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Transporte público, entre la opacidad y la corrupción
En la sombra, dueños de concesiones; se otorgan con dinero y “palancas”
Maricruz Ríos Velázquez Viernes 21 de Abril de 2017
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La vox populi en Michoacán grita a oídos sordos que las concesiones en el transporte público son un negocio de sindicatos y particulares
La vox populi en Michoacán grita a oídos sordos que las concesiones en el transporte público son un negocio de sindicatos y particulares
(Foto: Carmen Hernández )

Morelia, Michoacán.- Como dice el dicho, “con dinero baila el perro”, en el tema de las concesiones para transporte público en Michoacán, así lo confiesa un chofer y concesionario de taxi en Morelia. “La lista de requisitos para ser acreedor es muy minuciosa, sin embargo, quien tiene dinero y las famosas palancas con funcionarios públicos o empresarios se queda con la concesión”, refiere el transportista. Al mismo tiempo, las autoridades del estado hacen caso omiso a las peticiones de este medio para transparentarlas o darlas a conocer de manera pública y el tema se mantiene en la opacidad pese a insistir con base en los llamados métodos de acceso a la información y transparencia.

Por la gravedad del asunto y lo obvio de las consecuencias para quienes viven de este sistema y tienen la osadía de hablar de más, el entrevistado prefirió que su nombre se mantuviera en el anonimato.

“No es fácil hablar de un tema que en radio pasillo es bien conocido por los ciudadanos; no es un tema nuevo y que nadie conozca”. Y tiene razón, es un tema que ha estado vigente desde hace ya un par de décadas, en donde se señala, además de la falta de transparencia al momento de otorgar concesiones, el lucrativo negocio de venderlas, revenderlas y rentarlas, así como el acaparamiento de las mismas por parte de un reducido número de beneficiados, entre los que destacan figuras políticas, líderes de los diversos gremios y las mismas autoridades reguladoras del transporte público.

La vox populi en Michoacán grita a oídos sordos que las concesiones en el transporte público son un negocio de sindicatos y particulares, y nombres como el del mismo titular de la Comisión Reguladora de Transporte, José Trinidad Martínez Pasalagua, suelen salir a flote en las protestas de gremios antagonistas y asociaciones como Antorcha Campesina.

Basta recordar que Pasalagua enfrentó un proceso penal en 2014. El 22 de julio de ese año fue aprehendido, acusado por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud, de ser operador de Los Caballeros Templarios y La Tuta, y de extorsionar a transportistas.

Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal en aquel entonces, aseguró que “Martínez Pasalagua, en calidad de líder transportista del estado de Michoacán, cobraba cuotas a los concesionarios de las rutas, quienes debían pagar un monto mensual por permitírseles trabajar. Los testigos lo identifican como colaborador directo de Servando Gómez Martínez, a quien le era entregado el dinero”.

Pasalagua salió libre en abril de 2016 y en breve fue instalado como titular de la Comisión Reguladora de Transporte. Tras esta denuncia de supuesta extorsión por concesiones y el tráfico de las mismas en el estado parece haberse olvidado la problemático casi por completo.

“En Michoacán no se habla del tema de manera pública, aunque ya se conozca, por una razón, que es que quienes conocemos el movimiento y negocio de particulares en el transporte público somos los mismos transportistas”, menciona el chofer y concesionario del taxi, “si nosotros decimos de los pies a la cabeza todas las transas que vemos día a día nuestro trabajo estaría en riesgo”.

El mayor problema -y molestia para quienes no tienen una y desean aplicar- es que las autoridades reguladoras suelen otorgar más de una concesión a una misma persona bajo la dinámica de prestanombres.
El mayor problema -y molestia para quienes no tienen una y desean aplicar- es que las autoridades reguladoras suelen otorgar más de una concesión a una misma persona bajo la dinámica de prestanombres.
(Foto: Carmen Hernández )


El que no transa no avanza




En teoría la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Cocotra) y la Comisión Reguladora del Transporte Público en Morelia (CRT) tienen como finalidad otorgar las concesiones y regular el servicio. Sin embargo, “no son más que dos instancias que sólo ocupan un nombre más entre los cientos de instituciones en la estructura del sistema político, porque a decir verdad y aunque su finalidad es regular el transporte público en el estado no hacen más que acaparar dinero y más dinero”, explicó el chofer.

Más allá de que las concesiones se ofrecen a quien tiene dinero y palancas, quizá el mayor problema -y molestia para quienes no tienen una y desean aplicar- es que las autoridades reguladoras suelen otorgar más de una concesión a una misma persona bajo la dinámica de prestanombres.

La Ley de Comunicaciones y Transporte del Estado de Michoacán, capítulo II, artículo 17 cita: “A las personas físicas no se les concederá más de una concesión o permiso ni se otorgará una nueva concesión a quien ya haya sido concesionado […] En cualquier caso en que a una persona física se le haya concedido más de una concesión, le serán canceladas todas”.
Pero esta normatividad, como pasa en otros rubros, no ha sido impedimento alguno en Michoacán.

