Morelia, Michoacán .- Como parte del compromiso signado para fortalecer los conocimientos de los servidores públicos, así como los principios de ética y cultura de la legalidad para la prevención de delitos, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través del Instituto de Capacitación y Profesionalización, llevó a cabo la capacitación “Investigación especializada en materia de tortura” reportó Agencia RED 113.

(Foto: Especial)
Dicha jornada de conocimiento dirigida Ministerios Públicos, Peritos y agentes de Investigación y Análisis de la Dirección General de Asuntos Internos y de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Tortura de esta institución, tuvo como principal objetivo que los asistentes adquieran herramientas que les permitan desarrollarse con apegado a derecho, respetando las garantías de las personas.
Edgar Hugo Rojas Figueroa, director general del Instituto refirió que estas capacitaciones, las cuales son constantes entre los servidores públicos, ayudan a fomentar una conciencia de sensibilidad que les permita comprender y aplicar de manera correcta los protocolos de actuación al momento de brindar atención a una víctima.
Con esto, señaló, se atiende a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio del 2017, la cual menciona que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal, protegiéndosele contra cualquier acto de esta índole.
En ese sentido, Rojas Figueroa destacó que la realización de estas capacitaciones, coadyuvan a homogeneizar los conocimientos del personal, con el fin de que se avance coordinadamente en alcanzar los estándares establecidos en esta ley.
El funcionario exhortó a los presentes a continuar reforzando su desarrollo profesional y conducirse siempre priorizando valores como la honradez, eficiencia y respeto pleno de derechos humanos.
El curso fue impartido por el especialista, Francisco Enrique Varela Ramírez, docente certificado de la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste.
La tortura y el maltrato son actos en los que la ley general establece una penalidad de hasta 20 años de prisión y 500 a mil días de multa al servidor público que incurra en una de estas conductas previstas por este ordenamiento.
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