Opinión

MORELIA
La falacia del «nuevo federalismo educativo» en crisis
El proceso desigual de la descentralización educativa, basado en las inequitativas inercias históricas de presupuestación, ha llevado fuertes presiones a los estados más pobres
Juan Pérez Medina Lunes 25 de Septiembre de 2006
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Los rezagos existentes a la hora de recibir los servicios educativos por parte de los estados con la firma del ANMEB, en la mayoría de los casos se han agudizado, fundamentalmente por falta de recursos. Una afirmación hecha por el mismo Latapí y Manuel Ulloa reafirma esta tendencia cuando mencionan que «… las actuales pautas de distribución de los recursos federales a las entidades federativas para los niveles de enseñanza básica no obedecen a criterios claros, objetivos y consistentes; son más bien el resultado histórico de situaciones creadas por el desigual desarrollo de los subsistemas estatales de educación o producto de las negociaciones bilaterales, decisiones discrecionales o también quizá, de la diferente capacidad de gestión de los ejecutivos estatales. Desde el punto de vista financiero, la «federalización» de 1992, simplemente se congeló y proyectó a futuro las enormes asimetrías con que se venían distribuyendo los recursos federales para la educación básica, sin intentar, con esa ocasión, revisar su significación dentro de las relaciones hacendarias de los estados con la Federación». Pero, reconociendo que lo anterior sólo es una tendencia de lo que aquí se intenta aclarar, habría que mencionar que mientras en 1988 el gasto educativo era de 5.2 por ciento, actualmente, éste alcanza apenas 4.4 por ciento del total, observándose una tendencia creciente de aportaciones estatales, de las comunidades y de los padres de familia donde se enclavan las escuelas.

El federalismo educativo ha sido el proceso por el cual se han descentralizado las funciones administrativas del sistema, involucrando a las autoridades estatales, municipales, comunitarias y a los padres de familia en funciones de vigilancia, financiamiento, operación y funcionamiento de los centros educativos. La Federación conserva para sí, las funciones fundamentales del SEN, como son: las jurídico-normativas, político-educativas y político-financieras. Así, las instancias federales dejan en sus manos los elementos de carácter estratégico en un manifiesto afán recentralizador, que se desprende de las visiones hegemónicas internacionales del capital monopólico. Con ello, se trata de imponer nuevos paradigmas que permiten la intervención más directa de otros agentes o grupos sociales, que desde hace tiempo vienen clamando por su participación, en tanto que el estado se retira paulatinamente. Esta reforma le abrió la puerta a la iniciativa privada nacional y extranjera y a la Iglesia, quien ve en estas medidas la posibilidad de consolidar sus consorcios educativos económicos y de evangelización.

También estimulan un proceso de estratificación más sistemático y agresivo que elitiza el derecho a la educación, convirtiendo a ésta en una mercancía para quien la pueda comprar. De esta manera ocurre que en la medida en que avanzan los individuos por los grados educativos, la misma condición social, en un primer momento, los vaya dejando fuera; en un segundo momento, sea la cobertura la que se encargue de ello, al no existir más instituciones que absorban la demanda y sólo se quedarán los más aptos y, finalmente, el propio mercado de trabajo se encargará de excluir a los que no son necesarios, una vez que el proceso formativo ha terminado en una especie de «darwinismo educativo». Aún hay más, para el gobierno de derecha actual, es prioritario el uso «eficientista» de los recursos educativos. Esto es, que se promueva el mayor ahorro económico, de tal manera que éste corresponda a los resultados esperados. Se trata de estimular la inversión privada y, al mismo tiempo, disminuir la carga presupuestaria por parte del estado en materia educativa.

En resumidas cuentas, la descentralización educativa como estrategia económica se explica por un lado, como «la implantación de la política del estado en el ámbito educativo, la cual responde a los lineamientos del FMI y el BM y a los acuerdos establecidos en el TLC», para abrir mayores espacios a la inversión de capital privado nacional y extranjero, y por otro, en mayor control en la administración y financiamiento del servicio público, especialmente, a través de una asignación diferenciada de recursos y el control de los salarios de los trabajadores, sobre bases de evaluación de la «productividad» (carrera magisterial), al tiempo que delega las facultades operativas a las entidades federativas y los municipios y descarga el gasto paulatinamente, pero de manera cada vez más incesante en los padres de familia mediante los programas de Escuelas de Calidad, las aportaciones económicas «voluntarias» y las aportaciones porcentuales obligadas que tiene que realizar en la ejecución de obras materiales escolares de participación convenida.

También ha significado el proceso por el cual se desmantela la presión sindical, al diseminar la acción de la disidencia (CNTE) y la unidad del SNTE, con la creación de los patrones sustitutos en que se convirtieron los gobiernos estatales con la firma del ANMEB y la ejecución de negociaciones locales.

El proceso desigual de la descentralización educativa, basado en las inequitativas inercias históricas de presupuestación, que no ha atendido las necesidades reales de cada entidad, ha llevado fuertes presiones a los estados más pobres, quienes paulatinamente hacen aportaciones porcentuales mayores en relación con la Federación para hacer frente a las presiones propias del crecimiento y mantenimiento del sistema educativo, generando un desequilibrio y déficit financiero que en varios casos se está haciendo imposible de sostener, como ocurre en Michoacán.

Lo anterior viene ocasionando el deterioro permanente de las escuelas públicas y obligando a los maestros a persuadir o imponer altas y permanentes cuotas a los padres de familia para mantenerlas en condiciones más o menos habitables, haciendo que la escuela pública que por ley debería ser gratuita y de calidad, desfallezca ante el creciente mercado educativo que, además oferta servicios adicionales al currículo, que por cierto es en la mayoría de los casos un espejismo, un gancho para atraer clientes, pues el ofertar opciones adicionales al currículo sin extender el horario de clases acaba, por consecuencia, limitando los contenidos educativos del programa oficial establecido y obligatorio, de acuerdo con la normatividad vigente.