“Las personas que tenemos más de una concesión utilizamos los prestanombres para disimular el beneficio de más de una concesión en el transporte público”, cita el chofer. Por ejemplo, “yo tengo tres concesiones de taxis: una unidad la utilizo como mi trabajo del día a día y las otras dos las rento, de las cuales me pagan 800 y 900 pesos mensuales por la renta. Es una segunda y tercera entrada de dinero”.

No obstante, en la Ley de Comunicaciones y Transporte del Estado de Michoacán, capítulo II, artículo 22 aclara: “Los derechos sobre concesiones y permisos otorgados por el Ejecutivo del Estado son personalísimos y no podrán ejercitarse mediante mandato, ni arrendarse, donarse, enajenarse, embargarse, hipotecarse, gravarse o permutarse, total o parcialmente”. La legislación agrega que se tendrán como “nulos” los contratos que contravengan a esta regla, pudiendo sólo transferir la misma en caso de incapacidad y nombrar beneficiarios únicamente a parientes que dependan económicamente del titular de la licencia.

Es de destacar que, mediante la Ley de Ingresos de 2016, el Congreso del Estado legalizó -pese a contravenir a la norma estatal vigente- las transacciones con concesiones del servicio de transporte público. “Por la transferencia o venta del título de concesión de servicio público de autotransporte urbano y foráneo entre personas físicas, previo al cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad correspondiente, se pagará 20 veces el valor referido a la renovación o refrendo de concesiones”, detalla el documento.

Como consta en una nota de Cambio de Michoacán, del jueves 4 de abril de 2016, el entonces presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado, Miguel Ángel Villegas Soto, explicó que “en la práctica se lleva a cabo (la venta y renta de concesiones) en el mercado negro, ahora lo que se está haciendo es justamente sacar el tema de esa situación, y que esté autorizado, que no sea al margen de las autoridades”. El diputado panista aseveró en su momento que esto elevaría el precio de unos tres mil pesos hasta los 60 mil, pero lo hacían “de manera consciente”, por lo que en breve se modificaría la Ley de Transporte Público del estado de Michoacán, situación que no ha ocurrido. En papel, los contratos deberían seguir siendo nulos, de acuerdo con la Ley de Comunicaciones y Transportes estatal.

El chofer y concesionario de taxi en Morelia explicó que la corrupción es tan normal hoy en día que “aunque son los choferes quienes (supuestamente) tienen acceso al beneficio de una concesión, cualquier persona que quiera comprar las placas de una unidad de transporte público lo puede hacer, sólo es cuestión de hacer la solicitud y pagar por ellas”.

Pero la situación no es pareja para los transportistas. “Quien trabaja en este sector necesita ser agremiado a un sindicato de transportistas, asistir a todas las reuniones, participar en las manifestaciones y en cualquier actividad que se indique, para de esta manera hacer méritos y subir en un tipo de escalafón. Además, tener una antigüedad de diez años, hacer una solicitud para entrar en la lista de espera y poder pagar entre 25 mil y 50 mil pesos (por una concesión de taxi)”, detalló el trabajador del volante.

Bajo la modificación del Congreso, el precio de las transferencias de concesiones de taxis, combis y camiones urbanos se ha disparado y aunque todavía es posible encontrar anuncios en Internet o avisos económicos en diarios ofreciéndolas es más raro debido a las exorbitantes cantidades, llegando a superar con facilidad el medio millón de pesos.

“Excelente oportunidad, vendo concesión de transporte público en la Ruta 1 Circuito Periférico con un ingreso diario de 700 pesos aproximadamente y dos mil de publicidad al mes”, reza un reciente anuncio dentro de la página de ofertas AnunciosRed.com

Pero el problema no es exclusivo de taxis y camiones. Pese a la negativa generalizada de choferes de combi para hablar sobre el tema de manera pública y hacer constar un testimonio relevante en medios de comunicación, fuera de grabación manifestaron que los cambios a la norma no necesariamente han afectado el mercado negro, sólo se realiza sin documentación de por medio. La renta de una combi varía significativamente dependiendo de la ruta, pero algunos revelaron trabajarla por un “alquiler” de siete mil pesos mensuales.

Off the record se mencionó también en repetidas ocasiones como ejemplo a un personaje conocido como El Pétalo, a quienes choferes de diversas rutas identifican como operador de un beneficiario con múltiples concesiones.

El Pétalo se encarga de administrar estas concesiones y parece estar bien granjeado al interior del gremio, cobra la cuota diaria y asiste periódicamente a entregar el dinero al titular sin que éste se baje siquiera de su automotor. Todos ubican al operador, nadie conoce al concesionario.

En Michoacán, cerca de 100 mil familias dependen de una concesión del transporte público.


No existe transparencia en Michoacán




Es por esto que el pasado 27 de febrero se realizó un ejercicio del tan publicitado acceso a la información vía el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) ante la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán para conocer cuántas concesiones se tienen en la entidad, quiénes son los titulares de las mismas y bajo qué esquema se entregaron. Un mes después, al finalizar el plazo para obtener la información, el acuse no fue respondido.

