Especiales

La entrevista
Michoacán, con condiciones “muy aceptables” de gobernabilidad: López Solís
» Estamos volviendo a los escenarios de estabilidad, refiere el secretario de Gobierno Adrián López
Gabriel Envila Fischer Lunes 15 de Mayo de 2017
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Morelia, Michoacán.- Un estado convulso que se debate entre lograr y mantener la estabilidad mínima que requiere la sociedad para vivir su cotidianidad, en buena medida secuestrada por grupos delincuenciales que son combatidos por un gobierno estatal que trabaja en reconstruirse y recuperar su fortaleza institucional, es parte de un contexto innegable del que el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, accedió a hablar con Cambio de Michoacán.

“Si partimos del concepto básico de gobernabilidad como la generación de condiciones que permitan la acción de gobierno, puedo decirte sin ninguna dificultad que funcionando el gobierno, funcionando las instituciones, operando los programas, ejecutando acciones en las diferentes vertientes de la responsabilidad pública, el estado de Michoacán tiene condiciones muy, muy aceptables de gobernabilidad”, califica López Solís.

Michoacán es un estado con una población de cuatro millones y medio de habitantes, “enormemente productivo” en materia agrícola, al grado de ocupar el primer lugar nacional, aportando a la economía cerca del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y que según las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó un crecimiento del diez por ciento en su productividad, tomando en cuenta el aporte de su sector primario, resalta el secretario.

Asegura que otros indicadores marcan que la confianza en la estabilidad de Michoacán se reflejan en el regreso del turismo a la entidad, observable en las épocas importantes del año del calendario de asueto, como el Día de Muertos, el fin de año o Semana Santa. “Hay quienes dicen que son fechas que se venden por sí mismas, pero también tenemos experiencias que en estas fechas, ante situaciones sociales complejas, no se venden solas, requieren un mensaje de estabilidad, de presencia del gobierno de seguridad, de fortaleza y junto con ello la oferta que hacen los prestadores de servicio”.

Aunque no se trata de un crecimiento extra al ya alcanzado en Michoacán anteriormente, sino de la recuperación de un episodio oscuro en la historia de un estado recientemente dominado por un cártel hegemónico del crimen organizado, que logró penetrar y cooptar casi todas las áreas de su vida social, el encargado de la política interna defiende que “apenas estaríamos volviendo a los escenarios de estabilidad y es justamente de lo que se trata de reconocer y destacar, porque eso abona y es un indicador de gobernabilidad”.

Michoacán es un estado con una población de cuatro millones y medio de habitantes, “enormemente productivo” en materia agrícola
Michoacán es un estado con una población de cuatro millones y medio de habitantes, “enormemente productivo” en materia agrícola
(Foto: Gabriel Envila Fischer)

Estado convulso



Michoacán es un estado convulso, lleno de riquezas naturales que lo hacen atractivo tanto para grupos políticos que buscan mantener su control como para grupos que al margen de la ley pretenden el control de zonas que representan ganancias multimillonarias por su alta productividad; a la vez, se trata de una entidad precursora de movimientos sociales a la fecha vigentes, capaces incluso de marcarle el ritmo al gobierno en turno.

–¿Cuáles son los principales sectores sociales que tiene una movilidad política que ustedes tienen ubicados?

“Dentro del fenómeno de la conflictividad social ubicas actores que tienen una postura cíclica, porque anualmente en ciertas fechas están siempre expresándose”, señala el secretario de Gobierno, viniendo a su memoria, en primer lugar, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Semana a semana deciden un calendario de acciones que contemplan algunas medidas de presión tanto al gobierno federal como al gobierno estatal para obtener algún tipo de satisfacción a sus demandas”.

Acotada la conflictividad que genera la CNTE a demandas por beneficios gremiales y rechazo a la Reforma Educativa que en materia de evaluación y acceso al Servicio Profesional Docente trastocan acuerdos que a lo largo de su historia la CNTE (al igual que el SNTE) obtuvo por acuerdos, el secretario de Gobierno señala que se trata de un sector con el que el gobierno mantiene un diálogo constante, lo que permite hablar de la estabilidad en la relación con el magisterio, aun cuando las acciones de presión ejercidas por este gremio rebasan en ocasiones lo legalmente permitido.

Aspectos de la entrevista con Adrián López Solís
Aspectos de la entrevista con Adrián López Solís
(Foto: Gabriel Envila Fischer)

¿Universidad autónoma?



La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) no atañe directamente al gobierno, puntualiza López Solís, dada su autonomía; presenta problemáticas como la de la insuficiencia de espacios y presupuestal, que provocan que movimientos estudiantiles y sindicales capaces de paralizar la actividad académica en perjuicio de más de 55 mil estudiantes hasta por dos meses, como ocurrió en la última edición del conflicto por espacios para los estudiantes rechazados.

