La detención del general Salvador Cienfuegos Zepeda en los Estados Unidos y el inicio de su encausamiento en un tribunal de ese país interpelan directamente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador impactándolo en diversos sentidos y obliga a analizar con mayor detenimiento el papel que en anteriores y en la presente administración se ha asignado a los militares.
No es posible anticipar cuál será el destino final del militar en manos de la fiscalía y el poder judicial yanquis, pero sí algunas de las implicaciones que, incluso desde ahora, la insólita y espectacular aprehensión tiene para nuestro país. Hasta ahora, lo que sabemos es que los fiscales estadounidenses han acusado formalmente a Cienfuegos de cuatro cargos con los que solicitaron al juez una orden de presentación, todos ellos vinculados con el narcotráfico, la vinculación del general con grupos delincuenciales para facilitar sus acciones y lavado de dinero. También se encuentra involucrado en operaciones de tráfico o desvío de armas hacia esas organizaciones delictivas.
Se ha filtrado también que la operación para detenerlo, denominada Padrino, tiene en curso alrededor de diez años, desde que el hoy detenido era comandante de la IX Zona Militar, con sede en Acapulco, y luego como inspector y contralor del Ejército y oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, cargos que asumió en el tramo final del gobierno de Felipe Calderón. Y su colaboración con los cárteles de la droga continuó una vez que Enrique Peña Nieto lo designó titular de la Sedena. Durante todo eso tiempo, la DEA (Drug Enforcement Administration, Administración para el Control de Drogas, que en los Estados Unidos depende del Departamento de Justicia) acumuló miles de pruebas documentales, fotografías, testimonios y mensajes o conversaciones interceptadas que inculparán al ex secretario en un posible juicio ante los tribunales estadounidenses (ver reportajes de J. Jesús Esquivel en Proceso 2294, Oct. 18 de 2020).
Pero de todo ello el gobierno mexicano no fue enterado sino cuando se ejecutó la aprehensión en el aeropuerto de Los Ángeles el pasado 15 de octubre. En la tarde de esa fecha, el canciller Marcelo Ebrard dio cuenta por su cuente de Twitter de haber sido avisado por el embajador estadounidense Christopher Landau de la detención, de la que al parecer no tenía más detalles.
Al menos dos veces el presidente López Obrador se ha dolido de no haber sido informado con anterioridad de la investigación en curso contra el ex secretario de la Defensa. Y esa investigación llevó desde el 14 de agosto de 2019 —¡catorce meses antes!— a solicitar a los tribunales la aprehensión de Cienfuegos. En su mañanera del 16 de octubre, el presidente comentó que dos semanas antes, durante una visita al Palacio Nacional, nuestra embajadora en Washington Martha Bárcena, le comentó, de manera no oficial de la posible existencia de las pesquisas contra el divisionario, que finalmente condujo a la detención den Los Ángeles. Declaró también que en México no existe ninguna investigación al ex titular de la Sedena. Y el lunes 19, también en su conferencia mañanera, lamentó que los agentes estadounidenses actúen con plena libertad en nuestro país y recaben información que no comparten con las autoridades mexicanas. Advirtió que su gobierno podría corresponder de la misma manera y reservarse datos que hasta ahora ha compartido con nuestros vecinos del norte.
Todo indica, pues, que a pesar de la amplia colaboración que el gobierno mexicano ha dado a las acciones de la DEA y el FBI en nuestro país, esos encargados de las acciones antidrogas no confían en nuestras autoridades. Acaso piensan que, de haber informado a los funcionarios de López Obrador de las investigaciones a Cienfuegos, o de su orden de aprehensión, el Ejército mexicano tomaría medidas para proteger al general. O que esa información podría filtrarse al buscado y a sus presuntos socios en las organizaciones criminales. De poco o nada habrá servido, cuando de asuntos herméticos se trata, que López Obrador haya puesto al servicio de la política migratoria de Donald Trump a la Guardia Nacional, soportado sin queja la construcción del muro en la frontera sur estadounidense y que México sea, por disposición presidencial, el repositorio de centroamericanos y antillanos que solicitan asilo en los Estados Unidos.
Que no exista ninguna investigación en México que involucre a Salvador Cienfuegos no deja de asombrar. En su libro México en llamas. El legado de Calderón (2012), la periodista Anabel Hernández cita una declaración (“dada como válida por la PGR”) de Sergio Villarreal El Grande, miembro del cártel de los Beltrán Leyva y encargado de manejar los sobornos a los militares en la que involucra a quien “fungió como jefe de la Novena Región Militar con sede en Acapulco, Guerrero, cuando los Beltrán Leyva eran amos y señores de la plaza, y quien también fue comandante de la Primera Región Militar, cuya sede es el Distrito Federal, plaza que según [Villarreal] también controlaba la organización criminal: el general de división Salvador Cienfuegos”.
