Opinión

MORELIA
Para renovar la escuela pública en Michoacán
No se pueden negar los avances que en materia de cobertura educativa hemos alcanzado desde que se formalizó el sistema educativo nacional; pero es innegable que aún nos encontramos muy por debajo de los estándares internacionales
Juan Pérez Medina Jueves 13 de Septiembre de 2007
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Parte cuatro

El estado actual de la educación en el país no es nada satisfactorio; pues, de acuerdo a los datos otorgados por las mediciones de la OCDE, por ejemplo,
México se sitúa en los últimos lugares con respecto a los países miembros y por abajo incluso de países considerados con más bajo desarrollo, como Costa Rica, Chile o Indonesia. Michoacán, por su parte, se ubica en los últimos lugares con respecto al resto de las entidades, cuestión por demás grave si consideramos el lugar de México en el concierto de las naciones. Pero a diferencia de la mayoría de los cuestionadotes y críticos del Sistema Educativo Estatal (SEE), mi análisis va más a fondo en cuanto a las causas que arrojan tales resultados. Aquellos malintencionados o interesados en culpar a los maestros y a su sindicato de los males que aquejan al SEE se equivocan rotundamente. La mayoría lo sabe y sabiendo que lo sabe, lo afirma cotidianamente, con la intención de hacer creer a los demás su mentira. Son entes interesados en hacer aparecer a los maestros y su sindicato como causantes de la alarmante situación educativa que padecemos, con la intención de deslegitimar su lucha e impedir que se escuchen sus argumentos.
La lucha del magisterio ha sido por demandas justas que no han sido resueltas hasta ahora. Las reivindicaciones sindicales, laborales, sociales y educativas que el magisterio estatal ha levantado son, no sólo justas sino, sobre todo, necesarias. En la década de los 80, los trabajadores del país acusaron una pérdida del poder adquisitivo mayor al 70 por ciento de su salario; situación que originó el crecimiento de la disidencia en el SNTE, que ya luchaba contra la antidemocracia sindical, y que desembocó, en una primera fase, en la caída del grupo sindical charro de Vanguardia Revolucionaria y el ascenso del actual cacicazgo que encabeza Elba Esther Gordillo, en 1989. Desde entonces, el magisterio estatal de educación básica y normal inició una crítica de los cambios económicos y sociales que estaban ocurriendo en el país y en el mundo y que repercutían desfavorablemente en la educación pública. Hace 18 años que la CNTE y los maestros michoacanos alertaron sobre las graves consecuencias que esos cambios traerían para toda la población y, de manera destacada, para la educación de los hijos de trabajadores del campo y la ciudad. El neoliberalismo abrió la brecha entre ricos y pobres de manera escandalosa, a tal grado que mientras más se suman las grandes fortunas a la lista de los ricos más ricos del mundo, y contamos con Carlos Slim, el hombre con la fortuna más grande del mundo, existen más de 70 millones de pobres y cerca de 30 millones en pobreza extrema; además de contar con una expulsión de más de 500 mil mexicanos por año.
Los maestros no sólo alertaron, sino que hicieron de esas predicciones parte fundamental de su lucha. Desde entonces, y como consecuencia de lo que en materia económica y política se estaba desarrollando, mencionaron que en la medida en que creciera el mercado educativo favorecido por las políticas privatizadoras impuestas por el sistema capitalista se ahondaría la pobreza en el sistema educativo de carácter público. Podría afirmar que en aquel entonces no avizorábamos la brutalidad de ese planteamiento, porque nos quedamos cortos ante el actual crecimiento desmedido de la educación privada y la cada vez más pobre presupuestación de recursos para la educación pública, que mantienen al borde del colapso a la mayoría de las instituciones de educación superior universitarias del país, como es el caso de la UMSNH y los sistemas estatales de educación básica desconcentrados en 1992, y que crea movimientos de rechazados como lo vemos cada año en varias partes del país.
