Opinión

MORELIA
Reformas reprobadas
No está todo dicho en cuanto a la nueva Ley de Radio y Televisión; todavía puede prosperar alguna impugnación
Columba Arias Solís Viernes 7 de Abril de 2006
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Hace algunos meses, en este espacio señalaba la pretensión de un importante grupo de senadores mexicanos, de convalidar las reformas que el 1 de diciembre del año que fenecía, los integrantes de la Cámara de Diputados por unanimidad habían aprobado en relación con una nueva ley de Radio y Televisión, haciendo a un lado el esfuerzo que durante muchos meses habían realizado diversos especialistas y estudiosos de la materia que a instancias de algunos senadores se habían dado a la tarea de acudir a los foros y conferencias de los cuales había surgido un proyecto de ley que contenía muchos avances importantes.

Pues bien, como ya es conocido de todos, en la sesión del día 30 de marzo, el referido proyecto turnado por la Cámara Baja fue aprobado por una mayoría de senadores procedentes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, exactamente 81 senadores de esos partidos, y dos independientes, sin quitarle o agregarle ni una coma, dándole esquinazo a las sugerencias y propuestas hechas llegar por instituciones como el Instituto Federal Electoral, la Cofetel o el Centro de Comunicación Social (Cencos) e incluso la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Al respecto, el IFE manifestaba su preocupación porque «lejos de ayudar a los fines expresados, incorpora a los candidatos violentando los principios del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y deja al Instituto sin atribuciones de control y fiscalización, no asegura el control de las tarifas y sólo lo convierte en caja de cobro».

El pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, el pasado 15 de marzo, había concluido que «La minuta claramente pone en riesgo la rectoría del Estado en materia de espectro radioeléctrico y concesiones y permisos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión».

De nada sirvieron los cinco foros de consulta que sobre dicha reforma se realizaron previamente al debate de la misma, en los cuales se recabaron las opiniones de más de 50 especialistas tanto de instituciones como de organizaciones o de expertos en particular.

La Cámara de Senadores abdicó de la facultad que le otorga la Constitución de revisar y modificar el proyecto enviado por la Cámara de Diputados. En lugar de corregir para mejorar los elementos de su contenido, prefirió privilegiar a un reducido pero poderoso grupo empresarial, sin tener la mínima consideración hacia el interés público.

Así las cosas, no se han hecho esperar los rechazos manifestados sobre todo en los diversos medios de la prensa escrita, donde especialistas, intelectuales y reconocidos analistas han expresado su reprobación ante lo que es considerado por la mayoría de las opiniones, una claudicación del Estado mexicano y en especial del Poder Legislativo ante el poder televisivo.

Apenas aprobada la iniciativa por la Cámara de Diputados, el Cencos manifestó a la Cámara de Senadores su desacuerdo con la minuta de referencia señalando que la misma «promueve en todo su texto la generación y tolerancia de prácticas monopólicas por parte de los concesionarios actuales, quienes además podrán desarrollar con el consentimiento de la ley, prácticas desleales de competencia afectando directamente a otras empresas y medios de comunicación interesados en ingresar a dicho mercado, limitando no sólo la libre competencia, sino también la generación de nuevas versiones en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión».

Y es que de acuerdo con las cifras dadas a conocer apenas hace un par de años, por la Revista Razón y Palabra, al igual que en la distribución de la riqueza en México, la radio y la televisión mexicanas presentan una de las más altas concentraciones de entre los diversos países del orbe, gracias a la discrecionalidad con la que el Estado mexicano ha manejado el otorgamiento de las concesiones. Así, «el 76 por ciento de la radio comercial la detentan catorce familias. Son cuatro grandes cadenas las que concentran casi la mitad del total de las emisoras».

Por lo que se refiere a la televisión, Televisa opera 306 estaciones, lo que hace el 57 por ciento del total, en tanto que su competidor, el corporativo de TV Azteca, tiene 180 estaciones, es decir, el 30 por ciento del total. Así entonces, el 87 por ciento de las estaciones de televisión están acaparadas por esa dupla empresarial, de tal suerte que con la reforma aprobada ya no habrá límites para los poderosos consorcios monopólicos.

Las reformas están hechas. Reprobadas o rechazadas por tantas voces, pero ya están. Un aire de indignación, de frustración e impotencia recorre diversos sectores. Hay quienes todavía confían en un posible veto del presidente de la República, sin embargo, no habrá tal, no hay que olvidar que en octubre de 2002, el Ejecutivo hizo a un lado sus compromisos con la nación y el interés público y pactó con el duopolio entre otras cosas, la renuncia al 12.5 por ciento del tiempo de transmisión a que tenía derecho el Estado. Todavía se recuerda a una sonriente Marta Sahagún, recibiendo el reverencial beso en la mano del complacido vicepresidente de la empresa Televisa, apenas anunciado el acuerdo presidencial, de tal forma que por el lado presidencial no hay ningún veto que esperar.

No obstante, todavía queda el camino de la controversia constitucional que un grupo de senadores de distintos partidos se encuentra preparando, en virtud de la inconstitucionalidad manifiesta en la reforma aprobada el antepasado jueves. Igualmente la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales AC manifiesta la intención de interponer un amparo contra las modificaciones, considerando que viola preceptos fundamentales de la Constitución. Aun si en este tiempo no se lograran revertir dichas reformas, nada es para siempre y tal vez la próxima Legislatura deshaga los entuertos. Cuando menos, los ciudadanos tendríamos que condicionar nuestros votos a ese y otros compromisos por México y exigir rendición de cuentas a los diputados que se supone nos representan. Sí, que rindan cuentas por el perjuicio que con su voto le han ocasionado al país. Comencemos por los de la casa, demandemos las explicaciones necesarias y obligadas a los diputados michoacanos que votaron a favor de las reformas perniciosas. ¿Con qué calidad moral pretenden algunos de ellos que se les vuelva a dar el voto?