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Los directivos y maestros rehenes de la SEE y el grupo democrático |
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Juan Pérez Medina |
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He venido diciendo que la intención de los denominados “democráticos” de destituir a los directivos oficiales de Educación Básica está fuera de todo principio ético y normativo. La autoridad educativa responsable no puede ceder a las presiones y chantajes de este grupo, pues estaría infringiendo su propia normatividad y, además, cometiendo una injusticia. Ésta no puede convertirse en cómplice de quienes consideran que sólo pueden ser designados o promovidos aquellos que cuenten con su aval, sin importar si transgreden el derecho meritorio de otros, bajo el pretexto de que actúan a nombre de la voluntad de la base. Los maestros de base no avalan, ni avalarán actos denigrantes para el movimiento sindical magisterial como éste y muchos otros que se intentan cometer en su nombre cotidianamente.
Vuelvo a repetir e incrementar las razones reales que avalan el nombramiento de los directivos que se han puesto en tela de juicio, sin que se actúe ante los que con todo descaro usurpan sus funciones.
Las razones son:
1.- Cierto que comúnmente las convocatorias a ascenso y cambios de adscripción se firman, tanto por las autoridades oficiales como por las representaciones sindicales; pero ante la unilateral designación de funcionarios por parte del grupo sindical democrático, no quedó otra alternativa que la de convocar a ascensos por parte de las autoridades del ramo, quienes al fin de cuentas son las responsables de ello. En función a esto fue que se convocó a ocupar los lugares vacantes que por jubilación u otras causas habían quedado vacantes. Los que acudieron a esa convocatoria recibieron un nombramiento de parte de la autoridad responsable que oficialmente le da validez en el cargo; por lo tanto, son éstos quienes oficialmente tienen la responsabilidad de atender las funciones que su nombramiento les confiere.
2.- Ejercer funciones ajenas al nombramiento y categoría de la plaza que se ostenta, sin que medie oficio de comisión oficial, es una irregularidad administrativa que en cualquier lugar debe castigarse normativamente pues además de ser un claro caso de usurpación de funciones, en estos casos particulares a que me refiero, se suma también el abandono del centro de trabajo asignado; pues en todos los casos de referencia, los que fueron designados sin orden oficial también cambiaron de lugar de adscripción, abandonando sus responsabilidades. En todos estos casos, se levantaron las actas administrativas correspondientes, pero el gobernador impidió su ejecución.
3.- Ante las nuevas autoridades educativas, el grupo sindical democrático ha venido intentando destituir a los directivos oficiales y validar a quienes ellos nombraron bajo el argumento de que éstos representan la voluntad de los trabajadores. Nunca había venido siendo una práctica, ni se había escrito en alguno de los documentos del movimiento democrático, que las designaciones para promociones y ascensos fueran por aclamación o consenso de los propios trabajadores. Este caso muestra la contradicción existente en la dirigencia de este grupo entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Se concluye que para estos tipos no importan ni sus propias reglas cuando de hacer pasar sus pretensiones se trata. Pero la autoridad educativa no está obligada a claudicar ante este tipo de presiones y, por el contrario, debe garantizar que la normatividad se cumpla y los derechos que le asisten a cada trabajador sean observados desde ella.
