Al que escribe, se encuentra indignado por el asunto del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (Conapred) que es un organismo dependiente de la secretaría de Gobernación, el cuál ha sido descalificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ignoraba su existencia.
Este organismo fue resultado de una larga lucha en contra de la discriminación de todo tipo, particularmente de las personas con discapacidad, como fue su promotor Gilberto Rincón Gallardo durante el gobierno de Vicente Fox.
El Conapred fue una conquista democrática de las minorías nacionales de este país por el reconocimiento de sus derechos humanos y constitucionales, aunque el gobierno federal nunca le quiso dar autonomía constitucional y lo ubicó dentro de la administración pública.
También se puede decir muchas cosas en contra de su funcionamiento y de la forma como se dirige que indiscutiblemente tiene muchas fallas de carácter de diseños institucionales y de competencias, pero esto es muy diferente a los adjetivos calificativos emitidos por el presidente.
En primer término, la discriminación de todo tipo y género está PROHIBIDA en México, lo que está establecido en el artículo primero constitucional, lo cual López Obrador no puede decir que lo ignora y si así fuera, por eso tiene la Consejería de la presidencia.
Pero el presidente de la 4T es enemigo abierto -así lo manifestó en su conferencia mañanera del día 18 de junio de este año- y condena la existencia de todos los organismos autónomos del Estado mexicano, incluyendo al Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar las elecciones ejecutadas por los ciudadanos.
López Obrador tiene el propósito de aniquilar todos los órganos autónomos del estado mexicano que en la larga trayectoria por la democracia en México fueron producto de la lucha para acotar el poder del régimen político presidencialista y que son contrapesos en la democracia mexicana necesarios para, como se dijo, acotar el poder presidencial y también de los poderes legislativos y judicial; y que es una conquista democrática de la sociedad civil de los últimos cuarenta años.
También López Obrador argumenta que la existencia de todos estos organismos autónomos invaden, según él, las atribuciones del poder ejecutivo federal y son una carga financiera para las finanzas públicas del estado mexicano, además de que sus servidores públicos están llenos de privilegios que “ofenden” al pueblo “bueno” de México y están sumergidos en la corrupción; acusación muy grave del presidente.
La existencia del Conapred, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Nacional para la Atención a Víctimas, que por cierto a esta última se le recortó el presupuesto en un 75 por ciento por el programa de la supuesta austeridad, son órganos que atienden a sectores sensibles y vulnerables de la sociedad mexicana que son víctimas de violaciones a sus derechos humanos por el mismo estado y el poder presidencial y de los gobiernos estatales y municipales, que ahora López Obrador los quiere desaparecer violentando, no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales a los cuales está obligado el Estado mexicano a observar.
Pero hay que volver a las causas que desataron el enojo presidencial contra el Conapred y es que su directora, Mónica Maccise, organizó un foro contra la discriminación donde invitó a Chumel Torres que tiene un canal en Youtube donde ha emitido juicios por el color de piel del hijo menor del presidente, que a petición de la esposa del mismo, Beatriz Gutiérrez Müller, le solicitó a la directora del Conapred cancelara el evento, cosa grave porque la respetable esposa del presidente que es una simple ciudadana que no tiene atribuciones de funcionaria pública para imponer su respetable criterio sobre las actividades de un órgano público, para ello existen las instancias competentes, en el caso de sentir que un acto discriminatorio de su hijo.
La condena y la amenaza de desaparecer al Conapred son un atentado directo del presidente a la vida democrática del país, así como sus adjetivos emitidos, violenta la Constitución y los derechos humanos de todos los que hemos sido víctimas de actos discriminatorios.
Pero lo más grave del asunto es que el presidente López Obrador puede violar impunemente la Constitución sin que nadie ni nada se lo impida en nombre de su proyecto de gobierno autodenominado la Cuarta Transformación.
También el que escribe recurrió al Conapred en un litigio que tiene contra las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por actos discriminatorios y violaciones a sus derechos humanos desde abril del 2015 cuando fue despojado violentamente por las autoridades del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la propia Universidad de su cubículo de investigación, así como el despojo de sus archivos documentales y electrónicos y su material bibliográfico que son instrumento para sus investigaciones. Después de cinco años las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se niegan a reconocer tales actos y a reparar sus derechos que han dañado económica y materialmente su patrimonio y su reputación académica.
Por todo lo anterior señalado, hoy es necesario salir a defender en primer lugar a los órganos autónomos constitucionales y en particular al Conapred sin dejar de reconocer que tiene muchas fallas en su diseño institucional pero eso es muy diferente para desaparecerlo.
Asimismo el que escribe hace un llamado a la opinión pública, a las organizaciones de la sociedad civil y a los intelectuales del país para condenar la intentona presidencial de aniquilar al Conapred y salir en su defensa porque es también la defensa de la democracia mexicana, ante un gobierno que pretende reconstruir un régimen autoritario por no decir dictatorial.
¡Salgamos en defensa del Conapred!
