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Lucha social y razón jurídica, base de la libre autodeterminación
» Las comunidades indígenas del estado caminan una lenta ruta de la mano de académicos dispuestos a hacer efectivos esos derechos
Gabriel Envila Fischer Lunes 28 de Noviembre de 2016
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Morelia, Michoacán.- “Las leyes que se dice que deberíamos tener los indígenas o los pueblos primeros ya están y están sujetas a un convenio de carácter internacional a través del Convenio 168, el problema es que nosotros no hemos podido encontrar los mecanismos de hacer efectivas esas leyes y nuestros mandatarios estatales, nacionales, no las acatan”.

Sin autoridades legislativas dispuestas a reglamentar lo conducente para que los pueblos originarios de Michoacán puedan acceder plenamente a la libre autodeterminación de sus comunidades mediante la elección de sus autoridades a través de sus sistemas de sus usos y costumbres, así como a la decisión libre sobre la parte proporcional de sus recursos financieros, las comunidades indígenas del estado caminan una lenta ruta de la mano de académicos dispuestos a hacer efectivos estos derechos.

En 2008, el municipio de Cherán era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en ese tiempo se dio el asesinato de dos jóvenes, marcando el primer antecedente de conflicto que años después terminaría con el reconocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la libre autodeterminación de este municipio indígena, que a la postre motivaría a las comunidades de Nurío, Canciano Ojeda y San Francisco Pichátaro a desterrar de sus pueblos el sistema de partidos políticos y a enfrentar el reto de hacer funcionar un sistema de gobierno capaz de erradicar los vicios del sistema emanado del México postrevolucionario.

La inconformidad de los pobladores por lo sucedido a esos dos jóvenes llevó a la expulsión de la alcaldía del entonces presidente municipal, Roberto Bautista Chapina, comenzando con ello una larga lucha entre el crimen organizado y los cheranenses, quienes en el camino dejarían miles de árboles caídos y decenas de comuneros asesinados, antes de obtener su autonomía.

Lo anterior fue expuesto dentro del Pre Congreso “Los retos de la antropología jurídica en México, frente al neoextractivismo y las nuevas violencias estatales”, organizado por el Colectivo Emancipaciones, grupo de abogados representantes de las comunidades de Cherán y San Francisco Pichátaro en los juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la SCJN, mediante los cuales lograron el reconocimiento a su libre autodeterminación.

“Ahí empieza el saqueo de los bosques, en complicidad y a la sombra del crimen organizado, la gente de las comunidades vecinas en compañía del crimen organizado empezaron a saquear. Nuestra gente, nosotros mismos, no podíamos defendernos porque ellos andaban bien armados, puro con arma AK47. Nadie se les podía enfrentar a esas personas, siguió 2008, 2009, 2010 y en 2011 había secuestros, había levantones, había extorsiones, había asesinatos; en ese periodo hubo como 28 muertos”, prosiguió el representante de la comunidad de Cherán.

Pero el 15 de abril de 2011, las mujeres valientes en el Cerro del Calvario dieron un pronunciamiento y les dijeron “¡hasta aquí!, detuvieron a cinco personas y las gente los intentó linchar, pero les perdonó la vida y en cuatro o cinco días se fueron!”, continuó el comunero, quien señaló ese momento como el inicio de las más de 180 fogatas y rondas comunitarias con las que Cherán inició su propia defensa en contra del crimen organizado.

“La Policía Municipal estaba involucrada y también los del estado, ellos defendían a los delincuentes, no a la comunidad, y por eso nuestra gente nos pusimos de esa manera para defendernos, y ahí estuvimos”.

Nurío se vio en la necesidad de rescatar sus principios culturales
Nurío se vio en la necesidad de rescatar sus principios culturales
(Foto: Cambio de Michoacán)

Nurío, autoridad desde adentro



Al ver que el gobierno no resuelve los problemas que aquejan a los pueblos originarios, Nurío se vio en la necesidad de rescatar sus principios culturales. “Porque ellos se dicen autoridades pero en su visión no está la vocación de servir, caso contrario a nuestros pueblos, donde quien va a prestar el servicio como autoridad va sin ningún interés, sino con la cosmovisión de servir al pueblo, de ahí que se dice ‘mandar obedeciendo’”, expuso Alberto González, comunero de Nurío.

“Mi comunidad ha tenido muchos conflictos en relación con los límites territoriales, algo ilógico siendo una de las comunidades más antiguas de la región. La legislación agraria o las leyes del sistema le redujeron su territorio a una cuarta parte y ante las gestiones con las distintas instancias y nada más le van dejando pasar el tiempo. Con base en eso, nuestra comunidad decide ya no venir a estas instancias, sino buscar el diálogo, pero primeramente en la comunidad para lograr la unidad”.

Ese primer paso, señaló el comunero, fue el que dio autoridad a Nurío para hablar después con las comunidades colindantes, con las que mantuvieron conflictos ancestrales por la tenencia de la tierra.

