Opinión

MORELIA
Iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE
Las reformas a la ley del ISSSTE fueron exigidas por los banqueros y prometidas por el gobierno de Fox
Juan Pérez Medina Jueves 19 de Enero de 2006
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Segunda parte
El Pensionissste.
El Pensionissste es un órgano público desconcentrado del instituto, cuya tarea será la administración de los derechos pensionarios de los trabajadores que opten por no
recibir los Bonos de Pensión, así como de las reservas que se constituyan para garantizar el pago de beneficios y la prestación de servicios relativos a las pensiones y la administración de las cuentas individuales de los trabajadores que no elijan una Afore.
De aprobarse la iniciativa de reforma, durante los 18 meses siguientes, el Pensionissste administrará las cuentas individuales de todos los afiliados al ISSSTE, después, los trabajadores podrán solicitar la transferencia de su cuenta a cualquier Afore.
Por otra parte, en el caso de las cuotas y aportaciones que la actual ley establece, se realizan modificaciones importantes que aumentan la base para determinar las cuotas y aportaciones, así como los límites de cotización. El concepto sueldo básico se cambia por el de salario de cotización (con conceptos similares a los de la Ley del Seguro Social), el límite inferior del salario de cotización será de un salario mínimo y el límite superior de 25, cuando lo ahora dispuesto establece que el límite será de hasta diez salarios mínimos.
En el caso de las cotizaciones, éstas aumentan, en términos generales, con aportaciones mayores de parte del trabajador sobre un salario de cotización ampliado hasta 25 salarios mínimos, en donde el trabajador aportará, en un ejercicio de gradualidad: 6.125 por ciento, mientras que el gobierno lo hará por 5.15 por ciento. Lo anterior no significa que las pensiones crezcan en misma magnitud, pues en el nuevo sistema de cuentas individuales la base de cálculo es el saldo acumulado y no el promedio del salario del último año, como en el sistema de reparto vigente en el ISSSTE, las dependencias y entidades aportarán menos y se incorpora una cuota social a cargo del Estado para los seguros de Salud y de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
El nuevo Seguro de Salud supone la creación de un «nuevo modelo de gestión para la prestación de los servicios médicos», que separa la función prestadora de servicios de salud de la función financiera de servicios de salud del instituto.
«Se establecen bases para la competencia interna y externa entre prestadores de servicios, tanto por los derechohabientes como por el financiamiento, no sólo a nivel de las unidades de atención médica, sino del personal de salud a quienes se les medirá y evaluará su desempeño y dependiendo de los resultados se hará la asignación presupuestal. Este modelo apunta a transformar al instituto en supervisor y regulador de los prestadores, públicos y privados, de los servicios de salud.»
Se menciona que el modelo se adaptará a las características «demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas» de la población asegurada. Lo que significa que los servicios de salud y la calidad de los mismos dependerán del nivel de las aportaciones y no de las necesidades de los asegurados. En otras palabras, la atención de los usuarios estará en relación directa a la calidad de las aportaciones y, en caso de que se demande una atención de mayor calidad, se podrán establecer mecanismos diferenciados de atención bajo el esquema de copagos, que le garanticen al instituto el equilibrio financiero.
La operación de este nuevo modelo economicista, estará sujeto a las disposiciones reglamentarias que emitirá en su momento la Junta Directiva.
Para lograr el «equilibrio financiero» de que se habla, se pretenden modificar los requisitos para ser beneficiario. En el caso de los hijos de los pensionados o asegurados que dependan económicamente de sus padres, los que no acudan a la escuela y los incapacitados, deberán contar con menos de 16 años para tener derecho a los servicios de salud, reduciendo este derecho en dos años con respecto a la ley actual. El requisito para acceder a los servicios de salud en el caso de los ascendientes de los asegurados, deberá comprobarse que éstos vivan en el domicilio del titular de los derechos.
En el caso del Seguro de Riesgos de Trabajo se introducen disposiciones que casi homologan a las que se establecieron en la Ley del Seguro Social. Estableciendo que la pensión por incapacidad permanente total, se concederá hasta que el pensionado cumpla 65 años y 25 años de cotización. Lo anterior se garantizará mediante la contratación de un Seguro de Pensión que le otorgue una renta igual al salario de cotización que venía disfrutando el trabajador al presentarse el riesgo. Si el incapacitado tuviere 60 años o más cumplidos a la fecha en que se declarare su incapacidad total permanente, el Seguro de Pensión le cubrirá la renta por un plazo de cinco años.
En este seguro, se otorgan tres pensiones:
· Retiro, si antes de cumplir las edades establecidas para cesantía en edad avanzada y vejez, si la pensión que se le calcule en el Sistema de Renta Vitalicia es superior en más del 30 por ciento a la pensión garantizada.
· Cesantía en edad avanzada, con 60 años de edad y 25 años de servicio.
· Vejez, con 65 años de edad y 25 años de servicio.
El monto de la pensión estará sujeto al saldo acumulado en la cuenta individual.
Los recursos acumulados en las cuentas individuales SAR 92, se entregarán a cada trabajador (o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento) en una sola exhibición al momento de pensionarse.
En la ley vigente, esta pensión se otorga en base a cuando menos el 50 por ciento del salario del trabajador, y se calcula en relación a la antigüedad del mismo. En la propuesta en comento, se establece que el monto menor a ser considerado será del 35 por ciento del salario de cotización.
Para el otorgamiento de la pensión de orfandad, se fija como requisito una edad de 16 años, (la edad considerada en la ley vigente es de 18 años), pero éste beneficio estará sujeto a las posibilidades financieras del instituto, «siempre que no afecte la viabilidad financiera en el corto, mediano o largo plazo, de las reservas constituidas para el otorgamiento de estos servicios», con lo que prácticamente se desvanece este tipo de pensión. Lo mismo ocurre con las guarderías para los hijos de los trabajadores del ISSSTE, en donde las dependencias y entidades tendrán por ley que aportar el 50 por ciento de su costo, con lo que el instituto se deshace de la obligación de brindar este servicio a las trabajadoras que lo requieren.
En términos generales, estos son los puntos fundamentales de la iniciativa presentada por el priísta Joel Ayala Almeida, el día 15 de diciembre en el Senado de la República, y cuyo centro medular es la entrega de la administración de los recursos pensionarios de los trabajadores a los bancos, los cuales han logrado extraordinarias ganancias por el manejo de cuentas desde que se realizó la Reforma del IMSS en 1997, la disminución de derechos de los trabajadores y la modificación de los años de cotización y de las cantidades a aportar por parte de los trabajadores.
Una reforma exigida por los banqueros y prometida por el gobierno de Fox, como lo hicieron en su momento los gobiernos neoliberales priístas. Una reforma «recomendada» por los organismos financieros internacionales, el BM y el FMI. Una traición más de los charros sindicales priístas a los trabajadores. Un despojo más para los trabajadores por parte de la oligarquía, representada ahora por el PAN que nos mal gobierna. Una exigencia más para la lucha: La reforma debemos detenerla ahora.