Opinión

MORELIA
La defensa de las pensiones de los trabajadores del ISSSTE
Hoy, una parte de los recursos de los trabajadores están financiando muchos de los proyectos del gobierno, pero no se configuran como elementos que fortalezcan la pensión de los dueños de esos recursos
Juan Pérez Medina Jueves 12 de Enero de 2006
A- A A+

Primera parte
El 15 de diciembre pasado, en el último día de sesiones en la Cámara de Senadores, Joel Ayala Almeida, dirigente de lo que aún queda de la FSTSE,
presentó ante el pleno la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había elaborado casi desde el inicio de la gestión del actual gobierno, y que se presentó posteriormente en la reunión de Valle de Bravo, en el Estado de México, en agosto de 2004, como la propuesta de reforma oficial del gobierno de Fox, ante los gobernadores de la Conago y la Comisión de Seguridad Social del Congreso de la Unión.
Al gobierno no le alcanzó el tiempo para presentarla y desahogarla en el periodo legislativo que acaba de terminar, pero pudo sacar el acuerdo con el PRI (de nuevo como con el Sindicato del IMSS) para presentar la iniciativa e iniciar el cabildeo final entre los personajes que en el caso tienen que ver (dejando fuera, claro, a los trabajadores) para lograr su aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 15 de febrero próximo.
La propuesta en comento es prácticamente una reforma espejo de la que se realizó en el Seguro Social y que consiste en cambiar del régimen solidario de reparto al de cuentas individuales. De esta propuesta se argumenta que vendría a resolver la insolvencia financiera del instituto, y con ello se vería fortalecido el gasto presupuestal, ya que no se tendría que desembolsar recursos adicionales, como se viene haciendo hasta ahora.
Cierto que las pensiones son un problema de carácter mundial y que en muchos lugares se ha optado por llevarlas al terreno de bursatilización, dejando a los trabajadores en zona de riesgo.
Cierto que la idea de cuentas individuales se le presentó a los derechohabientes del IMSS como la vía para resolver el problema de insolvencia del mismo y la posibilidad de que el Seguro Social no fuera a la quiebra, además de asegurar la viabilidad de las pensiones. Hoy, una parte de los recursos de los trabajadores están financiando muchos de los proyectos del gobierno, pero no se configuran como elementos que fortalezcan la pensión de los dueños de esos recursos.
La presente iniciativa no es distinta a la que sugirió el Banco Mundial (BM) al gobierno de Fox cuando apenas iniciaba, y su diagnóstico es similar al que el propio BM elaboró, como parte de los compromisos adquiridos con el gobierno mal llamado del «cambio».
La iniciativa de reforma modifica la estructura de seguros y prestaciones para tratar de equipararlos a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la Exposición de Motivos se señala que «la situación actual del ISSSTE es estructuralmente similar a la que guardaba el IMSS antes de la reforma de 1997, pero aún más anacrónica y grave».
El nuevo régimen obligatorio pasa de 21 seguros de la ley actual a cuatro seguros:
I. De salud
II. De riesgos del trabajo
III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
IV. De invalidez y vida
Y prestaciones y servicios:
V. Préstamos hipotecarios y financiamiento para vivienda
VI. Servicios sociales
VII. Servicios culturales
Se propone migrar del actual sistema de reparto a un sistema de cuentas individuales. Este sistema será obligatorio para los trabajadores de nuevo ingreso. Éstos abrirán una cuenta individual en la cual se depositarán todas las cuotas y aportaciones para el retiro.
Su pensión será equivalente a lo cotizado por el gobierno y el propio trabajador durante su vida laboral mas el rendimiento que éstas generen. A las aportaciones se les descontarán las comisiones que se cobren por el manejo de la cuenta.
Los trabajadores en activo tendrán dos opciones de transición. El esquema de transición propuesto consiste en mantenerse en el régimen actual, que será modificado de manera gradual, o bien los trabajadores pueden optar por un bono de reconocimiento que les permita migrar inmediatamente al nuevo sistema. Este bono de reconocimiento no se le entregará al trabajador, sino que será depositado en su cuenta individual y formará parte de su futura pensión.
En el primer caso se contempla que los requerimientos para el retiro de los trabajadores que elijan permanecer dentro del viejo sistema se incrementen gradualmente hasta alcanzar parámetros equiparables al nuevo sistema. Estos requerimientos se aplican a la actual pensión por jubilación y a la pensión por edad y tiempo de servicio. En la pensión por jubilación, al entrar en vigor la ley, se mantiene la edad mínima de retiro fijada en la ley (50 años para los trabajadores y 48 años para las trabajadoras), pero la edad va aumentando con los años de vigencia de la ley, hasta estabilizarse en 65 años (trabajadores) y 63 años (trabajadoras) en el año 2035.
En el caso de la pensión por edad y tiempo de servicios, se respeta la edad mínima para acceder a esta pensión: 55 años, que se irán aumentando gradualmente hasta quedar en 65 años en 2025.
También se incrementarán gradualmente las contribuciones, hasta alcanzar al nuevo sistema, partiendo de 3.5 por ciento actual al entrar en vigor la reforma, hasta 6.125 por ciento en el año 2011.
Finalmente, se establecerá un salario regulador. Al entrar en vigor la ley, la pensión se otorgará como un porcentaje del salario del último año de cotización (como en la ley vigente), hasta alcanzar en el año 2010 el promedio de los últimos cinco años para el cálculo de la pensión que recibirá el trabajador.
El pago de las pensiones conforme a esta primera opción estará a cargo del gobierno federal.
La segunda opción, consiste en recibir un bono de reconocimiento (bonos de pensión del ISSSTE). Se prevé que el valor del bono sea suficiente para comprar una renta vitalicia equivalente a la pensión que se le reconoce a cada trabajador a la fecha de la reforma.
Se incluye una pensión garantizada de un salario mínimo general del Distrito Federal al 1 de julio de 1997 actualizada con el INPC.
Las actualización de las pensiones estará sujeta a la inflación observada en el año anterior, en vez de poderse incrementar en la misma proporción que el sueldo de los activos, si el incremento a éste es mayor que la inflación, como establece el artículo 57 de la ley vigente.
La tabla que aparece en la iniciativa muestra cambios importantes respecto a la expuesta en otras ocasiones por el gobierno federal. Se estima que los valores del bono son mayores en 40 por ciento a los presentados con anterioridad. Esto significa que si el monto total asociado a éste oscilaba entre 800 mil millones de pesos y 1.2 billones, el costo financiero alcanzaría entre 1.1 y 1.6 billones.
El trabajador tendrá un plazo de tres meses a partir de que se dé a conocer el valor de los bonos de pensión del ISSSTE para comunicar su decisión por una de las dos opciones: mantenerse en el sistema de la ley hoy vigente, o adoptar la acreditación de bonos de pensión del ISSSTE.
Se crea un organismo público para administrar las pensiones: Pensionissste, como órgano público desconcentrado del instituto.
Su función será la administración de los derechos pensionarios de los trabajadores que opten por no recibir los bonos de pensión, así como de las reservas que se constituyan para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga, derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios relativos a las pensiones.
También se encargará de administrar las cuentas individuales de los trabajadores que no elijan una administradora de fondos para el retiro.
Durante los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, el Pensionissste administrará las cuentas individuales de todos los afiliados al instituto. Al concluir este plazo, los trabajadores podrán solicitar el traspaso de su cuenta individual a cualquier Afore.