Bogotá, Colombia.- En la madrugada del 9 de septiembre, Javier Ordóñez, un taxista de 44 años que estaba a un paso de titularse de abogado, salió a beber junto a unos amigos cerca de un parque del barrio Villa Luz de Bogotá, la capital de Colombia. En el marco de las restricciones impuestas en el país para intentar evitar la propagación del coronavirus, el grupo fue abordado por dos policías.
Luego de un cruce verbal, Ordóñez volvió a ser alcanzado por los agentes cuando ya caminaba rumbo a su apartamento. Tras ser esposado y recibir varias descargas eléctricas de pistolas Taser, Ordóñez fue llevado a un destacamento policial cercano. Allí, sufrió puntapiés en la cara, en el pecho y en el estómago. Pocos minutos después, murió cuando era trasladado a una clínica.
El abuso policial, que fue filmado por amigos y vecinos de Ordóñez cuando se produjo la detención en la vía pública, despertó una ola de indignación en Colombia. En las dos noches posteriores al asesinato, varias protestas se sucedieron en las principales ciudades del país. En ellas, 13 personas murieron tras recibir impactos de balas. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, denunció el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la policía en la represión a las manifestaciones.
El homicidio de Ordóñez y los hechos posteriores volvieron a colocar a las fuerzas de seguridad en el centro del escenario en Colombia, más aún en un contexto de restricciones a la movilidad y reunión de personas.
“La cuarentena acentuó el poder del estado de poder encerrar a la gente, pero los abusos tienen que ver con un déficit que viene de mucho antes en la supervisión y control sobre la policía”, dice Jerónimo Castillo, director del área de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, en Bogotá.
Con más o menor intensidad, abusos similares a los cometidos en Colombia se han venido replicando en varios países sudamericanos en los últimos meses. Sin la suficiente formación ni entrenamiento para actuar en un escenario inédito como el de la actual emergencia sanitaria, los cuerpos de seguridad, sobre los que se recostaron varios gobiernos de la región para hacer cumplir las cuarentenas, acentuaron prácticas recurrentes relacionadas con el uso excesivo de la fuerza.
El resultado es que, transcurridos ya seis meses desde el comienzo de las restricciones en varios países sudamericanos, uno de los efectos colaterales de esas medidas es el incremento dre los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.
“En Argentina, cuando el 20 de marzo se dictó el decreto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, hubo varias cuestiones que no se tuvieron en cuenta, entre ellas cómo iba a impactar esta medida en las fuerzas de seguridad”, dice Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, en Buenos Aires. “Eso hizo que se le diera un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad, lo que terminó por exacerbar un comportamiento con una larga historia de abusos y violencia”.
Amnistía Internacional relevó hasta el 11 de agosto pasado 30 hechos de violencia institucional y al menos seis asesinatos o desapariciones en Argentina desde que entró en vigor la cuarentena.
El caso que adquirió mayor notoriedad es el de Facundo Astudillo Castro. El joven de 22 años había salido el 30 de abril de la pequeña localidad de Pedro Luro para ir a la casa de su novia en la ciudad de Bahía Blanca, distante a unos 120 kilómetros. En el camino fue detenido por agentes policiales y se le labró un acta por violación del aislamiento social preventivo y obligatorio. Poco tiempo después hubo una segunda detención y no se supo más nada de Facundo hasta el 15 de agosto, cuando fue hallado su cadáver en un descampado.
Todos los indicios apuntan a un abuso policial. En el destacamento donde se produjo la segunda detención, la Justicia halló un objeto personal que pertenecía a Facundo, pese a que los policías negaron haber trasladado al joven a esa dependencia. Además, tres testigos vieron subir a Facundo a un móvil de la policía de la provincia de Buenos Aires y en el peritaje al teléfono celular de uno de los policías involucrados se encontraron fotos del documento de identidad de Astudillo Castro.
Pese a esas pruebas, el ministro de seguridad bonaerense, Sergio Berni, un ex militar que cultiva un perfil duro para las fuerzas de seguridad y fue respaldado por el presidente Alberto Fernández, continúa avalando el proceder de la policía en el caso.
