Sociedad

Sindicatos de salud y educación buscan solución a demandas laborales
Josafat Pérez Lunes 7 de Agosto de 2017
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Morelia, Michoacán.- En demanda de formalización laboral y pagos incumplidos de aguinaldos, el Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán (STDSSM), se manifestó en Casa de gobierno para posteriormente marchar a Palacio de gobierno para a la espera de sentarse a dialogar con funcionarios estatales sobre sus peticiones.

Además de los trabajadores del sector salud, a la manifestación pacífica en Casa de gobierno –replegada por granaderos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), a pesar de no obstruir la vialidad–, se sumaron adherentes al Movimiento indígena nacional, región Zacapu, y sindicalizados del Colegio de Bachilleres del Estado (COBAEM) de Michoacán, entre otras organizaciones, para hacer llegar sus demandas específicas.

Se aglutinan como Frente de organizaciones y movimientos sociales de izquierda en defensa de los derechos humanos (Fomsidh).

Se aglutinan como Frente de organizaciones y movimientos sociales de izquierda en defensa de los derechos  humanos (Fomsidh)
Se aglutinan como Frente de organizaciones y movimientos sociales de izquierda en defensa de los derechos humanos (Fomsidh)
(Foto: Héctor Sánchez)

En entrevista con este medio, Guadalupe Pichardo Escobedo, representante del STDSSM, señaló que hay alrededor de dos mil 500 trabajadores del sector salud en todo el estado en busca de su formalización laboral y dijo que pese a las peticiones expresas a los secretarios de salud –que han sido removidos constantemente– y al gobernador, Silvano Aureoles Conejo, no han conseguido transparentar el destino del recurso federal para la formalización.

“Es un presupuesto bastante elevado que alcanza para homologar los salarios de las anteriores etapas, homologar prestaciones y para cubrir la formalización”, dijo luego de señalar que también se les adeuda el aguinaldo del año pasado, entre otras prestaciones.

Por otra parte, Pichardo Escobedo criticó el actuar de la fuerza pública en la manifestación de Casa de gobierno, así como a las afueras de Palacio de gobierno, por considerar que la presencia de granaderos –los cercos y repliegues ordenados por el estado– socavan el derecho a la libre manifestación, dijo, “y no es posible que un gobierno de izquierda repliegue así a la gente del pueblo, cuando se debe a él”.

A su vez, Eustolia Romero Ponce, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del COBAEM, habló de dos problemas álgidos que tiene la institución sin resolver, por una parte el adeudo de prestaciones previamente pactadas en las condiciones generales de trabajo, que echó abajo el nuevo director, Alejandro Bustos, y el despojo de las oficinas centrales del Cobaem para ser cedidas a la Procuraduría General de Justicia (PGJE), a iniciativa de dicho funcionario.


“Presentamos una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que derivó en recomendación hacia él, para que se hicieran extensivas las prestaciones porque hubo discriminación laboral”, dijo al advertir que desde su ingreso como titular del Cobaem, Bustos se coludió con el sindicato mayoritario.

Con justificaciones que consideró absurdas o sin fundamento –como inundaciones o un supuesto proyecto de crear una ciudad ministerial–, Romero Ponce aseguró que Alejandro Bustos inició con el desmantelamiento de las oficinas de manera arbitraria.

“Solamente por dos causas podría cederse: que haya dejado de prestar los servicios para los que originalmente fue fundado el inmueble o que estén dañados los edificios”, dijo luego de reconocer que, al respecto, el diputado Enrique Zepeda propuso un punto de acuerdo votado a favor por unanimidad y el exhorto llegó hasta la oficina del gobernador, sin resultados favorables hasta ahora.

Los manifestantes que conforman el Fomsidh esperan ser atendidos en los próximos días por funcionarios de la administración estatal, a fin de entablar mesas de trabajo para atender las demandas específicas de cada organización.