Opinión

¡Honor, favor y justicia!
Samuel Maldonado B. Martes 20 de Marzo de 2007
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La ciudad capital y otras importantes en el estado, como en toda la República y como tantas veces ha sucedido desde hace ya muchos años, ha estado cautiva por diferentes organizaciones, unas solicitando o exigiendo cambios a la forma del gobierno federal, buscando con esto reivindicar, defender o recuperar algún derecho que ha sido o está amenazado de ser desposeído; por ejemplo, para demandar un incremento salarial o para que se dé un paso atrás a las privatizaciones que han dejado al país casi en la ruina, acción de movilización que se entiende porque se hace en defensa del interés nacional.

Las más frecuentes de las manifestaciones tenidas se identifican con las derivadas de las diferencias entre las diversas organizaciones o sindicatos, cuyos pleitos «fraternos «los dilucidan públicamente, a la mitad de la calle, quemando, en el caso de los transportistas, las unidades motoras, o bien, en el caso de los «maestros», vergonzosamente vejando a sus compañeras por el solo hecho de no pensar igual, todo en perjuicio propio y de las poblaciones de nuestras ciudades.

Los estudiantes no se quedan atrás, pues a cualquier negativa a la satisfacción de sus intereses es motivo más que suficiente para tomar instalaciones educativas y dañar a terceros injustificadamente.

Se entienden pues las manifestaciones y las molestias ocasionadas cuando éstas van efectivamente en la reivindicación de los derechos, pero cuando vejan y se cometen delitos, como en el caso de la maestra Sanjuana Soriano, delegada del SENTE en Michoacán, oriunda del estado de Hidalgo, a la que montoneramente secuestraron, la condujeron a la Plaza Melchor Ocampo, arbitrariamente la pelaron, la embadurnaron con huevo, la humillaron, etcétera, en un acto de cobardía, soberbia y prepotencia ilimitadas, no se encuentra justificación alguna, por más tolerante que uno sea.

Muchos de los delitos ocasionados por los manifestantes, estudiantes y sindicatos magisteriales (CNTE y SNTE), transportistas, antorchistas, han sido para presionar a las autoridades educativas y de gobierno y obtener la satisfacción a sus inquietudes solicitadas o para que les cumplan promesas de gobierno presuntamente ofrecidas.

Las consecuencias de estas movilizaciones, justificadas o no, las ha pagado la población de la capital a un alto precio. La semana anterior (jueves y viernes) la ciudad estuvo secuestrada por una facción del magisterio (CNTE) y por organizaciones del transporte público identificados con un partido antagónico al que del gobierno procede. Éste, el gobierno, permanentemente ha sido tolerante, como producto de lo que se entiende es un Estado moderno; es decir, un Estado que tiene que ser respetuoso de los derechos a manifestarse, tolerante, atento y respetuoso con sus ciudadanos. Lo anterior, de ninguna manera debe confundirse como un Estado débil y los actos de arbitrariedad cometidos deben castigarse.

Era una norma de conducta seguida por el Benemérito don Benito Juárez García el tener un Estado en el cual, se privilegiara el respeto al ciudadano y a las naciones; uno de sus lemas o norma de su conducta como gobierno, se encierra en unas cuantas palabras: «Para los amigos, honor, favor y justicia; para los enemigos, simplemente la aplicación de las leyes». Y precisamente por lo anterior, recibí con mucha simpatía las declaraciones del secretario de Seguridad Pública en el sentido de que el gobierno había presentado, o estaba por hacerlo, las denuncias correspondientes en contra de los causantes de las movilizaciones del fin de semana anterior tenidas en la ciudad y en otras partes del estado, plenamente identificados y con pruebas de su anárquico e ilegal comportamiento.

Los argumentos de las organizaciones señaladas, que utilizando sus unidades bloquearon varias arterias y paralizaron la ciudad, son de sobra conocidos y poco soportados en la razón y menos apoyados por la sociedad michoacana, que está harta de que grupos minúsculos, que simplemente por «sus razones», causen daños y molestias a todos los ciudadanos.

Lo ocurrido el fin de la semana anterior provocó pérdidas incuantificables, que van desde el tiempo perdido por miles de estudiantes (que de por sí ya reciben una educación lastimosa gracias a la inescrupulosa actitud asumida con mucha frecuencia y en gran parte por los dirigentes sindicales del magisterio) hasta la limitación para que cuerpos de Rescate y Cruz Roja pudieran cumplir con sus responsabilidades pasando, desde luego, por el enojo de quienes ya están cansados de tanta irresponsabilidad.

Pero en tiempos preelectorales, nada es casuístico y suponer que es una presión para defender los intereses de los ciudadanos por el cobro de emplazamiento y por el alza en el costo de la vida, es ingenuo; si, por el contrario, se tratara de demostrar públicamente la incapacidad de un gobierno, que ciertamente ha tenido fallas pero que sus muchos aciertos nos hacen ver con benignidad los errores cometidos, no sería tan alejado de la verdad.

A las diversas organizaciones sindicales, el gobierno actual ha procurado apoyarlas hasta los límites económicos permisibles, se les ha atendido respetuosamente y, desde mi punto de vista, con mucha paciencia, la que seguramente suponen es una actitud de debilidad y por eso actúan con tanta grosería e irresponsabilidad.

Ojalá que las organizaciones entiendan la actitud del gobierno y que sepan que han llegado al límite de la tolerancia: si no, la aplicación de la norma de Juárez en muy sencilla. «A los amigos honor, favor y justicia...»