El anunció de D. Trump en 2016 de que Estados Unidos se retiraba de los Acuerdos de París significó un duro golpe a los esfuerzos internacionales para frenar el calentamiento global ocasionado por la actividad económica de nuestra civilización. En contraparte la decisión apuntaló la agenda de las industrias soportadas en el uso de energías fósiles que vieron en la medida la oportunidad de continuar haciendo negocios a costa de la frágil estabilidad ambiental del planeta sin asumir costos.
La doctrina Trump sobre el medio ambiente y en particular sobre el cambio climático indica que el fenómeno como tal es inexistente ─es un mito─ que lo que se está observando es un proceso natural de calentamiento del planeta que de manera cíclica enfrenta desde hace millones de años. Pero además, asegura que atrás de esta perspectiva está China que busca dañar la economía estadounidense.
Que una nación de las dimensiones económicas y políticas de Estados Unidos, con un liderazgo mundial en distintas materias, se retirara para encapsularse con la justificación de proteger su economía nacional, provocó el relajamiento en la aplicación de acuerdos internacionales en pro del medio ambiente y alentó la generación de discursos locales regresivos, que usando los mismos referentes que el gobierno estadounidense paralizaron esfuerzos que debían continuar.
La influencia regresiva prendió en países del hemisferio que son de gran importancia tanto por el peso de sus economías como por su biodiversidad. En el Brasil de Bolsonaro, por ejemplo, se desmanteló la estructura jurídica que venía conteniendo la destrucción de la Amazonía y se alentó y hasta aplaudió el ingreso de empresas mineras que han devastado parte de las riquezas naturales del país. En el México de Obrador las normas ambientales han sido vistas como obstáculo para el desarrollo de la minería de carbón, la extracción del petróleo y la expansión de los cultivos genéticamente modificados.
En dos años México ha abandonado con sigilo los ya de por sí elementales compromisos con el medio ambiente que se habían construido en el pasado. La popularidad presidencial se ha impuesto como entidad justificante que descalifica las razones de las voces críticas que señalan públicamente el problema, en lugar de que sirviera para apoyar la conciencia ambientalista. En contraste, su gobierno en los hechos, ha desmantelado la infraestructura física y humana que tenía responsabilidades con la protección ambiental. Programas como Sembrando Vida operado por la Secretaría de Bienestar, están muy lejos de representar una política ambientalista puesto que está diseñado con fines asistencialistas y clientelares y no se inscribe en una política integral que se proponga la conservación de bosques y selvas y garantice el derecho humano de todos a un medio ambiente sano. En algunas regiones del país dicho programa está siendo el pretexto para el cambio de uso de suelo.
La transición a las energías verdes, que se deriva de los acuerdos de París, está muerta y con recurrencia es estigmatizada desde la presidencia de la república, siguiendo el mismo guión de la doctrina trumpista. La apuesta a las energías fósiles es la apuesta crucial que está haciendo la presente administración a pesar de las observaciones críticas que advierten su inviabilidad económica y los efectos dañinos al medio ambiente que se buscaba combatir.
El inmediatismo político que suele dominar a los gobiernos desde luego no alcanza para prever los riesgos locales y globales derivados de la arrasadora intervención económica del ser humano. Temerosos de encarar a los capitales predadores del medio ambiente optan por el silencio cómplice o bien establecen alianzas con ellos para asegurar su estancia en el poder. Esta es la razón por la cual la doctrina Trump ha sido tan bien recibida en diversas naciones del hemisferio por las élites gobernantes.
En todos los casos, como en México, la construcción de instituciones ambientales y normas jurídicas, no se pueden explicar sin una intensa participación ciudadana. Pueblos originarios, ejidatarios, pequeños propietarios, pobladores, académicos, han sido protagonistas a través de varias décadas de eventos que han permeado la agenda de los gobiernos. La cuestión ambiental no ha sido una concesión graciosa de los gobiernos del pasado, más bien han tenido que abrirse a dicha agenda por las presiones sociales locales y por las presiones internacionales. Que en los tiempos que corren la agenda ambiental en México esté en abierto retroceso no sólo es un agravio para la historia del ambientalismo en el país, es un acto de irresponsabilidad con el futuro de la nación y del planeta.
La prevención es un término que muy poco estiman los políticos. Y es que prever supone invertir en algo que aún no sucede, ellos invierten en lo que pueden capitalizar en la elección inmediata. El calentamiento global les parece distante y poco redituable en términos electorales, hasta ahora. Claro, no quieren asumir que estamos en los límites de una crisis civilizatoria que involucra el acceso al agua, la pérdida de bosques y selvas, o la pérdida de biodiversidad y el riesgo alimentario. Muchos creen que la tecnología, llegado el momento será nuestra solución, lo cual es un error.
El retroceso es una pésima noticia para todos. Estamos ante un ejemplo de cómo la historia no siempre significa progreso. En México esta regresión nos manda hasta principios del presente siglo. El daño a la naturaleza, nuestro ecosistema, que se ocasiona por esta omisión significará recursos económicos extraordinarios que tendrán que pagar las generaciones presentes y futuras.