A pesar de esos antecedentes, Cienfuegos escaló a la titularidad de la Secretaría de la Defensa con Enrique Peña Nieto. También escribía la periodista, antes de que se diera ese nombramiento: “Sobre la carrera militar de Cienfuegos se cuestiona su paso por Guerrero, cuya estancia coincidió con el crecimiento del cártel de Sinaloa y, muy particularmente, del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Hay decenas de anécdotas acerca de cómo Arturo Beltrán Leyva gozaba de total impunidad den Acapulco”.
La primera reacción del presidente López Obrador al enterarse de la aprehensión del divisionario en los EUA fue lamentar la detención, pero al mismo tiempo señalar que ésta, junto con la de Genaro García Luna en Miami a finales del año pasado, es “una muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal”. Adelantó que los militares y civiles involucrados con Cienfuegos serán suspendidos de sus funciones, pero no dejó de apuntar que estas situaciones “no debilitan a las fuerzas armadas, porque son instituciones pilares del Estado mexicano y la mayoría de sus elementos son honestos”.
Al día siguiente de la acción de la DEA contra el general mexicano, el presidente no dejó de reiterar que las investigaciones irán a fondo, pero deslindó al actual secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval y al titular de la Marina Armada, almirante Rafael Ojeda, de cualquier culpa, afirmando que “son incorruptibles y tienen toda mi confianza”.
Pero el sábado 17, en Oaxaca, el presidente dio un sorpresivo giro a sus declaraciones y, hablando en tiempo pasado, pidió (¿a quién?) que se investigue también a la DEA: “¿Por qué sólo se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen autocrítica, una reflexión de toda la intrusión de esas agencias en México, porque, sin duda, ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían. Claro, se los permitían”. Sugirió que no se tomaron medidas de la DEA contra el general antes porque “eran parte de una asociación delictuosa que existía”. Una declaración quizás emitida para quedar bien con los militares mexicanos, pero que, seguramente, no agradará a su amigou Donald Trump en Washington. Y no dejó de sembrar la sospecha contra sus antecesores en la Presidencia: “a partir de los juicios en Estados Unidos, se debe determinar si los acusados actuaban por decisión propia o había complicidad con Felipe Calderón, en el caso de García Luna, y del general Cienfuegos con Enrique Peña Nieto” Matizó también sus primeras declaraciones y dijo que no habrá “limpia” en el Ejército mientras no se sepa con certeza quiénes participaron con Cienfuegos en las acciones delictivas (Alma E. Muñoz, La Jornada 18 oct. 2020).
Pero en realidad, la detención de Cienfuegos y su posible juicio en Nueva York viene a echar abajo, una vez más, el mito de todos los gobiernos, compartido también por el actual, de que el Ejército es una institución sólida e incorruptible. Muchos datos y hechos concretos contravienen ese argumento político que no se aviene con la realidad. Por citar sólo un caso, en la crónica que publicó en 2016 el actor estadounidense de su visita, junto con la actriz mexicana Kate del Castillo, a Joaquín El Chapo Guzmán en la sierra de Sinaloa, relata cómo a su paso los retenes militares les franqueaban el paso para que llegaran a la guarida del capo supuestamente perseguido.
Lo que en toda declaración política no puede faltar es el señalamiento de que los responsables son los individuos, y no las instituciones. En principio, es cierto. Sin embargo, también lo es que los ejércitos —y el mexicano no es una excepción— son instituciones pretorianas que actúan conforme a una lógica corporativa y de obediencia vertical en las que es muy difícil independizar a los mandos individuales de las estructuras. Nuestro Ejército ha sido involucrado por los gobernantes en la represión de 1968, y especialmente en la masacre del 2 de octubre; en la guerra sucia de los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, con un resultado trágico en derechos humanos; en la guerra al narcotráfico de Calderón, con el saldo ya conocido de violaciones graves a las garantías individuales, ejecuciones (Tlatlaya y muchas más), desapariciones, secuestros y torturas a la población civil. Ese involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de orden civil, que no sólo no se ha eliminado sino incrementado en el actual gobierno, conllevará siempre el riesgo de la corrupción, la asociación o colaboración con los grupos criminales, y de nuevas violaciones a los derechos humanos.
Es claro que Cienfuegos no habrá operado sólo, y que, además de otros altos mandos que también parecen estar en el expediente de los fiscales estadounidenses, pudo movilizar a una estructura militar que en absoluto está blindada contra esas perversiones. Más que hacer señalamientos mediáticos contra las agencias del gobierno estadounidense y los gobiernos anteriores, bien harían la administración actual y la Fiscalía General de la República en abrir una investigación muy amplia a los militares, ex funcionarios y agentes extranjeros que puedan estar involucrados en delitos para procurar su sanción. Eso es lo que esperaríamos los mexicanos.