Pese a la autonomía que en principio fue de cátedra y se extendió hasta la decisión de manera autónoma de sus órganos de dirección y de decisión sobre el uso de su presupuesto, la UMSNH depende en buena medida de los recursos que vía convenios con la Federación y el gobierno del estado permiten sostener la operatividad de la casa de estudios.

“Ocurre que en la Universidad están identificados los sectores que corresponden a la responsabilidad de cada quien, tienen a la autoridad universitaria, desde el rector hasta los directores de las facultades; tienen al Consejo Universitario y hasta los consejos técnicos de las escuelas, pero también tienen al sector de los trabajadores aglutinados en el SEUM, tienen a la mayoría de los profesores aglutinados, la mayoría en el SPUM, y tienen a la comunidad estudiantil, algunos de los cuales también son parte de las casas del estudiante, y un resto muy importante que no están sometidos a las dinámicas grupales, sino que sólo son alumnos de las escuelas y universidades, pero todo este conjunto, que es lo que luego reclaman algunos, debiera ser partícipe para cualquier propósito de reforma a la Universidad y ser tomados en cuenta”.

Pero pese a la autonomía reclamada, señala López Solís, por ley cualquier reforma debe pasar por el Congreso del Estado, “y si toda reforma tiene una afectación económica que obligue al gobierno, entonces también debería ser tomado en cuenta”, apunta.

–¿Cuál es el límite de tiempo en cuanto al déficit presupuestal de la UMSNH?

“El límite está rebasado desde antes, por lo menos desde hace tres años a la fecha ya hay un déficit reconocido por más de 700 millones de pesos, que se convierte en un problema para cerrar el año, porque hay que pagar prestaciones de fin de año a los trabajadores y profesores más la operatividad de la Universidad”.

 Solís señaló, no podemos separar el problema de la inseguridad; es un gran problema que hay que entender en sus diferentes componentes, hay algunos que que son generadores de violencia
Solís señaló, no podemos separar el problema de la inseguridad; es un gran problema que hay que entender en sus diferentes componentes, hay algunos que que son generadores de violencia
(Foto: Gabriel Envila Fischer)

Autodeterminación indígena sin regulación constitucional



–¿Qué representa para el gobierno estatal la libre autodeterminación de los pueblos originarios?

“Cuando se habla de la libre autodeterminación de los pueblos indígenas encontramos que en la propia Constitución está reconocido ese derecho; sucede que ese derecho pasa por una regulación secundaria, que desde la propia base constitucional la delegaron a los estados. Hoy Michoacán no tiene una ley que organice los derechos y la cultura indígena, pero el avance de los pueblos indígenas, con o sin ley, se ha logrado, desde mi punto de vista, por virtud de tratados internacionales de los que México forma parte y que son recurrentemente invocados por las comunidades indígenas para lograr el reconocimiento y el respeto a sus derechos”.

Como parte del Estado mexicano, el gobierno está obligado a reconocer estos derechos y sin que exista (por omisión del Congreso del Estado) una regulación local constitucional para el ejercicio de estos derechos. Lo que estamos viviendo, explica el secretario de Gobierno, “es un proceso transformación en la relación de las instituciones estatales y los segmentos de la ciudadanía, estos sectores de los pueblos originarios al final son ciudadanos como nosotros, como parte de una sociedad que se regula y se rige por leyes generales, abstractas e impersonales que a todos nos dan derechos y a todos nos obligan”.

Pero los partidos políticos, vía sus presidentes municipales y diputados locales que los representan en el Congreso del Estado, han hecho evidente la afrenta que para éstos resulta que las comunidades indígenas los expulsen de su sistema de gobierno; en los municipios en que las comunidades han pedido el acceso directo a sus recursos los ediles han reaccionado (caso Pichátaro y San Felipe de los Herreros) cortando algunos de los servicios que el municipio debe proveer mientras administre sus recursos, pero sin otorgarles el recurso solicitado, conflicto que se deriva de las lagunas en la ley que los diputados locales han dejado al armonizar la ley estatal con el reconocimiento ganado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por parte de las comunidades indígenas sobre el derecho que el responsable de la política interna, señala, debe ser reconocido.

