Son ya seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y nada se sabe de ellos.
Desde su desaparición, tanto sus padres como la sociedad civil reclamaron al estado que les buscaran, que les encontrarán vivos y que se castigara a los culpables de su desaparición.
El estado tiene dos grandes deudas; la primera para con los padres de los estudiantes, a quienes prometió encontrar a sus hijos.
La segunda deuda es hacia la sociedad civil en su conjunto, pues también se nos prometió encontrarlos, dar con los culpables, esclarecer los hechos y hacer justicia.
Treinta y tres días después de la agresión que sufrieron los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, los padres fueron recibidos por el entonces presidente Peña Nieto, la reunión duró más de cinco horas y en ella, las autoridades firmaron un documento de 10 puntos, en los cuales se comprometían a varias cosas.
Se comprometieron a buscar y encontrar a los estudiantes, a pagar los gastos médicos de los jóvenes gravemente heridos que pudieron escapar de la agresión, y varios compromisos más.
Entre ellos me llamó la atención el siguiente: “El Gobierno de la República se compromete a realizar un programa de redignificación de la infraestructura y los espacios de las Escuelas Normales Rurales del país, para lo cual se establecerá una mesa de trabajo con representación de dichas instituciones educativas, que definirá un programa para la atención integral de dichas escuelas a fin de que proporcionen educación de calidad en los términos de la Constitución”. Dicha mesa de trabajo estaría integrada por parte del Gobierno Federal por las Secretarías de Gobernación y Educación.
Las escuelas normales rurales, son parte del Proyecto de Nación producto de la Revolución Mexicana, recordemos que no solo se reclamaba que les fuesen devueltas sus tierras, sino total igualdad a todos los mexicanos; esto significaba y significa, llevar educación a todos los rincones de la patria.
Este punto es de suma importancia, quizás se podría pensar que el meollo del caso. Recordemos para que fueron creadas; para llevar conocimiento al campo, lo cual no solo era erradicar el analfabetismo, sino poner a trabajar al campo, sobre todo que las comunidades tuviesen las herramientas de conocimiento necesarias para su total y adecuado funcionamiento y organización.
La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa por un grupo armado reavivó la discusión sobre las Escuelas Normales Rurales, bastiones de la estrategia educativa en México a principios del siglo XX y que hoy luchan por su sobrevivencia, pues han sido llevadas casi a su extinción ya que afectan intereses económicos y políticos de los poderes locales.
El objetivo por el cual se crearon las normales rurales era ambicioso, pero sobre todo pleno de justicia: realizar una transformación del campo, integrando actividades culturales, deportivas, educativas, económicas y de organización política en el marco de la reforma agraria y de la conformación del Estado posrevolucionario. Jóvenes entre 12 y 17 años se formaron con un plan de estudios de cuatro años posteriores a tres o cuatro años de educación primaria, que enlazó la formación de maestros rurales con la de técnicos agrícolas para formar líderes, personas autónomas, responsables y con autonomía, conocedores de técnicas de agricultura y ganadería, oficios rurales y cultura cívica, de los artículos constitucionales que amparaban a los campesinos y obreros; jóvenes que fueran observadores de las necesidades del medio rural y manejaran técnicas para convertirse en gestores para solicitar el reparto agrario, formar cooperativas de producción, abrir escuelas, procurar la higiene y el deporte, organizar fiestas patrias y otras actividades como la alfabetización.
Las escuelas se ubicaron en zonas rurales, reclutaron a hijos de ejidatarios y de pequeños propietarios rurales que recibían becas del gobierno federal y al finalizar sus estudios obtenían plazas como maestros en escuelas rurales. Buena parte del proceso educativo se daba en los internados, que hasta 1943 fueron mixtos. Los estudiantes se rotaban para atender todas las necesidades de cada escuela, sus anexos agropecuarios y talleres, la alimentación y la limpieza, otorgando un gran valor al trabajo, la disciplina, la vocación de servicio y el compromiso con la comunidad.
Entre 1920 y 1941 las escuelas representaron el trabajo conjunto con los gobiernos estatales y el gobierno federal para dar atención al campo. En un inicio las relaciones con las comunidades no fueron sencillas por su carácter mixto y laico, sin embargo, tras darse cuenta de que así sus comunidades e hijos progresarían, las normales se hicieron del total apoyo de las comunidades haciéndose unos con la comunidad. Mientras que el trabajo de esparcir conocimiento y de organización agraria les convirtió en enemigas de caciques locales y del poder en general.
Como pueden ver estimados lectores el trasfondo de la desaparición de los 43 normalistas, tiene un trasfondo histórico, bastante complejo y a la vez simple; son los intereses de las mineras, del crimen organizado y del sistema económico y político imperante los que han hecho todo lo posible para desaparecer las semillas de conocimiento en las comunidades.
Para lograr desparecerlas el gobierno les ha quitado presupuesto, ha propiciado que decaiga el nivel académico, no da mantenimiento a las instalaciones, no les da las plazas prometidas y sobre todo ha realizado una guerra mediática en su contra, poniendo a los “citadinos de razón” en su contra, haciéndolos parecer como revoltosos. Las personas que viven en las ciudades los juzgan sin ponerse a reflexionar en su situación, sin ponerse en los zapatos de esos muchachos.
Muchachos como esos eran los 43 de Ayotzinapa. Muchas cosas han pasado en esos seis años, pero lo más lamentable es que las cifras de desparecidos a engrosado de manera exponencial.
Ninguna desaparición es justa, ni deseable. Todos los que han sido “desaparecidos”, son mexicanos, y debería por ley perseguirse y castigar a quienes les privaron de su libertad.
A 67 meses de la desaparición masiva de sus hijos los padres denunciaron que las investigaciones “han presentado avances mínimos”. Con justa razón exigen al Gobierno no detener la búsqueda de las personas extraviadas en el país pese la emergencia sanitaria por Covid-19.” Nos preocupa que la contingencia decretada por la pandemia sirva para la inacción de las autoridades obligadas a buscar e investigar el paradero de nuestros hijos”.
Del año 1964 al corte de las 12:00 horas del día 13 de julio de este año, México cuenta con 73,201 personas desaparecidas, actualizó la Secretaría de Gobernación. 1,523 corresponden a años anteriores al 2006. Muchas han sido encontradas, otras desafortunadamente no.
Miles y miles de madres y padres angustiados, que nunca más durmieron o vivieron tranquilos. Miles de hermanos, de amigos, de vecinos, de maestros, de ciudadanos que desde entonces siguen buscándoles.
Miles de mexicanos seguimos en búsqueda de la justicia, que al parecer es una desaparecida más.
