Opinión

MORELIA
Repercusiones
De la democracia hacia la dictadura
Las elecciones concurrentes significan un paso de la democracia a la dictadura, por lo que el Poder Judicial debe evitarlas
Samuel Maldonado B. Martes 29 de Agosto de 2006
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«Es característica de todo régimen constitucional la garantía de la legalidad; esto es la obli-
gación del poder público de actuar de acuerdo con el mandato jurídico» (Emilio O Rabasa). Ningún grupo de hombres puede pasar pues, por sobre los principios jurídicos. De hacerlo se estarían dando los pasos para terminar con un régimen democrático y entrar a la dictadura. Tal como se pretende, lo mismo es autoprolongarse el mandato por seis, por ocho meses, que autorizarse, por ellos mismos, su ejercicio constitucional en forma vitalicia.
La Constitución Política del país fue promulgada, como es del conocimiento general, a principios del siglo pasado. Desde esa misma fecha comenzó para este documento una interminable lista de modificaciones que la han cambiado en sus aspectos más sustanciales. A lo largo de los años, pareciera que los congresistas en lo general, Legislatura tras Legislatura, si no la modifican, no tendrían sentido de ser y dejaría de tener sentido su propia elección. Con tantas modificaciones ya, principalmente para satisfacer los intereses del poder neoliberal, demuestran a la ciudadanía que los únicos que no tienen razón de ser, serían precisamente los legisladores, que consideran que los males del país sólo se pueden componer por decreto y nada más fácil que pegarle otros parches, eso sí, con mucha solemnidad, a nuestra Carta Magna.
En los últimos años, un buen número de analistas políticos y desde luego, estudiosos de la Constitución, hemos indicado que antes de seguir haciendo parches para enmendarla, se debiera realizar un estudio exhaustivo sobre ella y así, con precisión, conocer cuáles artículos hay que regresarlos a su origen, cuáles corregir u otros que adherir; un punto importante de coincidencia para solucionar males endémicos o crónicos que tiene la República, es el que bastaría sólo el respeto absoluto a los principios que legalmente nos rigen, para avanzar cuantitativa y cualitativamente.
Por eso me parecen falsos los argumentos que actualmente se sostienen en el Congreso del Estado que para corregir gastos, dispendios y frecuencia en las elecciones habría que hacerlas concurrentes. A falta de iniciativas, lo más sencillo, en este caso, es cambiar la Constitución local sin pensar que «cambiándola» lo único que hacemos es eliminar el aspecto democrático que nos debiera regir y dar un paso en falso y finalmente pasar por encima del derecho, mismo que reglamenta y limita a todo el poder público.
Con el propósito de la concurrencia, los diputados locales lo que van a encontrar son ocho meses más de salario y de paso autorizar tiempo extra a presidentes municipales pasando por encima del derecho y éste terminar subordinado a la opinión de unos cuantos. Los diputados actuales fueron electos por un periodo de tres años (así lo marca la Constitución del Estado) y este periodo no puede modificarse por ellos mismos para beneficio de ellos mismos.
De darse lo anterior, ya una vez se lesionó la Constitución (¿por qué no hacerlo más veces?) daremos otro paso, de la democracia a la dictadura, que son dos cosas diferentes, por lo que el Poder Judicial no debe permitir tales pretensiones. Recordemos que sin facultades expresas no hay facultades implícitas. Unos cuántos no pueden subordinar el derecho a su voluntad y así como piensan en tener un gobernador interino por designación, así podrán, cuando tengan otra ocurrencia, alargar el término de su mandato hasta hacerlo a perpetuidad. Los legisladores están confundiendo la magnesia con la gimnasia y sin facultades expresas no pueden autorizar lo que pretenden.
¡Sí!, efectivamente podrían ampliarse los mandatos populares siempre y cuando no fuesen ellos los directamente beneficiados. Para que sea más claro: ni el Congreso de la Unión (salvo ratificación de la mayoría de las legislaturas de los estados) ni ningún Poder Legislativo estatal deben (sí pueden) expedir leyes que requieren facultades expresas, pues el derecho reglamenta y limita al poder público. La Constitución Política de la República Mexicana es muy clara ¡Respetémosla! No debe subordinarse la voluntad de unos cuantos que fueron electos por la voluntad popular sólo y para tres años, ¡no más!