Se acudió nuevamente a las oficinas del IMAIP, donde los secretarios en turno respondieron que “no podían hacer nada” y -tradicional en la burocracia a todos los niveles- turnaron la bolita: “Sugerimos que asistas personalmente a las oficinas de Cocotra y pidas la información solicitada. Ellos ya la deben tener lista, sólo les enseñas el acuse para que te lo entreguen”. En las oficinas de Cocotra se obtuvo nuevamente una negativa.

La respuesta nula en este ejercicio no es un caso aislado en la entidad, tal como ya lo ha citado Cambio de Michoacán en el pasado. El 16 de septiembre del año pasado se informó que Michoacán ocupa el lugar 30 en el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM), que mide la calidad de las leyes de transparencia en México, sólo por encima del Estado de México y Guerrero.

El mencionado índice señalaba semáforos rojos en todos los rubros posibles y especificaba que “las decisiones que se toman al interior de sus órganos de transparencia, en la mayor parte de los casos, no son definitivas y tampoco obligatorias para la autoridad a la que se le solicita alguna información”.

Las concesiones de combis generan un aproximado de 400 mil empleos directos y hasta 300 mil indirectos
Las concesiones de combis generan un aproximado de 400 mil empleos directos y hasta 300 mil indirectos
(Foto: Carmen Hernández )

Las concesiones, un negocio de particulares



¿Por qué la importancia de la transparencia en las concesiones? En Michoacán, cerca de 100 mil familias dependen de una concesión del transporte público.

En entrevista con Marco Antonio Laguna Vázquez, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Cocotra), señaló que el estado tiene un aproximado de 40 mil concesiones reales, de las cuales dependen al menos 100 mil familias, unas 400 mil personas en total si se atiende a la estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de que cada familia la componen cuatro miembros.

En el caso específico de Morelia, las concesiones rondan las doce mil 500, de las cuales dos mil 55 son de combis que se dividen en quince líneas de estos vehículos y 17 más para camiones urbanos. En el caso de las combis, cada línea tiene entre dos y cinco rutas.
Por su parte, el dirigente de CRT, José Trinidad Martínez Pasalagua, explicó en entrevista que el precio para adquirir una concesión de combi en la capital michoacana es de 18 mil pesos aproximadamente, y en cada una trabajan de dos a tres choferes.

Martínez Pasalagua manifestó que, en efecto, de forma general, “las concesiones de combis generan un aproximado de 400 mil empleos directos y hasta 300 mil indirectos, y además del gasto en el combustible, el chofer tiene que pagar unos 400 pesos diarios al concesionario para el mantenimiento de la combi que se realiza cada mes, así como un ahorro para prevenir gastos en caso de un accidente, que puede ir desde poncharse una llanta hasta un choque”, motivo que haría más paupérrimos los ingresos obtenidos por los verdaderos trabajadores del volante.

Este sector, explicó, cuenta con una fuerza de trabajo significativa; en el estado existen más de 40 mil concesionarios de los que el 80 por ciento emplea a una persona, 32 mil choferes subcontratados. El 20 por ciento restante contrata a dos choferes en igual número de turnos, o sea, 16 mil trabajadores. Al menos 48 mil choferes que trabajan la concesión de alguien más, 192 mil personas que viven realmente en y del transporte público y no de subarrendarlo. El resto, los 208 mil faltantes que reportan las autoridades, es un dato poco confiable al saberse que una persona puede obtener, con recursos y palancas, más de una concesión sin muchos problemas.

En este sentido, en febrero del año en curso Cambio de Michoacán informó que “este año no se otorgarán concesiones de transporte público en ninguno de los 113 municipios”, de acuerdo con la Cocotra.

“Decidimos cerrar el dictamen de oferta y demanda”, anunció Marco Antonio Lagunas Vázquez en visita al municipio de donde fuera alcalde por el PRD, Uruapan. “Tenemos problemas de desorden en los sitios, en las bases, en rutas y el problema de pirataje.

Queremos primero reordenar el transporte”, puntualizó el titular de la dependencia, y que se hará escuchando a las autoridades de las jefaturas de tenencia, encargaturas del orden y direcciones de planteles educativos e instituciones de salud y no a las necesidades de los transportistas.

“En Morelia hay unas 400 unidades que vienen prestando el servicio sin la concesión correspondiente desde hace más de 20 años, de la extinta TPM; en La Piedad hay unos vehículos que están circulando con placas de Colectivo Urbano, mejor conocido como combi y traen camiones urbanos”.

En el rubro de taxis, Lagunas Vázquez expuso que en Michoacán hay cerca de 26 mil 500 unidades, la mayor parte se concentra en Uruapan y en Morelia. “En la capital del estado estamos hablando de un aproximado de mil 500 taxis y en Uruapan de poco más de cuatro mil 500. En esos dos municipios se concentra casi el 50 por ciento del transporte en la modalidad de auto de alquiler”.

Reafirmando las declaraciones del chofer de taxi entrevistado en Morelia, donde sostiene que el transporte público es un negocio de unos cuantos beneficiados, apenas el pasado 5 de abril del año en curso, el titular de Cocotra tuvo un resbalón: “El transporte público en Michoacán es un negocio de particulares...

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