Opinión

MORELIA
Las carreteras
Bien harán los diputados en solicitar la comparecencia del secretario de la SCT, para que explique con lujo de detalles el anunciado programa de reprivatización carretera de esta administración, así como exigir los costos y gastos del rescate carretero
Columba Arias Solís Viernes 9 de Marzo de 2007
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El pasado día 1 de este mes, el titular del Poder Ejecutivo con bombo y platillo hizo el anuncio de un nuevo programa de construcción de carreteras que
según dijo, comprendería modelos de participación pública y privada, de acuerdo con el siguiente esquema: en primer término, los proyectos de prestación de servicios en donde el sector privado se encarga de la construcción de la carretera y de su mantenimiento durante determinado tiempo sin realizar cobros pero recibiendo a cambio una contraprestación por parte del sector público; el aprovechamiento de activos, el cual toma en consideración los flujos generados por las autopistas de cobro que ya existen y cuyos recursos -según se dijo- permitirán acelerar el desarrollo de la infraestructura carretera; y un nuevo esquema de concesiones de autopistas de cobro.
Este último modelo del proyecto anunciado encendió desde el primer momento las señales de alarma en las bancadas del Congreso y de ciertos sectores políticos, puesto que de acuerdo con el planteamiento presidencial, se volverán a concesionar muchas de las autopistas que el gobierno federal rescatara del quebranto en que las compañías constructoras las dejaron hace cerca de diez años.
Como se recordará, en agosto de 1997 el gobierno federal asumió el rescate de más de seis mil kilómetros de autopistas que fueran concesionadas a diversos particulares durante el sexenio gubernamental de Carlos Salinas. El costo de este salvamento financiero alcanzaría una cifra superior a los 60 mil millones de pesos con cargo desde luego al erario público, o lo que es lo mismo, a los contribuyentes mexicanos que de esta forma tendrían que pagar la defraudación cometida por las grandes constructoras ligadas -según se decía- al salinato.
Saneada la economía de esas 23 autopistas rescatadas por el gobierno federal y administradas por el mismo, de acuerdo con el anuncio presidencial, éstas serán ahora el puntal del nuevo programa carretero que como ya se comentó volverán a entregarse en concesión a los particulares, lo que desde el primer momento ha levantado una serie de protestas de quienes consideran una barbaridad reproducir el fracasado esquema de hace casi diez años.
Ante la ola de inconformidades el director de Banobras se apresuró a explicar que el Programa de Aprovechamiento de Activos de la administración calderonista por medio del que se concesionarán las carreteras que se encuentran en el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, «permitirá el pago de la deuda total de este fideicomiso seis años antes de lo previsto», ya que según abundó «hasta diciembre de 2006 el FARAC tenía un saldo de 160 mil millones de pesos, los que se tenían previstos liquidar en el año 2019», no obstante, según García Tamés «con los recursos que se alcancen producto del esquema, ello sucedería en 2013».
De lo señalado por el funcionario citado, se desprende que las cuotas de las carreteras que se encuentran en el Fideicomiso de Rescate son destinadas al pago de pasivos, al mantenimiento y a la operación de aquéllas, por lo que los recursos que se obtengan de las nuevas concesiones servirán en parte para el pago de la misma deuda del rescate carretero, ya que se esperan obtener 75 mil millones de pesos, de los que 50 mil millones serán destinados al pago de deuda.
Luis Téllez, titular de la SCT, encendió la polémica al manifestar que el rescate carretero no costó a los contribuyentes, sino que se ha estado pagando con las mismas cuotas que generan las autopistas, lo cual ha sido refutado por los integrantes del Congreso e incluso la misma bancada de Acción Nacional a través del diputado Héctor Larios manifestó categóricamente que «el rescate carretero sí costó a los ciudadanos, sí costó al erario público».
En abono a esta última afirmación, existe un estudio que realizara el Centro de Estudios de las Finanzas públicas de la Cámara de Diputados -publicado por El Financiero- en el que se explica el costo financiero del Programa de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas y en el que se da a conocer que la deuda bancaria asumida por el gobierno federal para el rescate carretero ascendió a 36 mil 646.1 millones de pesos, más los 21 mil 78.6 millones que se destinaron al pago de indemnizaciones de los participantes a través de los Pagarés de Indemnización de Carreteras. De tal forma que el costo total del rescate carretero sufrió un incremento del 150 por ciento, entre los años de 1997 a 2006, ya que de los 58 mil 123 millones de pesos, pasó a la cantidad de 143 mil 442 millones, «resultado de la emisión de pagarés por parte del Fondo de Apoyo».
Luego entonces, bien harán los diputados en solicitar la comparecencia del secretario de la SCT, para que explique con lujo de detalles el anunciado programa de reprivatización carretera de esta administración, así como también exigir a quienes tienen la información de los costos y gastos del rescate carretero para que sean dados a conocer públicamente, porque no debe permitirse que en unos años más, el gobierno reproduzca la misma onerosa historia de quebrantamiento de las finanzas públicas.