Opinión

MORELIA
Trabajadores migrantes
Con la misma dureza que el gobierno estadounidense emplea contra los indocumentados mexicanos, así es el trato que las autoridades de nuestro país otorgan a miles de trabajadores de otras naciones latinas, principalmente centroamericanas, en su paso por territorio mexicano
Columba Arias Solís Viernes 18 de Mayo de 2007
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El pasado fin de semana se realizó en la capital moreliana la Primera Cumbre de Comunidades Migrantes Latinoamericanas, la que congregó representantes
de trabajadores de distintos países de América Latina y quienes durante cuatro días discutieron sobre las condiciones de trabajo, el trato recibido de los gobiernos hacia donde emigran, las discriminaciones de que son objeto, la desintegración familiar que se produce cuando el hombre o la mujer emigra de sus países de origen y deja atrás a su familia. Se escucharon las voces de trabajadores que mayoritariamente emigran hacia los Estados Unidos, pero también de quienes laboran en países del Continente Europeo y cuyas condiciones de vida no difieren en mucho de las que guardan los paisanos en el vecino país.
La cumbre concluyó con las propuestas acordadas por los participantes, entre las que destacan los acercamientos con los congresos de los países receptores de la mano de obra para entregarles las conclusiones de los trabajos de Morelia, buscando se renueven las leyes y las políticas migratorias que abatan las circunstancias de exclusión social, económica, política y cultural.
Los participantes acordaron unificar esfuerzos para evitar la desintegración de las familias, así como impulsar las políticas que tiendan a dignificar la forma de vida de los migrantes.
Considerando que Michoacán es uno de los principales estados de la República Mexicana que más exporta mano de obra, resultó por demás importante escuchar las experiencias y opiniones de los representantes de trabajadores latinos a quienes la necesidad impulsa a dejar familias y aventurarse a otros países donde la mayoría se enfrenta a las condiciones más adversas, condiciones que son prácticamente las mismas en la mayoría de los países.
En relación con el tema de la migración, durante años los gobiernos mexicanos han gastado cantidades enormes de secreción salivosa, lamentando las políticas que en especial el gobierno estadounidense aplica a los millones de paisanos que se radican en aquel país y que son objeto de persecuciones, de inequidad laboral y de conductas discriminatorias en todos los ámbitos. Por años han exigido en el discurso que el Congreso de los Estados Unidos realice la reforma legal que permita la regularización de los millones de mexicanos indocumentados que laboran en aquel país. Queremos la enchilada completa -declaraba el fugaz secretario de Relaciones Exteriores del gobierno foxista- y ni chilaquiles se obtuvieron.
Por años las autoridades mexicanas han deplorado las actitudes sectarias y xenofóbicas, las condiciones vergonzantes a que son sometidos los connacionales y sin embargo, a semejanza de quienes sólo miran la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, nada dicen a propósito de la observancia de las mismas conductas que el gobierno mexicano aplica a los migrantes del sur y del centro de este continente que en tránsito o como destino llegan a México y son detenidos por la policía migratoria.
A partir de que en el año 2005 el gobierno mexicano integrara el Instituto Nacional de Migración al Consejo de Seguridad Nacional, la política seguida por la Secretaria de Gobernación y por dicho instituto ha sido la de criminalizar a los extranjeros indocumentados detenidos en territorio mexicano.
De acuerdo con lo denunciado por múltiples organizaciones no gubernamentales y grupos de derechos humanos, las estaciones migratorias mexicanas se han convertido en centros de impunidad, donde se asegura a los extranjeros aislándolos y se cierra el paso a familiares, médicos y abogados que inquieren sobre el estado de los retenidos.
Cientos de miles de trabajadores transitan por el territorio mexicano, la mayoría de paso hacia los Estados Unidos, viajando en las circunstancias más deplorables, víctimas de los polleros o traficantes de personas y también desde hace algún tiempo de las autoridades mexicanas que han convertido las estaciones migratorias de centros de alojamiento para los extranjeros sin documentos, en centros de reclusión donde el mal trato es parejo para hombres, mujeres y niños, sin que se permita que algún organismo observe o supervise las condiciones en que se mantienen a los migrantes detenidos.
Con la misma dureza que el gobierno estadounidense emplea contra los indocumentados mexicanos, así es el trato que las autoridades de nuestro país otorgan a miles de trabajadores de otras naciones latinas, principalmente centroamericanas, en su paso por territorio mexicano. ¿Con qué calidad moral puede el gobierno mexicano protestar o reclamar e incluso exigir el cese de las políticas persecutorias y la criminalización de nuestros connacionales, cuando en la propia casa se aplican las mismas conductas que se critican a los vecinos del norte? Sin duda, el comportamiento de los gobiernos mexicanos sigue siendo de candil de la calle y oscuridad de la casa.