Columba Arias Solís
Reforma a la Ley del Notariado
Jueves 16 de Julio de 2015
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La actividad desempeñada por los notarios públicos reviste la característica de función pública a cargo de un particular que debe ser un profesional del derecho; así la conciben las diferentes leyes del notariado en nuestro país, por lo que el clásico del derecho administrativo, Gabino Fraga, explica dicha función como un servicio público regulado por el Estado, el cual presta personalmente un particular.
El objeto de la función notarial comprende varios aspectos -como lo indica Cárdenas González-, asesoría técnica jurídica especializada a los ciudadanos que la soliciten; protección de libertades individuales en las relaciones personales y patrimoniales a través de asesorar e informar tomando en consideración el principio de imparcialidad; seguridad en las relaciones jurídicas privadas permitiendo el control de legalidad que está obligado a realizar, que toma cuerpo al redactar el documento público donde quedan asentados con las formalidades de la ley, los hechos o los actos jurídicos que se formalizan ante notario.
La función notarial, además de la seguridad jurídica que otorga al servir el documento público como prueba plena, es además previsora de conflictos judiciales, y tiene como característica de singular importancia que dicha función es absolutamente unipersonal, siempre a cargo del notario, por lo que no puede delegarla en persona alguna del oficio notarial.
En México, la función notarial se encuentra bajo la potestad del titular del Poder Ejecutivo en cada entidad federativa, quien está facultado por la ley correspondiente para autorizar a los profesionales del derecho -una vez que han reunido los requisitos señalados por la ley-, el ejercicio de la función notarial, misma que conlleva la autenticación de los actos y documentos que las personas les presenten, a los cuales les otorga legalidad y seguridad jurídica.
En el estado de Michoacán, la ley establece que el notariado es una función de orden público y su ejercicio se encargará a los notarios públicos. El mismo artículo señala que dicha función estará bajo la potestad del Poder Ejecutivo por conducto del secretario de Gobierno.
Si como ha quedado señalado líneas arriba, en todas las legislaciones notariales del país se encuentra determinado que la función notarial corresponde al titular del Poder Ejecutivo, ¿cuál es entonces la diferencia entre esas legislaciones y la que norma la función en el estado de Michoacán?
De acuerdo con la ley michoacana, para obtener nombramiento de notario es necesario cumplir con los siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento, tener 30 años cumplidos, estar en pleno uso de sus derechos, residencia ininterrumpida en el estado por más de tres años, haber obtenido título de licenciado en Derecho, tener cinco años de ejercicio profesional, entre otros más.
Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre nuestra ley y las que rigen en las demás entidades, habida cuenta que la michoacana no contempla los requisitos que en otras coadyuvan a otorgarle mayor profesionalidad a la multicitada función notarial, es decir, la obligación de presentar un examen de oposición de los aspirantes a obtener la patente notarial, así como la acreditación de -además del ejercicio profesional- la práctica notarial como condiciones indispensables para ser designados titulares de un despacho notarial.
En Michoacán es casi una regla llegar tarde a las actualizaciones o reformas de las diferentes leyes; por ejemplo, mientras en el Distrito Federal desde el año de 1931, la Ley del Notariado dejó establecido el requisito del examen de aspirante a notario, en nuestro estado no ha sido posible llevar a efecto dicha disposición. Desde hace quince años, diversos proyectos de iniciativas para la creación de una nueva Ley del Notariado han sido presentadas en el Congreso local, sin que se haya logrado el consenso de las diferentes fracciones legislativas para adecuar, modernizar, homologar una ley que tiene 35 años de haber sido promulgada y que se ha quedado rezagada en relación con sus iguales de los demás estados de la República.
Luego de que por fin -hace menos de dos años- se aprobara una reforma en la que se establecía el uso del protocolo abierto -una vieja demanda del cuerpo notarial-, para dejar atrás el vetusto protocolo cerrado en desuso en todas las demás entidades de la República, queda pendiente en la actual Legislatura, la iniciativa de reforma a la Ley del Notariado, que comprende la obligatoriedad del examen de oposición como requisito ineludible para quienes aspiren al desempeño notarial, la práctica en el oficio, así como la certificación obligatoria de quienes ya son notarios.
Urge realizar esas mínimas reformas indispensables para homologar nuestra legislación, urge actualizarla a fin de contribuir a brindar mayor profesionalismo, certeza y seguridad a la función notarial con la selección de los perfiles adecuados para el mejor desempeño notarial, siempre en beneficio de la sociedad. La actual Legislatura tiene la palabra.

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