A pesar de la existencia de una cláusula que obliga al gobierno a otorgar recursos crecientes a los sistemas estatales desconcentrados, el gobierno central de derecha ha hecho caso omiso de tal responsabilidad y ha disminuido en términos reales dichas partidas presupuestales destinadas al ramo educativo. Esa lógica perversa ha hecho que a la fecha, los recursos que la entidad otorga a educación hayan crecido hasta alcanzar más del 30 por ciento inversión propia en contrapartida de la disminución de recursos de la Federación hasta casi el 60 por ciento, cuando en 1992, en que se firmó el Acuerdo Nacional para la Educación Básica, el Estado aportaba el diez por ciento y la Federación el 90 por ciento. Esto ha traído como consecuencia un desajuste en las finanzas públicas estatales, ya que el gasto en educación pública ocupa más del 50 por ciento del presupuesto anual del gobierno estatal, lesionando con ello las expectativas presupuestales, poniendo en riesgo el desarrollo de la entidad.
Otra consecuencia de ello es el número cada vez mayor de jóvenes que no encuentran un espacio en las instituciones educativas oficiales existentes, colapsadas por la enorme demanda y los magros recursos para atenderlas. Estoy plenamente convencido de la justeza de las luchas estudiantiles que exigen un lugar para estudiar. La afirmación vertida por no pocos especialistas en desorientar desde los medios e instituciones neoliberales afines, acerca de que no han sido aceptados porque no pasaron el examen, es una falacia que sólo reafirma mi convicción sobre el derecho que éstos tienen a educarse y la obligación del Estado de garantizar ese derecho. No se les acepta en las instituciones porque no hay suficiente cupo. El examen sirve para escoger a los que se quedarán ante lo limitado de sus posibilidades y no porque sean malos estudiantes.
Pero también está el grave deterioro de las instituciones que están en funcionamiento y a las cuales les cuesta cada vez más o menos trabajo para funcionar. El estado actual de la infraestructura y equipo de las escuelas públicas es tan desastroso que obligó a la SEP a establecer recientemente un fondo para iniciar una operación de mantenimiento y saneamiento de las escuelas. Dicho fondo es la expresión de la irresponsabilidad deliberada de un tipo de gobierno que ha limitado paulatinamente su obligación en aras de hacer que los negocios de los más poderosos tengan más oportunidades a través del uso desaseado de los recursos públicos.
Renovar la escuela pública pasa por la necesidad de exigirle cuentas a la actual política educativa del gobierno federal y local, y exigir también un cambio de visión acerca de la orientación que ésta debe tener. La educación no es una mercancía, sino un derecho social y su reivindicación como tal ha sido una constante del magisterio michoacano. Sin embargo, tenemos que decir que en ocasiones el discurso no ha sido el adecuado para trasmitir esta posición y, tampoco lo han sido las acciones emprendidas con tal motivo. En el primer caso, las argumentaciones se pierden en otro tipo de aseveraciones que mezcladas con estas justas reivindicaciones crean una densa capa de humo que confunde y da argumentos a los enemigos para desalentar el apoyo social. Igual pasa con la acción que se desarrolla en el escenario político, donde a veces se realizan actos que no sólo confunden más a los ciudadanos y el pueblo, sino que incluso llegan a denigrar la lucha. Esto debe cambiar para bien de todos nosotros y convertir la lucha magisterial en el pivote de la lucha del pueblo.
Los maestros son parte esencial de la lucha por la hegemonía popular, su incuestionable raigambre al lado del pueblo es la carta fundamental para hacerlo. La reflexión cotidiana sobre lo que estamos haciendo desde donde estamos cada uno de nosotros debe llevarnos a la conclusión de que necesitamos la unidad en la acción, pero sobre todo en la orientación política e ideológica de esas acciones. Así pues, el trabajo docente, colectivo, bien planeado, cotidiano, transformador y comprometido en las aulas; la creación de una nueva y vigorosa relación con las comunidades y barrios en donde está la escuela, la resistencia a las políticas educativas actuales y a las políticas que en general atentan contra el bienestar del pueblo, deben ser líneas que enmarquen la renovación de la escuela pública. En ello, las organizaciones sindicales de los docentes deben jugar un papel activo y correcto de confluencia para el actuar y para la reflexión, poniendo primero el interés del pueblo, para que sus ideas transformadoras le sirvan a la lucha general y no como ocurre en alguna de ellas, que poniendo el dogma ideológico por delante vienen dando al traste a la lucha unitaria y más bien obligando al pueblo a tomar distancia de ellos. Incluso, en muchos de los casos ni ellos mismos creen en lo que dicen y hacen, con lo que vienen revirtiendo la lucha magisterial.