4.- El día 29 de abril de 2009, en negociación con el gobierno estatal, encabezado por el secretario de Gobierno, licenciado Fidel Calderón Torreblanca, se firmó una minuta de acuerdos que en el punto 3 de la misma expresa de manera textual: “En relación a los 68 (sesenta y ocho) casos de pagos retenidos por la Secretaría de Educación, éstos se liberarán de manera inmediata a partir de la intervención de la Coordinación de la Contraloría, la cual revisará y determinará la situación administrativa y/o laboral de los trabajadores de la educación implicados en estos casos, comprometiéndose desde ahora a través de sus representantes en este acuerdo a acatar los resolutivos que resulten”. El punto 3 se refiere nada más y nada menos a los que vienen intentando usurpar las funciones de los directivos oficiales que aquí vengo comentando. Desde abril 29, como lo he dicho, la Coordinación de la Contraloría debería emitir los resolutivos que en el punto se mencionan, pero por cuestiones políticas es tiempo que aún no se conocen. Los menos interesados en que se dé cumplimiento a esta cuestión son los dirigentes que la firmaron y se comprometieron a cumplir con este punto, entre ellos el propio Jorge Cázares Torres. Otra vez se evidencia su falta de principios ante compromisos contraídos que encarnan una serie de elementos de carácter filosófico que rigen a los hombres y a organizaciones como la que él dice representar. Pero al parecer eso no importa, pues a lo firmado habrá que buscarle otra minuta con la que se entierra lo comprometido, y si no, en los hechos mismos, como intentan hacerlo en 15 jefaturas de sector y un número mayor de supervisiones escolares de Educación Primaria. Es indispensable que el resolutivo se conozca y se dé cumplimiento a lo convenido; en tanto, el subsecretario de Educación Básica, el director de Educación Primaria y cualquier otro funcionario de SEE, deberán abstenerse de realizar destituciones y arbitrariedades, por acuerdo o presión de cualquier grupo sindical.
5.- En la inmensa mayoría de casos de directivos paralelos, los que tienen carácter oficial pueden demostrar que el nombramiento les asiste por méritos alcanzados en el ejercicio de la actividad educativa y por la preparación alcanzada. En el caso del Sector 17 de Educación Primaria de La Huacana, por ejemplo, el titular inició sus servicios el primero de marzo de 1979, mientras que el usurpador comenzó el primero de septiembre de 1981. En otros casos, los titulares cuentan con años de antigüedad en la función, con su nombramiento oficial y con la categoría de la clave correspondiente, como ocurre con los cuatro jefes de Sector de Morelia, Puruándiro, Uruapan y Lázaro Cárdenas.
Las nuevas autoridades educativas deben apegarse a lo que está establecido para el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de no contribuir con sus hechos a atentar contra los trabajadores por consigna de otros. Pero además -y esto es fundamental- a actuar con decoro, ateniéndose a lo que en justicia corresponde hacer en cada caso. Sería un craso error que se condujeran por presiones, componendas o chantajes y, mucho menos por acuerdos políticos de “largo alcance” o por “razones de gobernabilidad política”. No sobra mencionar que hasta el momento se ha visto una actuación inclinada hacia el grupo sindical “democrático”, muy alejada del compromiso reiterado de ser imparcial y, sobre todo, que éste fue establecido en propia voz del gobernador, maestro Leonel Godoy Rangel. Sería grave continuar faltando a esa palabra empeñada. Los maestros michoacanos no esperan más que un trato correcto, fincado en la verdad y en los compromisos que el magisterio contrajo con su contratación y los que en este momento están establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.
Muchos esperamos que en lo inmediato se atiendan los casos de “paralelismo” que ya alcanzan muchos meses. Esto sería una acción de congruencia y lealtad con los principios que deben regir la conducta de cualquier servidor público.
Por último, quiero hacer un llamado a aquellos que se prestaron a esta acción injustificada realizada por los líderes del grupo sindical autodenominado “democrático”, para que reflexionen y se den cuenta de las consecuencias que esto ha originado. Los conmino a que reconozcan su error y lo intenten enmendar regresando a sus anteriores centros de trabajo, de donde no debieron haber salido, si no es como producto de un concurso oficial y legalmente reconocido. Contribuir a la ilegalidad, a la arbitrariedad, al desorden y, sobre todo, a la impunidad es algo que no habla bien de cualquier persona y, mucho menos de un educador. Ya es hora de evitar ser manipulados. Sus legítimas aspiraciones personales no pueden ser pretexto para servir de acción punitiva a una acción totalmente deshonesta.
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Acueducto