En un hecho inédito, pero no histórico como la verdad “histórica”, las puertas del Palacio Nacional de abrieron a los padres de los normalistas de Ayotzinapa para escuchar un informe por parte del gobierno de López Obrador a través de Alejandro Encinas, sub secretario de Derechos Humanos, y el fiscal Alejandro Gertz Manero; el contenido de dicho informe lo único nuevo que tuvo es que se confirmó que es el Estado el único responsable de la desaparición forzada de los 43 normalistas, donde el ejército, más concretamente el batallón 27 está sujeto a investigación por su supuesta responsabilidad en este hecho y que se investiga a diferentes mandos militares.
Asimismo se informó que Tomas Zerón fabrico presuntos culpables mediante la tortura, y que Jesús Murillo Karan, ex Procurador General de la República, quien construyera la famosa “verdad histórica” que desde entonces no era ni verdad, ni histórica como lo demostró el Grupo de Expertos Internacionales, en el sentido de que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula.
También tanto el gobierno de López Obrador como la Fiscalía General de la República responsabiliza al gobierno de Peña Nieto, por todas las omisiones y complicidades así como el encubrimiento con el crimen organizado.
Hoy el gobierno de López Obrador reconoce y acepta que es un crimen de Estado. Pero el informe en síntesis no ofrece nada nuevo para conocer los hechos, y mucho menos para encontrar a los desaparecidos después de seis años de la trágica noche de Iguala lo que significa que López Obrador y el fiscal en los hechos se lavaron las manos sobre el caso, a pesar que según versión oficial existen elementos de prueba y acusaciones en contra de los ex funcionarios responsables en el gobierno de Peña Nieto.
El mismo día 26 de septiembre por la tarde se llevó a cabo una movilización hasta las puertas de palacio nacional para exigir justicia por parte de los padres y de las organizaciones sociales independientes en la plaza del Zócalo que también estaba ocupada por los integrantes Frenaaa que están exigiendo la salida de López Obrador, esta organización permitió que se llevara a cabo el acto y apagó los aparatos de sonido que los padres de los normalistas para que realizaran el mitin y a través de las redes sociales se solidarizaron con los 43 para su presentación con vida.
Por lo anterior queda demostrado que los padres de los normalistas de Ayotzinapa no confían en su mayoría en el gobierno de López Obrador, ni mucho menos en los supuestos avances de las investigaciones, porque aquí el problema de fondo es que los padres por una parte sepan que paso la noche del 26 de septiembre del 2014 y por la otra el paradero de sus hijos, por lo que hasta el momento el gobierno de la 4T es incapaz de dar una respuesta para que se conozca los hechos y se haga justicia, en uno de los asuntos más escandalosos y vergonzosos de la vida nacional.
Pero lo más grave del asunto es que por primera vez López Obrador reconoce públicamente que fue el Estado el responsable de la hasta ahora desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, hecho que seguirá impune hasta que no exista justicia y verdad, aunque esto le cueste la presidencia a López Obrador por omisión en el asunto.
Encuentro nacional de organizaciones populares
En un escenario donde avanza el carácter autoritario y la política neoliberal del gobierno de la 4T, organizaciones sociales de todo el país realizaron un encuentro nacional para discutir la crisis económica, política y social del país que afecta a los trabajadores, durante los días de trabajo del encuentro se sacaron acuerdos importantes para continuar con la lucha bajo el lema “Salud, Pan y Trabajo”.
Salud por la emergencia sanitaria y la crisis de sistema de salud que es producto de la política neoliberal que desmantelo la seguridad social, así como las condiciones de trabajo a las cuales se enfrentan los trabajadores de la salud y la población; pan porque millones de mexicanos principalmente trabajadores tanto formales como informales pagarán el costo de la crisis y sobre sus espaldas caerá mediante mas explotación la recuperación económica en beneficio de los grandes capitales del país con la bendición del gobierno de López Obrador y trabajo porque unas de las prioridades principales para los trabajadores es la defensa del derecho y conservación a sus fuentes de empleo que como se sabe en esta contingencia sanitaria y de confinamiento se ha perdido más de 900 mil empleos en una economía en depresión que todavía no toca fondo y que condena a los trabajadores y la mayoría de la población al hambre.
Al mismo tiempo, se aprobó un programa de lucha con todas las demandas de las organizaciones sociales, entre las cuales destacan, la lucha contra la violencia y el crimen organizado en el país, la defensa de los recursos naturales que son explotados por el capital extranjero, la nacionalización de los sectores energéticos y el rescate del sector salud, así como la lucha de un nuevo sistema de pensiones en manos del estado bajo el control de los trabajadores y en contra de las desapariciones forzadas entre otros ejes programáticos donde está la lucha contra la violencia de las mujeres.
El programa es muy amplio, pero lo más positivo es el avance para la conformación de una organización nacional independiente y sobre todo democrática de los trabajadores y sectores populares en contra de la política neoliberal del gobierno de la Cuarta Transformación que es una alternativa para millones de trabajadores que hoy se encuentran sin empleo, explotados y en la miseria. Que en los próximos meses es importante la consolidación en la coordinación de esta organización que sea un instrumento en defensa de los intereses de los trabajadores y sectores populares.
Justicia para Jessica González
La desaparición de la joven profesora Jessica y posterior feminicidio conmovió y movilizó no solamente a la opinión pública moreliana sino que condenaron el hecho y desencadenó la indignación de las colectivas feministas, esto está bien, sin embargo muchos sectores sociales de Morelia NO aprueban el hecho de haber realizado las pintas en los monumentos históricos de la ciudad, ni el intento de incendiar las puertas de palacio de gobierno, es comprensible la impotencia y la rabia de las mujeres que se sienten hoy violentadas y su exigencia de justicia, pero los actos radicales alejan a la mayor parte de la población y su solidaridad hacia el movimiento contra la violencia y los derechos de las mujeres, cuando lo más importante es tener la simpatía ciudadana que los actos radicales la alejan de la causa de las mujeres y su movimiento más aun ahora que debe de haber justicia para Jessica González.