Recordó que Nurío fue una de las primeras comunidades en ejercer sus propios recursos financieros a partir, primero, de ver durante décadas que el recurso enviado desde la Federación nunca llegaba a las comunidades, y después de hacer un análisis de cómo era distribuido desde la Federación, el estado y por último el municipio, que distribuye el gasto de todo el municipio según el número de habitantes de cada comunidad.

“Tomando todo eso como base y viendo que se presenta un pleito entre partidos por el poder municipal, nos manifestamos como comunidad, a quien en ese momento era la autoridad municipal, ¿saben qué?, nosotros no queremos si ustedes son azules, si son verdes o si son amarillos, nosotros queremos ejercer nuestro recurso.

“Antes ellos disponían y decían qué obra se iba a hacer y nada más llegaban a la comunidad y decían ‘¿saben qué?, se va a arreglar esa calle’, con materiales de mala calidad, con presupuestos inflados, con detalles que al último y analizando lo que correspondía a la comunidad no daba el dinero con la cantidad”.

Igual que los casos de Pichátaro y Cherán, la autoridad se opondría a la determinación del pueblo. “Tuvimos que recurrir ante el gobierno del estado y sobre todas esas manifestaciones que le hicimos ver y que queríamos que nuestro recurso se destinara lo más que se pudiera en obras de beneficio social y que no se quedara parte de ese recurso en el camino, finalmente el gobernador aceptó y da las indicaciones al municipio de que se ejerza de esa manera.

“Como comunero de Nurío me siento orgulloso de que haya comunidades que están recatando los usos y costumbres que nuestros antepasados nos heredaron.

Las leyes que se habla que deberíamos tener los indígenas o los pueblos primeros, ya están y están sujetas a un convenio de carácter internacional a través del convenio 168, el problema es que nosotros no hemos podido encontrar los mecanismos de hacer efectivo esas leyes, y nuestros mandatarios estatales, nacionales, no las acatan. Es cuestión de que nos unamos pues, los verdaderos pueblos, las tribus, las naciones, los barrios de las ciudades y hacer efectivas estas leyes para que se reconozcan nuestros derechos como seres humanos y como dueños de esta nación”, concluyó otro de los comuneros de Nurío.

Cherán, el primero en lograr el reconocimiento por parte de la SCIN a la librevautodeterminación de este municipio indigena
Cherán, el primero en lograr el reconocimiento por parte de la SCIN a la librevautodeterminación de este municipio indigena
(Foto: Cambio de Michoacán)

Ostula, ante la lejanía y el abandono



Jerónimo Flores, comisionado para participar en el congreso por parte de la comunidad de Santa María Ostula, ubicada en la Costa michoacana, en el municipio de Aquila, ante el tiempo acotado para resumir más de una década de lucha por la justicia y la supervivencia de su comunidad, recordó que han sido distintos los momentos de lucha que ha enfrentado Ostula.

“Una de las luchas que emprendimos en 2009 fue la recuperación de mil 200 hectáreas que estaban en manos de pequeños propietarios, estaban en manos también de un jefe de plaza de Los Templarios que también era o es pequeño propietario.

“A parte de esas mil 200 hectáreas hay un cordón de ocho mil hectáreas, de las cuales cinco mil están concesionadas y realmente no hay voluntad porque sabemos quién está detrás de todo esto, porque en la comunidad indígena de Aquila están en la explotación de una mina en la que la empresa minera está detrás y los peritajes no han salido en favor de la comunidad porque están amañados y el gobierno federal no tiene interés. Nos han pisoteado, nos han despreciado porque somos humildes, porque somos pobres”.

Con playas y ríos vírgenes, así como las minas que reclaman, la pobreza no coincide con la etiqueta de su pobreza, añadió Jerónimo. “El gobierno es el que está detrás de todo esto, con base en eso pasó una crisis en la comunidad donde asesinaron a 34 compañeros, seis desaparecidos, uno de esos compañeros se encontró uno y realmente el gobierno federal, junto con los gobiernos estatal y municipales, hicieron todo esto porque querían someter o sometieron más bien a la comunidad”.

Así, al igual que en todas las comunidades indígenas, señaló, los partidos políticos han dividido a las poblaciones, “buscando a los líderes de las comunidades, ofreciéndoles billetes y si caen, al pueblo le ofrecen una despensa, nomás pa’ que digan que sí están apoyando. En la comunidad aprendimos eso, vimos que no dejaban nada bueno los partidos porque ya hasta para nombrar a un jefe de Tenencia tenían que abrir planillas y vimos que no era bueno porque entre hermanos, entre nieto y abuelo, ya no nos hablábamos”.

San Francisco Pichátaro marcó un antecedente histórico luego de que sin el carácter de municipio lograra ante la Sala del TEPJF el reconocimiento de su gobierno autónomo
San Francisco Pichátaro marcó un antecedente histórico luego de que sin el carácter de municipio lograra ante la Sala del TEPJF el reconocimiento de su gobierno autónomo
(Foto: Cuartoscuro)

Pichátaro, resistencia institucional



El más reciente de los casos de una población originaria que decidió y logró ante los tribunales federales su libre autodeterminación es el de la comunidad de San Francisco Pichátaro, que marcó un antecedente histórico luego de que sin el carácter de municipio lograra ante la Sala del TEPJF el reconocimiento de su gobierno autónomo para ejercer la parte proporcional de los recursos provenientes de la Federación, con total independencia del Ayuntamiento de Tingambato, sentando un antecedente para que cualquier comunidad del estado y del país logre la misma sentencia.