Para el titular de la Secretaría de Gobierno es tarea de los partidos políticos entender los momentos que estamos viviendo; sin embargo, no considera que el actuar de los partidos y los diputados responda “solamente a que se estén sintiendo afretados, enfrentados o amenazados” por el sistema indígena naciente, como tampoco responsabiliza la omisión del Legislativo como causante de los conflictos entre presidentes municipales y comunidades que eligen su independencia, aunque por lo menos uno de los casos haya tenido que resolverse con la intermediación de la dependencia que encabeza. “Cada proceso electoral, aparte de determinar quiénes son los nuevos representantes de la sociedad, también son experiencias donde los partidos políticos ponen a prueba su oferta”, señala.

“No creo que los conflictos sean por la omisión del Legislativo por la siguiente razón: porque en cada una de las regiones hay características diferentes”. El proceso de reorganización de las relaciones institucionales, acota López Solís, es real y el gobierno del estado no puede intervenir obstruyéndolo, sino facilitando su cauce.

–¿No hay mensaje por parte del Ejecutivo al Legislativo para que apure la ley pendiente?
“El Ejecutivo es muy respetuoso de la autonomía del Legislativo”.

–¿No dificulta el que no haya una Ley Orgánica Municipal acorde?

“Siempre hay oportunidad para dotarse al gobierno y a la sociedad de nuevas y mejores herramientas y esa es la importancia de tener Constituyente permanente o de tener órganos legislativos que están revisando y actualizando las normas”.

–¿Es más rentable mantener una buena relación con el Legislativo que con la sociedad que integra las comunidades indígenas?

“Siempre es importante y necesario mantener una relación coordinada entre poderes que se suponen iguales en valor en el marco de la institucionalidad democrática a la que nos debemos como gobierno”.

Inseguridad e inconformidad social



“La inseguridad es el principal elemento de preocupación de la población”, reconoce el secretario de Gobierno, quien acude a la “estabilidad” derivada de la intervención del gobierno federal para atender los delitos de alto impacto, forzada por el alzamiento de los grupos de autodefensa que hicieron a un lado al gobierno del estado para encargarse de la seguridad de los municipios, primero en Cherán y después en varios municipios de la región de Tierra Caliente.

“Venimos de un proceso que luego se nos olvida, pero en el que años atrás los episodios de inseguridad eran bastante catastróficos y alarmantes. Recordar que había momentos en esta ciudad capital y en las principales ciudades de Michoacán que cuando se detenía a algún delincuente que formaba parte de la estructura delincuencial hegemónica en nuestro estado, en simultáneo te bloqueaban las entradas y salidas de todas las ciudades importantes de Michoacán, en simultáneo te incendiaban vehículos a particulares que iban pasando por el lugar, lo que hablaba de acciones concertadas que tenían en ese momento los grupos delincuenciales la capacidad para articularse y generar este tipo de respuestas”.

El responsable de la política interna reconoce que aún no se ha podido avanzar a una situación idónea para “quitar a la sociedad, a la opinión pública y al ciudadano de su conciencia, de su sentimiento de su percepción, esa sensación de inseguridad que le preocupa y le afecta sin duda ha habido esfuerzos muy importantes para rebasar y no vivir aquellos episodios”. El esfuerzo de la administración de Silvano Aureoles, agrega Adrián López Solís, es fortalecer la capacidad institucional del gobierno estatal para poder aglutinar los recursos de todos los niveles de gobierno con estrategias operativas respaldadas por esa fortaleza.

El proceso incluye, dice, el reforzamiento de la Policía Michoacán. “Se está trabajando para reclutar y capacitar a la nueva Policía de Michoacán, ya habiendo depurado a los llamados autodefensas, habiendo depurado la llamada Fuerza Rural, habiendo extinguido la serie de policías que había en Michoacán y conformado una sola Policía, todo ello para que Michoacán tenga su propia capacidad de respuesta ante el fenómeno de la inseguridad y que entonces el apoyo subsidiario que prestan las corporaciones como el Ejército y la Marina no sea el soporte principal de la tarea principal del gobierno en esa materia”.

Pero la estrategia de ataque a los cárteles se tradujo en el surgimiento de grupos delictivos más pequeños y acciones individuales de criminales que atentan contra la seguridad ciudadana, provocando que el episodio narrado en el pasado por el secretario de Gobierno permanezca como un presente de los michoacanos. “No podemos ser omisos en reconocer que el problema persiste, pero no persiste en la misma dimensión que en otros momentos, eso sería necesario resaltar y también, siendo responsable, decir que persistiendo el problema debe persistir la determinación de la autoridad para combatirlo”.

Ante la atomización de los delitos, señala Solís, “no podemos separar el problema de la inseguridad; es un gran problema que hay que entender en sus diferentes componentes, hay algunos que que son generadores de violencia y que es una violencia que impacta a toda la cadena del problema, ya no podemos hablar que se trata de delitos federales o que se trata nada más (de delitos del fuero común) son todos los delitos que los vinculan”.

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