El retorno a la “nueva normalidad”

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A partir del 1 de junio, se nos ha anunciado, México empezó a regresar, desde el confinamiento doméstico y la parálisis parcial de la economía, a lo que el gobierno federal ha llamado una “nueva normalidad”. Es seguro que no es ni será un proceso terso y fácil sino trabajoso y, en muchas ocasiones, angustiante y lleno de riesgos.

El propio subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, lo ha señalado pública y enfáticamente en varias ocasiones: la epidemia de Covid-19 no ha terminado y ni siquiera ha amainado su ritmo de contagio, después de más de dos meses de decretadas la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia. De hecho, el país se encuentra en fase ascendente de expansión del virus y el instrumento diseñado para medirlo, el semáforo, en alerta roja en casi todas las entidades del país.

            También se ha dicho, por epidemiólogos y otros científicos: el ahora anunciado retorno a la normalidad (“nueva”) no obedece a que se haya alejado el peligro sino principalmente a razones económicas. Después de alrededor de 50 días o más, los sectores productivo y comercial del país no pueden o no están dispuestos a mantener la suspensión de sus actividades, que ya ha afectado de manera grave a la economía y sobre todo a un gran número de trabajadores. Según el reporte del Inegi, alrededor de 12 millones dejaron de trabajar temporal o definitivamente durante abril, muchos de ellos sin ingresos o sólo con una parte de los que normalmente obtenían.

            Por otra parte, están las empresas que, debiendo hacerlo, no suspendieron sus actividades, y que se han convertido en focos de infección para sus operarios, como es el caso de varias maquiladoras ubicadas en la frontera norte o el de Arcelor-Mittal en Lázaro Cárdenas, Michoacán. También, desde luego, las del nefasto empresario Ricardo Salinas Pliego, que pública y cínicamente ha desafiado la política sanitaria y las normas señaladas por le Secretaría de Trabajo para seguir obteniendo ganancias en sus tiendas y sucursales bancarias. Pero no son los únicos, tanto en el sector formal como en el informal una infinidad de empresas de todos tamaños han mantenido de manera más o menos normal, o con algunas restricciones, sus actividades y ahora se potencia el riesgo de elevar el nivel de contagios y eventualmente de muertes.

            Pero lo que no es fácil es tener claras las implicaciones de la anunciada como “nueva normalidad. Es, desde luego, un progresivo retorno de las actividades económicas, no sólo las etiquetadas como esenciales sino de otras que se irán sumando en las próximas semanas, a criterio, ahora, de los gobiernos estatales.

Si bien es cierto que el desarrollo de la epidemia es diferenciado por regiones y que no en todas ellas está sincronizado, no podemos olvidar que no hay fronteras seguras ante su expansión y que los gobernadores y alcaldes son más susceptibles a las presiones de los sectores económicos de sus entidades y municipios que el gobierno federal. Da la impresión el que éste quiere compartir con los funcionarios locales la responsabilidad por los posibles, no rebrotes de la enfermedad (pues esta última está más viva que nunca), sino incrementos de ésta que se antojan inminentes en casi todo el territorio.

            La construcción, la minería y la industria de automotores son las ramas que el gobierno del país ha autorizado, para empezar, la reapertura de sus actividades. Las dos primeras, con un elevado impacto en los niveles de empleo o desempleo: pero llama la atención el caso de las fábricas vinculadas al sector automovilístico. Las ventas de automóviles en México se han venido desplomando desde 2017 y ya en 2019, antes de la pandemia, habían tenido su peor año con una disminución de 7.7 por ciento. En el resto del mundo también cayeron drásticamente en 4.9 % con respecto del año anterior (El Economista, 9 feb. 2020: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Mexico-el-tercer-pais-con-mayor-caida-en-venta-de-autos-20200209-0103.html). Y esas tendencias no sólo no van a mejorar sino se agravarán como efecto del Covid-19 en todo el planeta.

¿Por qué, entonces, la prisa de reabrir esa rama industrial, que en modo alguno resulta esencial para nuestra economía? Obviamente, de lo que se trata es de sincronizar la reactivación de esa industria en México con la de los Estados Unidos, donde también, aun sin superar los riesgos, se ha decidido echarla a andar para no perder mercados frente a las productoras de Corea y China. Y México aporta autos armados para el mercado estadounidense, pero, sobre todo, piezas que necesitan las plantas de ese país. Quizá la rama de automotores es una de las más automatizadas, incluso robotizadas, que hay en nuestro país, y eso reduce en las factorías los riesgos de aglomeración de los obreros y de contagio; pero es claro que en su reapertura no se trata de una decisión soberana sino de un efecto del T-MEC y el engarzamiento de la economía mexicana a la dinámica de la de nuestros poderosos vecinos.

Pero, más allá de esas particularidades, el golpe que han recibido —y siguen recibiendo— la sociedad y la economía de México con la crisis económica (por lo demás, ya anunciada antes del Covid-19) obliga a repensar y diseñar no el mero regreso a una normalidad que no parece nueva, sino las necesidades más extendidas y profundas de nuestro país y su población. No debiera tratarse de tan sólo reactivar sobre las mismas bases productivas y de comercialización las empresas y actividades ya preexistentes, sino de aprovechar la crisis del capitalismo para rediseñar el rumbo de la economía misma, como de alguna manera ocurrió tras la gran crisis mundial de 1929-1933.