Sin embargo, como es la constante de cada uno de los casos, las dependencias del Estado mexicano se han encargado de dificultar lo ganado ante los tribunales, en este caso en particular mediante la omisión y la resistencia del Congreso del Estado y la Presidencia Municipal de Tingambato.

“Desde que tomamos esta determinación, de ahí para adelante nos vimos en toda la comunidad en la pena de sufrir una época de inseguridad, la basura por todos lados y no sabíamos qué hacer con eso. Llegábamos aquí a Gobernación para esperar al presidente para platicar, porque independientemente del proceso que llevábamos nosotros no tenían derecho a castigarnos de esa forma, pero ellos pues nunca hacían caso, nos tuvieron igual, maltratados, sin mandarnos nada, ni focos”, relató el ponente de Pichátaro, comisionado en su momento de su barrio.

Habiendo sido albergado el caso en la Sala Superior del TEPJF, el 20 de noviembre de 2015 se le explicó al magistrado que atendió la reunión la serie de injusticias que se cometieron durante años en contra de la comunidad; posteriormente, el 21 de marzo de 2016, tuvieron una segunda reunión para ampliar los hechos y el permanente conflicto con la autoridad municipal, para que finalmente, el 18 de mayo, obtuvieran sorpresivamente un fallo favorable por parte del TEPJF.

“Cuando sale el fallo nosotros ya estábamos trabajando con una nueva forma de gobierno, ya estaba el Consejo Comunal. Cuando sale el fallo, se nos da el derecho a la autonomía, a la libre autodeterminación, al autogobierno y para dirigirnos con base en nuestros usos y costumbres, y de ahí para adelante ha sido un proceso largo en la ejecución de la sentencia”, narró.

Sobre el caso, el Congreso del Estado solicitó al TEPJF que lo desvinculara de la sentencia emitida al decirse fuera de su facultad la transferencia de los recursos municipales para esta comunidad, solicitud que le fue denegada por la Sala Superior, quien hasta la fecha lo obliga a vigilar el cumplimiento de la misma. Más allá, el Congreso local está obligado a garantizar mediante reformas a la Ley Orgánica Municipal y la creación de leyes reglamentarias a dar certidumbre jurídica para el cumplimiento de la libre autodeterminación de los pueblos originarios, reconocida por el TEPJF y la SCJN.

Involucradas o no, todas las instancias deben garantizar sus derechos: TEPJF



Desde 1999, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha esforzado por acercar la justicia a las comunidades y pueblos originarios del país, evitando como herramienta para facilitar el acceso a la justicia de estas comunidades, el formalismo jurídico que caracteriza al sistema judicial mexicano, explicó Manuel Hallivis Pelayo, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“No serviría de nada una institución jurisdiccional resolviendo este tipo de asuntos, si fuéramos muy formalistas en la formulación de agravios, o en el cumplimiento de los plazos u otros trámites. No se puede exigir a los integrantes de las comunidades indígenas presentar impugnaciones en los plazos previstos por la ley si sabemos que difícilmente se pueden enterar de un decreto legislativo que da únicamente cuatro días para impugnar el decreto, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, cuando en una comunidad no hay los medios de comunicación suficientes”.

A colación con lo pretextado por la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, en el Congreso del Estado, la diputada Rosa María de la Torre Torres, quien en el caso de Pichátaro dijo que la Sala Superior del Tribunal no podría obligar al Congreso del Estado a cumplir con la sentencia marcada, dado que no existen dentro de la ley los mecanismos para cumplir con la misma, el magistrado del TEPJF señaló la suplencia.

“El TEPJF ha buscado a partir de esta idea de la suplencia, abatir cualquier obstáculo que pueda interponerse con los justiciales, para que efectivamente haya una impartición de justicia”, indicó el magistrado, reiterando que ello permite acceder al cumplimiento de las sentencias.

“Se trata de una suplencia total a los integrantes de las comunidades indígenas, en que el TEPJF busca ser totalmente antiformalista y no exigir fórmulas sacramentales ni el cumplimiento de aspectos a formatos; por el contrario, busca en todo momento dar de forma efectiva una suplencia a la tutela judicial, es decir que si vamos a impartir justicia, realmente nos acerquemos a quien la está pidiendo”.

Asimismo, aseguró que el TEPJF ha tenido la vocación de conocer plenamente de la mejor manera toda la cosmovisión del pueblo o de la comunidad indígena donde va a resolver, desde los aspectos de su comunidad, sus límites territoriales, la forma en que se toman las decisiones dentro de sus asambleas, sus dinámicas de trabajo comunitario y su interacción en general de sus habitantes entre estos y para son su entorno.

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