A la severa destrucción ambiental que está viviendo Michoacán desde tres décadas atrás le debe corresponder una legislación, digámoslo claro, a la altura de tal ecocidio. La sociedad y nuestros legisladores debemos preguntarnos qué es lo que ha pasado para que hayamos llegado a donde estamos: pérdida de la mitad de nuestros bosques, reducción dramática de la disponibilidad de agua y crecimiento de la contaminación, reducción de la población de especies como consecuencia de la cacería, captura y aplicación de agroquímicos, avance vertiginoso en el cambio de uso de suelo y desaparición definitiva de ecosistemas.
Habrá razón si se afirma que a las instituciones correspondientes en todos los ámbitos les ha hecho falta congruencia y consistencia, que el fenómeno de la corrupción ha hecho del medio ambiente una víctima fatal, que además el Estado no cuenta con la vastedad de recursos financieros y humanos que se ocupan para atender todas las transgresiones a las leyes ambientales.
Pero también deberá decirse que existe una presión poderosa de sistemas productivos que han visto en los bosques y las aguas el motivo para asegurar su expansión e incrementar las ganancias. Deberemos reconocer que el Estado mexicano ha ejercido una tutoría débil en materia de sustentabilidad y sostenibilidad que ha sido rebasada con creces por dichos sistemas que, en el caso de Michoacán, se han convertido en soporte de indicadores económicos inmediatos, pero con cargo al futuro de todos.
Se debe reconocer que las leyes que hasta ahora nos rigen son más conceptuales que operativas. Si la ley federal en la materia establece la prohibición del cambio de uso de suelo desde la década de los 90, cómo explicarnos que en ese trayecto Michoacán haya perdido la mitad de sus bosques. Los conceptos por sí mismos son insuficientes si no se destinan programas puntuales, bien financiados y evaluados de manera permanente.
La ley que actualmente se discute en el Congreso de Michoacán es una oportunidad para corregir lo que nos corresponde a los michoacanos. Es un lugar común reconocer la riqueza de los ecosistemas en los que vivimos pero debiera alarmarnos que hemos llegado al límite de nuestra visión consumista en la disponibilidad de ellos. La ley debe corresponderse con esta alarma.
Bien que en la iniciativa de ley se reconozcan como de aplicación obligatoria los acuerdos internacionales en la materia; bien que se asuma el principio de precaución como criterio para normar el uso de tecnologías dudosas, que de entrada implica la prohibición de cañones antigranizo o el uso de ciertos agroquímicos. Bien por la incorporación del criterio de sustentabilidad como elemento transversal en el diseño de todas las políticas públicas.
Requerimos una ley que, por supuesto, tenga como objetivo universal el acceso de todos al derecho a un medio ambiente sano, pero que sea precisa para responder al ecocidio que no se ha detenido; que se constituya en medio para detener de una vez por todas el cambio de uso de suelo; que su prescripción sea garante de la conservación de todos los ecosistemas que nos proveen de agua; que sea fuerte y no débil para encarar semejantes retos y que tenga pies y manos musculosas para hacer valer cada una de sus normas.
Debiera ser congruente con la apuesta en la participación social como vía cierta y eficaz para empoderar la responsabilidad comunitaria ─tan golpeada en los tiempos actuales por el gobierno federal─, y por ello debe respetar y reconocer el carácter ciudadano del Consejo Estatal de Ecología, el que no debe quedar subordinado ni al poder ejecutivo ni al legislativo, pues la independencia de su criterio es vital para la construcción de alternativas.
La ley debe contener los mecanismos para combatir la omisión de las propias instituciones gubernamentales y los medios para desterrar la corrupción. No puede ser ambivalente, por ejemplo, no debiera alentar la catafixia ambiental, es decir, los acuerdos que promueven el perdón de aguacateros ilegales a cambio de reforestar el 20 % de lo talado con alevosía. Tiene que ser clara en el propósito ecológico de 0 tolerancia al cambio de uso de suelo.
Los legisladores tienen en sus manos la oportunidad de construir y aprobar una ley ambiental de alcances mayores para restituirle a la naturaleza y a los michoacanos la vitalidad de los ecosistemas por los cuales vivimos todos. Como quede, en ella estará pintado el futuro de Michoacán, un futuro que veremos antes del 2030. De ellos depende si la crónica del futuro es de vida o es de muerte.