El programa de emergencia del gobierno de México al aflorar la crisis ha permitido asumir algunas medidas acertadas. Se han previsto microcréditos con bajo interés y plazos muy razonables para evitar la quiebra de quizás un millón de micro y pequeñas empresas; se recurre a subsidios que buscan incentivar la demanda interna para, por esa vía, impulsar la reactivación; se ha logrado conservar las cadenas productivas de los bienes básicos para evitar el desabasto y combatir con cierto éxito la especulación y las alzas injustificadas.

Sin embargo, eso no es suficiente. La aterradora pérdida de empleos en los últimos dos meses, que viene a sumarse a la de por sí muy abultada economía informal que ya rondaba anteriormente el 60 por ciento de la PEA, no se recuperará en un plazo corto, ni se ve cómo, con las medidas hasta ahora anunciadas, se pueda lograr. El gobierno lopezobradorista persiste en apostar a las políticas asistenciales —ahora elevadas a rango constitucional— que, si bien mitigan la pobreza y en algunas circunstancias se pueden justificar, no la abaten realmente ni mucho menos alcanzan a dar dinamismo a la economía en su conjunto. La también persistente austeridad “republicana” (no puedo evitar pensar que cada vez que López Obrador pronuncia esas palabras, Milton Friedman se estremece de emoción en su tumba), ya aplicada desde el inicio del sexenio y ahora acentuada, no sólo no es suficiente para ese fin sino incluso opera en un sentido opuesto a la recuperación necesaria.

Sería preciso incrementar el gasto y la inversión públicos, y por tanto los ingresos fiscales, con una orientación productiva que hasta ahora no tienen. No se ve de dónde se obtendrán los recursos para la reactivación con la insuficiente captación tributaria del Estado mexicano. Nuestro país tiene los niveles de recaudación más bajos de la OECD, con apenas un 16.1 % del PIB de 2018, que ahora se verá drásticamente disminuido, mientras que nuestros homólogos de esa organización captan en promedio más del doble, el 34.3 %. Y está también por debajo de los ingresos fiscales de la región latinoamericana, en promedio de 23.1 % (en http://www.oecd.org/tax/tax-policy/estadisticas-tributarias-america-latina-caribe-mexico.pdf).

El presidente López Obrador ha dicho reiteradamente que no recurrirá al endeudamiento; incluso intentó bloquear una operación de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (organismo al que nuestro país pertenece y hace aportaciones) a pequeñas y microempresas, promovida por el Consejo Coordinador Empresarial y que ya había sido aprobada por la Secretaría de Hacienda. Pero tampoco está dispuesto a emprender la reforma fiscal progresiva que muchos expertos y simples mexicanos vemos indispensable, aplicando gravámenes a las ganancias extraordinarias y especulativas y a los estratos más altos del capital. Quizá la mejor oportunidad para una reforma fiscal profunda era el año pasado, antes de la crisis económica y la imprevista pandemia; pero justamente es ésta la que puede ahora justificarla.

Otra opción para evitar el endeudamiento sería echar mano de una parte de las históricamente altas reservas internacionales, que ascienden a más de 185 mil 500 millones de dólares y no han dejado de crecer en este año, a pesar de la crisis epidémica y de la baja de los precios del petróleo. Pero esas reservas están en manos del Banco de México que se maneja, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con autonomía del gobierno federal, una autonomía que habría que modificar legalmente para que en una situación como la actual el gobierno pueda usarlas en beneficio de la población. Es cierto que el B de M en esta coyuntura ha ampliado sus líneas de crédito a la banca comercial para que, a su vez, ésta canalice mayor financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con tasas más bajas de interés, e inyectando por esa vía circulante a la economía. Pero habrá que ver cuál es el impacto de ese programa en la economía real.

López Obrador se comporta de manera timorata frente a la burguesía. Si bien está recuperando impuestos no pagados por algunos miembros de ésta (Walmart, Femsa, IBM y luego quizá Bancomer, entre otros grandes evasores del fisco; falta ver si la justicia fiscal alcanza también al Grupo Salinas), no está dispuesto a afectar de manera definitiva las ganancias del gran capital elevando las tasas.

Hasta ahora, el gobierno no se plantea sino restablecer la situación anterior, conservarla, en el mejor de los casos. Pero para no se precisa ni sería recomendable sólo reconstruir y volver al crecimiento de la economía como ésta ha existido, sino reestructurar el tipo de desarrollo vigente y superar el capitalismo ultraliberal. Se requeriría usar el capital de Estado como capital, no como fondo para el asistencialismo individualizado a los sectores vulnerables.

Hay que impulsar la economía social, entre otras cosas, con un amplio programa de creación de cooperativas bien asesoradas, para recuperar la ocupación y el empleo y atender el mercado interno. Desde luego, es preciso incrementar los apoyos a la producción agrícola apuntando hacia la mayor autosuficiencia alimentaria posible, aspecto que, si bien está contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se hace más urgente que nunca. La apuesta del Estado no puede ser más a los megaproyectos como el cuestionado Tren Maya y la refinería en Dos Bocas, sino por una economía solidaria y sustentable que reorganice desde abajo a la sociedad y amplíe sus márgenes de autonomía ante el gran capital y el Estado mismo. Pero eso no se logrará sin el impulso que surja de la sociedad misma y sus productores directos, los trabajadores.

Como lo dijo ya un clásico instantáneo: “A México lo mueven los obreros”.