Opinión

MORELIA
La falacia del «federalismo educativo»
Juan Pérez Medina Jueves 14 de Septiembre de 2006
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Primera parte
Los propósitos de la descentralización, llamada también federalismo educativo, consistieron en poner fin a las obligaciones de la SEP y transferir éstas a las au-
toridades estatales y municipales, con la finalidad supuesta de desmontar el centralismo y generar la participación de los tres niveles de gobierno en la conducción educativa y garantizar la participación de los padres de familia; cuestión que no ha ocurrido, y mucho menos en el último caso, donde al contrario, las determinaciones no sólo los han excluido sino que los han obligado a asumir tareas que, de acuerdo con la Constitución, son obligación del Estado mexicano.
La descentralización de la educación no es un acto asumido por el gobierno como una necesidad legítima, sino que deviene de los proyectos «modernizadores» impuestos por los organismos internacionales financieros en el mundo (FMI), como mecanismo para desmantelar el estado de bienestar y favorecer la dinámica de desarrollo del capital. Es la estrategia donde el Estado se retira de sus obligaciones sociales, para dejar en manos de las comunidades el desarrollo de los servicios, en un contexto de rezago creciente «y disminución generalizada de beneficios materiales, como lo propician los programas de ajuste estructural».
Este proceso no inicia con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (CSG), sino que tiene antecedentes de varios años antes; ya en los años 70, se habían creado las delegaciones estatales, que luego se convirtieron en los órganos oficiales de los Servicios Coordinados de Educación Pública y a la conformación de los Consejos Estatales de Educación, quienes dieron paso a los primeros convenios en el sector, que terminaron siendo el preámbulo de lo que fue finalmente el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en 1992, que consolidó la estrategia de la descentralización. En el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, en medio de una serie de transformaciones económicas y de la implementación de las políticas de ajuste estructural, se elaboró el programa denominado Revolución Educativa que, al menos en el discurso, pretendía contrarrestar la parálisis en que se encontraba el sistema educativo, demandando hacer una serie de modificaciones bajo la consigna de «hacer más con menos». Bajo esta propuesta, y en medio de una severa crisis, el sistema educativo observó una fuerte disminución presupuestal, con el consiguiente estancamiento en el crecimiento de los servicios; una profunda caída en los salarios de los trabajadores de la educación y un mínimo gasto en inversión. La situación del país hizo que los gobiernos de ese entonces realizaran la descentralización bajo presiones del FMI, ante la necesidad de recursos para hacer frente a los desequilibrios financieros y con la idea de que dichas medidas menguarían la fortaleza del SNTE y sobre todo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en franco crecimiento; además de desarrollar políticas de financiamiento alternativo para el sector que disminuyera el gasto del Estado. Según Carlos Ornelas, la descentralización de la SEP obedeció a «varias causas: fortalecer el federalismo, disminuir la ineficacia del sistema, modificar las relaciones históricas con el sindicato, administrar mejor el conflicto y mejorar la imagen internacional del Sistema Educativo Nacional»; esto último, en el afán de que organismos como la UNESCO y el FMI, aparte de atraer nuevos créditos, pusieran al modelo mexicano como ejemplo para otros países.
Pero para Bray, la principal razón para realizar la descentralización fue la de «… esparcir la carga financiera de la educación». Con él coinciden Tedesco y Prawda, quienes agregan la desarticulación de las organizaciones sindicales».
La política de modernización educativa transitó los senderos de la desregulación jurídica, con las modificaciones al artículo tercero constitucional, la firma del ANMEB entre los estados y la Federación, la creación de la Ley General de Educación y las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.
El ANMEB señala: «El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas de la República celebran, en esta misma fecha, convenios para concretar responsabilidades en la conducción y operación del sistema de educación básica y de educación normal(...) Corresponderá a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos (...) El Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo gobierno estatal recibe, con los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles (...)». Como puede observarse, la nueva concepción educativa desregula el sistema y realiza una serie de modificaciones estructurales que acaban con la visión de unidad nacional que de la educación se había venido teniendo históricamente.
Cabe destacar aquí como algo necesario por ser característico del proceso de federalismo educativo, el incesante proceso privatizador de la educación, como consecuencia lógica del retiro del estado de la tarea social de educar. Si bien es cierto que el presupuesto educativo en la última década ha experimentado una tendencia creciente en términos nominales, con salvedad del año de 2001; los recursos aun son insuficientes y apenas representan el 4.4% del PIB; muy lejos de la obligación Constitucional del 8%. En esta deliberada empresa, la educación observa rasgos mercantilistas, cuando son las instituciones privadas las que crecen considerablemente, muy por encima del desarrollo de la inversión pública en la materia
Lo cierto es que el proceso de descentralización de la educación ha estado muy lejos de ser un proceso de mejora para el sistema y, sobre todo, de avance democrático, cuando está probado que las entidades aun no adquieren facultades para tomar decisiones en políticas educativas generales y, mucho menos, se ha alcanzado la participación de la sociedad, comenzando por los propios maestros. Los crecientes recursos educativos que se menciona que ahora reciben los estados son, en términos reales menores en comparación con el ritmo del crecimiento de la cobertura y las necesidades educativas; el gobierno federal ha incumplido deliberadamente con la obligación constitucional de otorgar los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes, dejando paulatinamente esta tarea a las entidades y los municipios, quienes sin los recursos suficientes han descargado en los padres de familia y las propias escuelas el financiamiento o de plano han amenazado con regresar los servicios a la Federación como ha ocurrido con Tlaxcala, Oaxaca, Sinaloa y ahora, en días recientes con Zacatecas.