen.

(Foto: ACG)
Las autoridades de gobierno ya le agarraron el modo para hacer de la protesta magisterial un juego perverso: tardan semanas o meses sin cubrir ciertos beneficios, posterior a ello son de entenderse los brotes de inconformidad y molestia que esto provoca y los líderes al verse presionados y hasta en ocasiones rebasados inician acciones de lucha en pro de los afectados; los operadores políticos buscan el acuerdo para destrabar la situación que los exhibe, firman minutas de acuerdo donde se comprometen a cubrir las demandas más racionales donde se puntualizan tiempos, pero llegado el momento se hacen de la vista gorda y argumentan una serie de pretextos para justificar sus prácticas dilatorias, vuelven a comprometerse, ¡pero también repiten la misma estrategia burlesca!, y ello se convierte en un círculo viciosos y malévolo que puede tardar años en solucionarse, perjudicando a los trabajadores y por supuesto a sus familias; queda claro que los distintos gobiernos sólo buscan cuidar su imagen ante la opinión pública y le apuestan al hartazgo de la sociedad que, muchas veces, sin conocer a fondo el problema, critican y repudian las acciones que por necesidad y negligencia gubernamental tuvieron que emprenderse.
No podemos comprender por qué tanta apatía hacia los compromisos que se plasman con los agremiados, aunque la respuesta puede encerrarse en algunos supuestos: primero, no les importan las necesidades apremiantes de quienes laboran en favor de la educación; segundo, tienen una total inconsciencia pues saben perfectamente que los bonos y otros beneficios ayudan un poco a paliar la mala calidad de vida que, contrario a lo que presumen las autoridades, provocan salarios raquíticos, y tercero, es evidente que ante la total incertidumbre y la manipulación indebida de los recursos financieros del estado en las últimas administraciones, prefieren engañar a nobles trabajadores y desviar los recursos económicos destinados a ellos para andar tapando pozos y más pozos de los tremendos vacios que existen en las arcas estatales, amén de algún otro dinerito que puede colarse a bolsillos personales.
De modo que ante el escenario descrito las alternativas de diálogo y de firmar acuerdos sobre otros acuerdos ha quedado totalmente agotados porque la desesperación y el hartazgo ya hicieron presa de los afectados, de tal manera que Víctor Zavala Hurtado, líder de la fracción democrática, advirtió que “si no hay un pago concreto y completo, con todas las prestaciones, y no hay diferenciación del pago estatal y federal, va a haber conflicto”, al tiempo que recordaba que el actual gobernador ha dado instrucciones para resolver la situación pero nada se ha corregido.
En otro tipo de acciones, también en protesta, Juan Manuel Macedo Negrete, quien encabeza la D-III-6 de las oficinas centrales, aplazó al gobierno de la entidad a pagar de inmediato los pendientes que se tienen con decenas de sus representados bajo la tutela del estado, de lo contrario tiene comprometido un paro indefinido de labores, acción que fue avalada por el compuesto de su nutrida delegación. Sin duda a ello se sumarán los trabajadores de primarias, de educación física, de educación indígena y personal de otros niveles. Es propicio señalar que trabajadores del magisterio, de diversas regiones como Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, entre otras más, han efectuado tomas y protestas con el mismo propósito.
La lucha magisterial puede encenderse, con justa razón, si el gobernador Silvano Aureoles y sus colaboradores no dan respuesta inmediata, sin trucos, sin aplazamientos, a las demandas sentidas de los trabajadores del estado, mismos que tienen el respaldo de sus compañeros federales; el bullicio en educación puede iniciar en febrero cuando, por lo general la mecha se prende en mayo.
En otro sentido, sería importante que los agraviados, ellos mismos o a través de sus liderazgos, se asesoraran jurídicamente, porque si el gobierno no ha realizado los pagos, tal y como es evidente, deberán valorar la exigencia también por la vía legal, porque con esta serie de atrasos en los pagos requeridos no sólo juegan con las necesidades de los trabajadores, sino también juegan con los tiempos legales ya que una demanda por falta de pago debe hacerse antes de cumplirse un año de los adeudos. La preocupación es que el adeudo de 2015 por la vía jurídica es improbable que pueda cubrirse. De tal manera que el camino más rápido, más efectivo y que exhibe a funcionarios públicos es la manifestación y la lucha colectiva, porque es claro que el gobierno no ha concedido otra alternativa. Asimismo, ojalá que a pesar los inconvenientes y del enojo de la sociedad, una vez conociendo las causas reales del problema, quizá pueda comprender y respaldar la causa magisterial.
Una lucha justa ha iniciado, lo más relevante es que puede ser el principio para que los autores consigan otros logros, para que obtengan otras victorias; recordemos que “para llegar lejos en la vida no hay que apresurarse tanto, pero sí… hay que evitar detenerse”.
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