Opinión

MORELIA
La concurrencia va
Las elecciones concurrentes contienen violaciones a principios fundamentales de la democracia y la Constitución
Columba Arias Solís Viernes 1 de Septiembre de 2006
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Después de varios meses de enorme promoción mediática, la propuesta para las denominadas elecciones concurrentes en el estado de Mi-
choacán aterrizó en el Congreso michoacano, previa la firma de un acuerdo suscrito por los representantes de las fuerzas vivas de la política en la entidad, lo que propició las enhorabuenas vertidas por diferentes personajes de los sectores políticos, empresariales y de la sociedad en general, quienes hicieron un amplio reconocimiento al consenso logrado entre los distintos grupos partidistas que discrepancias aparte, coincidieron en ese propósito.
El proyecto de concurrencia se convirtió en iniciativa, dispensada la segunda lectura fue votada y aprobada por la mayoría de los legisladores -por cierto la diputada Citlali Fernández como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales presentó un dictamen de minoría que proponía otra alternativa de concurrencia, pero que fue desechado por sus pares. Así, las reformas a la Constitución Política del Estado de Michoacán ya son un hecho y se concretarán también en otros ordenamientos.
Para sustentar y justificar su propuesta, en la exposición de motivos de la iniciativa de referencia, los legisladores argumentaron entre otras cuestiones que «la concurrencia de elecciones propicia una mayor y mejor preparación de los procesos electorales, evitando a la sociedad el desgaste que durante tantos años ha tenido y por el que se explica, en una buena medida la existencia de un alto porcentaje de abstención»; asimismo señalan que «la concurrencia de elecciones representa ventajas en el desarrollo y la aplicación de la normativa administrativa y jurisdiccional relativa al buen desempeño de las campañas electorales»; en otro de los argumentos en pro de la iniciativa consideraron que, «contar con campañas electorales que se desarrollan simultáneamente y bajo marcos legales compatibles, ayuda a que las elecciones federales y estatales cuenten con mejores condiciones para la asignación de lugares de uso común para fijar la propaganda electoral, la administración del acceso a los medios de comunicación, el monitoreo de los propios medios de comunicación, la atención de quejas administrativas y la resolución de medios de impugnación, así como para las labores de fiscalización».
La iniciativa aprobada el jueves, reforma los artículos 20, 29, 31, 33, 51, 54, 60 y 117 y deroga el segundo párrafo del artículo 112, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Estas reformas se traducirán no solamente en cambios de fechas para la realización de elecciones, sino lo más importante y lo que más polémica ha causado, en la ampliación del periodo de ejercicio tanto de diputados locales como de presidentes municipales actuales, quienes se prorrogarán en el cargo muchos meses después de haber concluido el periodo de tres años para el que fueron electos.
Así también, la reforma contempla que el periodo de los próximos presidentes municipales tendrá una duración de cuatro años y medio en lugar de los tres años previstos en la Constitución Política del Estado y sustituye la elección directa de gobernador por la designación que el Congreso hará para desempeñar ese cargo por casi dos años.
Pareciera ser que los legisladores auspiciantes y votantes de esta iniciativa, inmersos en las posibles ventajas de la concurrencia, pasaron por alto que sus reformas contienen violaciones a principios fundamentales de la democracia y de la máxima norma que rige a los mexicanos, es decir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo, es requisito indispensable de la misma el sufragio libre y directo de ese pueblo.
Las reformas aprobadas constituyen una tácita reelección por cuanto ve a presidentes municipales y diputados locales contraviniendo lo establecido en el artículo 115 constitucional, haciendo a un lado además el principio de irretroactividad de las normas establecido en nuestra ley fundamental para garantizar la seguridad jurídica, puesto que las elecciones que dieron origen a los diputados y presidentes municipales son un hecho ya del pasado y aplicarles la futura legislación, hará retroactiva la disposición legal.
Con la designación de un gobernador que se desempeñará por un periodo de casi dos años, se dará esquinazo a la determinación constitucional del artículo 41 que dispone que «la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas y violentará también el artículo 116 que estipula la elección directa de los gobernadores de los estados.
No se requiere ser un experto o un perito en derecho para advertir que parte de esta reforma se opone a los mandamientos constitucionales, por tanto, sorprende que los legisladores que la aprobaron tal cual, no hayan notado en el cuidadoso análisis que seguramente hicieron, la responsabilidad en que pueden incurrir al aprobar leyes que contravengan las disposiciones constitucionales, lo que los puede hacer sujetos de juicio político de acuerdo con lo previsto por la propia Constitución. Y es que no debe perderse de vista que las disposiciones establecidas en la denominada Ley de Leyes, no pueden ser contravenidas por ningún otro ordenamiento, así sea la Constitución local de cualquier entidad federativa, ya que en la jerarquía de las leyes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está por encima de cualquier otro cuerpo de leyes.
En diversos medios se externaron opiniones de reconocidos abogados, alertando sobre las inconsistencias y posibles violaciones constitucionales, sin embargo fueron dejados de lado y sus señalamientos descalificados, por considerar a sus emisores como opositores a ultranza del gran acuerdo político. Los michoacanos tendremos concurrentes a medias y en el horizonte se avista la controversia constitucional.