Política

Comunidades indígenas ponen a prueba definición política de Morena
Gabriel Envila Fischer Martes 18 de Septiembre de 2018
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Morelia, Michoacán.- Una primer prueba para que la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Poder legislativo michoacano, defina con hechos su postura y proceder político, sea de izquierda, centro izquierda o tan pragmática y derechista como la de sus antecesores, fue presentada ayer ante la Mesa Directiva del legislativo mediante el Juicio de Protección de los Derechos Ciudadanos que las comunidades originarias de Pichátaro, San Felipe de los Herreros y Arantepakua, interpusieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Interpuesta apenas el primer día hábil de la LXXIV Legislatura, la demanda de las comunidades indígenas de Michoacán que buscan independizarse del modelo de gobierno emanado de los partidos políticos y sus vicios, para transitar a un modelo de autogobierno que responda a su cosmovisión y a su idea de vida distinta a la costumbre mestiza occidentalizada, esperó hasta la llegada de la era morenista con la esperanza de encontrar el apoyo que requieren para acceder a un derecho que constitucionalmente fue reconocido en México pero que en los hechos los diputados de los partidos políticos se han negado a legislar.

Alfredo Ramírez coordinador de los diputados locales de Morena
Alfredo Ramírez coordinador de los diputados locales de Morena
(Foto: Especial)

La prueba que deriva de una posición irrenunciable para las comunidades originarias, confronta la congruencia y los intereses de Morena, que pese a resistirse a definirse como un partido político, recibe recurso y se administra igual que cualquier otro, compite bajo las mismas reglas en los procesos electorales y ejerce el poder gubernamental bajo el mismo sistema. Cumplir con los mandatos judiciales pendientes de la SCJN, implica renunciar al dinero que proporcionalmente corresponde a las comunidades que así lo decidan, por supuesto alentar la decisión para que muchas más comunidades de Michoacán se atrevan a autogobernarse y autoadministrarse sin tener que acudir a ningún tipo de juicio ni confrontarse con sus alcaldes, y quizá más significativo, a renunciar a controlar sus territorios.

Las excusas de los diputados priistas panistas y perredistas de la pasada legislatura, argumentaron elementos paternalistas que señalaron que las comunidades indígenas no eran capaces aún de administrarse al no comprender los modelos administrativos de aplicación, transparencia y comprobación de los recursos a los que se verían obligados.

Siendo Morena una opción que capitalizó la inconformidad de más de 30 millones de votantes mexicanos, el movimiento que dirige López Obrador hoy transita de ser oposición a ser gobierno, de prometer en campaña a cumplir y de la ilusión y la esperanza a la realidad que sea capaz de crear como próximo gobierno federal, y ya como mayoría en el Congreso de la Unión y varias cámaras estatales como la local.

En entrevista con Cambio de Michoacán, el coordinador de los diputados locales de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció hace un par de semanas que Morena aún o tenía una definición sobre el tema indígena pero que no podrían ni buscaban evadirlo como parte de su agenda, sin embargo agregó, esperarían a que “gente de la Ciudad de México” de Morena, instruyera a los morenistas michoacanos sobre la posición de su partido a nivel nacional.

La omisión que demandaron ante el TEPJF las tres comunidades indígenas este lunes, exige que los diputados michoacanos reformen la ley Orgánica Municipal y por lo menos 10 ordenamientos constitucionales referentes a la administración del presupuesto público del estado, a fin de que las comunidades originarias que lo decidan puedan acceder a un modelos de autogobierno y administración basado en sus usos y costumbres que la constitución federal les otorga.