Opinión

MORELIA
Señor gobernador: ¡actúe ya!
Es necesario que las autoridades estatales pongan orden en lo que les compete en torno al conflicto minero porteño
Juan Pérez Medina Jueves 22 de Febrero de 2007
A- A A+

El pasado viernes 2 de febrero (aniversario 37 de la muerte del guerrillero profesor Genaro Vázquez Rojas), en el puerto de Lázaro Cárdenas fueron agredidos
con premeditación, alevosía y ventaja varios obreros de la empresa Sicartsa, la mayoría despedidos injustamente por la actual dirección local, con el contubernio del charro sindical Gómez Urrutia y en lucha desde hace varios años por su reinstalación.
La agresión fue ordenada y encabezada por el comisionado nacional Mario García y el secretario general de la Sección 271 del Sindicato Minero y realizada en las instalaciones de la empresa social de agua purificada propiedad de los mineros despedidos, que se ubica en la comunidad de Guacamayas, hasta donde fueron buscados.
El IMSS informó, de acuerdo con información del diario La Jornada Michoacán, que derivado de la trifulca, esta institución atendió a 28 mineros, de los cuales 24 fueron trasladados a Morelia y cuatro recibieron auxilio médico en el Hospital Regional.
Al respecto Delfino Garibay Ochoa, delegado del IMSS en la entidad, informó que los pacientes internados en Morelia son: Rafael Ayala Higuera, herido de arma de fuego en ambas piernas; Alejandro Cadena Jiménez, Martín Camarena Ángel, Cenen Pérez García, Andrés Gómez Barranco, Francisco Guevara Calderón, Roberto Corona Rayo, Pablo Fajardo Covarrubias, Julio César Martínez Cáliz, Jesús Mendoza López y José Roberto Reyes Carvajal, todos ellos politraumatizados, así como Saúl Valenzuela Izazaga, que presentaba trauma craneoencefálico leve; Pedro Rubio Rico, fractura en tobillo derecho; Ricardo Reyes Carvajal, Marcos Reyes Carvajal, Francisco Cáliz Guillén, Martín Camacho Ángel y Domingo Salgado Melgarejo, golpeados.
El funcionario informó que fueron dados de alta Carlos Amador García Reyes, Cornelio Castillo Aguirre, Miguel Pedraza Vázquez, Benigno Morales García, Tomás Flores Correa y Fernando Zamora Gallego. De los cuatro mineros que fueron atendidos en el hospital de Lázaro Cárdenas, Miguel Duarte Cruz permanece en esa institución por lesión ocular, mientras que los otros tres fueron dados de alta.
El conflicto al interior de la Sección 271 del sindicato minero no es nuevo; pues sin elemento alguno Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del CEN minero (por herencia de su padre), destituyó a César Reyes e Inocencio Alcocer Solares de sus cargos en el Comité Ejecutivo de la Sección dejándolos cinco años sin derechos sindicales, para luego pedir a la empresa su despido. Las causas de tales hechos fueron ocasionadas por denunciar ante sus compañeros el manejo inadecuado de los recursos del sindicato y los fondos de los trabajadores; además de los acuerdos que a sus espaldas venían realizando el enviado del CEN, Mario García y el anterior secretario general, fallecido de manera repentina y misteriosa en una visita que hiciera a la Ciudad de México, tiempo después.
Junto con ellos fueron despedidos posteriormente otros siete trabajadores más y con ello acalladas todas las voces que intentaran solidarizarse con los despedidos o que, incluso, osaran reunirse con ellos.
Los despedidos de aquel entonces fueron sumando más compañeros y con ellos iniciaron la lucha por ser reinstalados interponiendo una demanda ante la Junta Federal de Conciliación en la Ciudad de México. Durante todo ese tiempo han recibido la solidaridad de la mayoría de sus compañeros de base porque saben que en la lucha obrera se han significado por su compromiso y solidaridad. (De lo anterior pueden dar cuentas los trabajadores del SNTE de Lázaro Cárdenas, los trabajadores despedidos de Fertinal, los trabajadores de confianza de Imexsa y los de Capalac, entre otros, a los cuales han acompañado en sus reivindicaciones salariales y laborales bajo el riesgo compartido de la represión; lo que en el caso de César Reyes, le valió una demanda penal en su contra. Los trabajadores que fueron sujetos a proceso judicial y por ello encarcelados de las empresas de Fertinal y de Carbontec, son testigos de la solidaridad permanente de este compañero en la lucha por alcanzar su liberación). Actualmente son 46 los despedidos por órdenes de la dirigencia charra de Gómez Urrutia.
No es esta la primera agresión que sufren estos trabajadores. Ya en otras ocasiones han golpeado a varios de ellos y herido con navaja a dos y quemado y destruido uno de sus vehículos. El gobierno del estado tiene constancia y evidencia de ello, sin embargo nunca ha actuado en contra de estos personeros.
En esta ocasión, los culpables están a la vista, sin que hasta el momento las autoridades hagan lo que les corresponde y a lo que la ley les obliga. Ya en el caso de la represión que costó la vida a dos trabajadores se equivocaron totalmente con su actuación y, al parecer, así está ocurriendo ahora.
No fue una riña entre trabajadores como se intenta afirmar, sino una alevosa agresión que debe ser castigada. Actuar con impunidad sólo hará que en el futuro estos rufianes logren sus propósitos y actúen como lo han venido haciendo hasta ahora con toda la saña de que son capaces.
La causa que motivó el hecho fue la repartición de un volante que los agredidos estaban realizando por las calles de Lázaro Cárdenas. Lo que hizo enfurecer a la dirigencia charra de Gómez Urrutia y comenzaron a perseguir a los trabajadores hasta llegar a la empresa social de agua purificada. Ahí los agarraron a golpes, los patearon a placer, quemaron la empresa y varios de los vehículos repartidores; luego se los llevaron a la Puerta Dos de Sicartsa, donde se burlaron de ellos y continuaron golpeándolos de marea inmisericorde orinándose, incluso, sobre ellos.
De acuerdo con versiones del secretario de Gobierno, Enrique Bautista, el secretario general de la Sección 271 del SNTMMSRM, se ha comprometido a ya no reprimirlos más si se comprometen a ya no continuar sacándoles volantes. Eso les ha planteado el «señor» secretario de Gobierno a los trabajadores agredidos. Vaya desfachatez.
Señor gobernador: Usted conoce a los responsables de esos descarados actos de violencia y sabe las causas de los mismos. Le solicito, le exijo que actúe. El 10 de febrero, los charros de Gómez Urrutia se volvieron a aposentar en el lugar donde sucedieron los hechos de manera amenazante. En la Escuela Primaria Escuadrón 201, ubicada en la colonia Copalac, intentaron destruir una camioneta repartidora de agua purificada que utiliza el profesor Filemón Acosta, pero los maestros se los impidieron. Señor procurador, señor secretario de Gobierno: ¿Hasta cuándo van a actuar correctamente y a hacer lo que les corresponde? ¿Qué están esperando? ¿Que maten a alguno de estos u otros trabajadores por el delito de disentir?
Si otro de mis compañeros es tocado por estos golpeadores, sólo usted, señor gobernador y su gabinete de seguridad serán los responsables, como lo son ahora de estos terribles hechos ante los cuales le exijo justicia. ¡Basta de impunidad!