“No saben de qué estamos hechos”

Poco ha cambiado el aparato de justicia en México. Rescato un artículo personal escrito en el no muy cercano año de 2007.  Muchos recordaran los detalles y la indignación que esos hechos nos causaron. El motivo de reciclar este artículo es porque muchos aún tienen  la esperanza o quizá más bien la ingenua creencia de que existe autonomía en el llamado Poder Judicial, autonomía que nos servirá de escudo ante las continuas insensateces de la irracional 4T.  Vana esperanza como podemos ver.

 “En determinadas circunstancia algunas personas tienden a soltar frases que en ese instante les deben parecer adecuadas, brillantes, si no es que hasta “históricas”. Dentro de esas circunstancias encaja perfectamente la frase que da título a este artículo: “No saben de qué estamos hechos”, pomposa  sentencia lanzada por el ministro, así con minúsculas, de la suprema corte de justicia de la nación, también con minúsculas, Salvador Aguirre Anguiano, con motivo de la discusión y análisis de la llamada “Ley Televisa”, en el no lejano mes de mayo del presente año (2007)

 Lo anterior viene a colación por el reciente desfiguro que ha protagonizado esa Suprema Corte de Justicia con relación al muy conocido caso de violación a los derechos humanos y las redes de prostitución infantil denunciadas por la periodista Lydia Cacho y que involucran como principales actores al Gobernador de Puebla, Mario “el precioso” Marín y el empresario Kamel Nacif. La grabación, imposible de desmentir, donde, con un lenguaje de burdel, se ponen de acuerdo el “gober” con Kamel para fastidiar a la periodista, es sobradamente conocida.

Sencillamente ante los hechos no hay argumentos. Esa conversación fue escuchada por millones y es causa de repulsión en todo México. Revelan no solo el nivel tan bajo de los interlocutores, sino su presunta complicidad en asuntos terriblemente graves: la pederastia y la pornografía infantil.

Pero, quizá en nuestra indignación olvidamos una triste realidad, estamos en el país de Kafka, sencillamente todo eso fue desdeñado por los seis ministros que votaron contra el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, en que se asienta la existencia de responsabilidad del gobernador Mario Marín en la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.

 La razón (cuando menos la oficial), fue que la plática telefónica entre Kamel Nacif y el “gober” Marín no podía ser considerada como prueba debido a la ilegalidad de dicha grabación, (living is easy with eyes closed misunderstanding all you see, nos lo dicen Lennon-McCartney).

 Pero no contentos con rechazarla como prueba, actuaron como si no hubiese existido, nada les importó el contenido de la misma. Para ellos fue suficiente afirmar que el haber rechazado dicha conversación como prueba, representa una “consideración técnica, que soporta la justicia y que da solidez al funcionamiento de todo el sistema judicial de nuestro país”, según se afirma en el texto leído por la ministra Margarita Luna en un torpe intento de justificarse.

 Legalismo, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa: “tendencia a la aplicación literal de las leyes, sin considerar otras circunstancias”. Es también la “formalidad o requisito legal que obstaculiza o impide el eficaz funcionamiento de algo”. Significados como mandados a hacer para la resolución de la SCJN, resolución que es un agravio para la sociedad. Queda para el anecdotario de la infamia la declaración del ministro Salvador Aguirre Anguiano: “Si a miles de personas las torturan en este país, ¿de qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?”.

 Este dictamen es solo una muestra de los grandes obstáculos que hay que vencer si es que deseamos un verdadero Estado de derecho en México. En lo personal admito lo evidente; las dificultades son insalvables dadas las características de nuestro país: Se acepte o no,  la corrupción, la mentira y la ilegalidad son el motor que mueve a México.  Simplemente sin eso no hay país.

 Por lo pronto el ‘gober precioso’ y una veintena de funcionarios poblanos y quintanarroenses ya pueden dormir tranquilos gracias a los  seis votos por la impunidad  que emitieron los ministros  Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela, Salvador Aguirre, Sergio Valls, Margarita Luna y Olga Sánchez Cordero, (sí, esa mera, la actual secretaria/florero).

 Solo cuatro de ellos, los ministros Juan Silva Meza, Genaro Góngora, José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño dieron su voto de acuerdo a lógica y las pruebas de un voluminoso expediente. Pero no fue suficiente.

Ahora sí podemos saber de qué están hechos los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Mariano Azuela, Margarita Luna Ramos, Sergio Valls, Salvador Aguirre Anguiano y Olga Sánchez Cordero.

Solo que la palabra que los define es impublicable.

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