El gobierno de López Obrador se caracteriza por su “combate” a la corrupción y por la supuesta transparencia en todos los niveles del gobierno, pero en cambio no tolera la supervisión de los órganos autónomos constitucionales –IFAI,IFT-, a los cuales considera onerosos para el estado mexicano y que sus funciones están de sobra, es por ello que en los próximos días presentara una iniciativa de ley para reformar la Constitución y que tanto el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Protección a los Datos Personales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones sean absorbidos tanto por la secretaria de la Función Pública y la de Telecomunicaciones.
Esta decisión presidencial es un duro golpe de concretarse para el Estado mexicano y la democracia, ya que los órganos autónomos constitucionales son el resultado de una larga lucha contra el régimen político autoritario del PRI en su momento y por la democratización del país para someter a la vigilancia ciudadana no solo al gobierno federal sino a los poderes del estado en su desempeño.
Estos órganos autónomos constitucionales son un verdadero contrapeso al poder presidencial y una conquista de los derechos ciudadanos, en este caso al derecho a saber de los ciudadanos como parte de los derechos humanos y la transparencia a la que deben de estar sometidos los poderes del Estado; la transparencia en el desempeño del ejercicio gubernamental no es propiedad del gobierno de la 4T, sino un derecho de todos los ciudadanos de este país que ahora se pretenden aniquilar mediante una supuesta reforma constitucional.
Como ya se señaló, el surgimiento de los órganos autónomos constitucionales entre ellos el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y el INEGI permite poner límites al abuso y la discrecionalidad del presidente en turno y además regulan muchas funciones públicas entre los ciudadanos y el Estado que es sinónimo de la vida democrática con todas sus imperfecciones, a la vez resultado de la lucha de la sociedad civil por la democratización del país.
Pero el presidente, no entiende o no lo tolera que esos órganos limiten el poder presidencial, hoy pretende desaparecerlos para que sus funciones pasen bajo el poder del gobierno federal lo que resulta inadmisible para la sociedad civil y el desarrollo democrático.
La mejor arma contra la corrupción es la transparencia y el derecho a saber por parte de los ciudadanos acerca del desempeño no solo del poder ejecutivo federal sino de todos los poderes del estado mexicano y de sus servidores públicos y a la vez solo se justifica la reserva de la información en aquellos casos de seguridad nacional bien definidos.
Por ello, en los tiempos contemporáneos ya no es suficiente el gobierno abierto, ni tampoco el parlamento abierto y el poder judicial en las mismas condiciones, sino también de un Estado abierto bajo el escrutinio de los ciudadanos, porque el estado es financiado con los impuestos que pagan los mismos y a su vez tienen el derecho de saber en detalle cómo se ejerce el gasto público.
Lo que se pretende hacer por parte de López Obrador con los órganos autónomos constitucionales antes señalados es el primer paso para desaparecer a los demás y poder centralizar muchas funciones del estado mexicano donde estos órganos son garantes de una vida pública democrática.
Como se sabe, López Obrador tampoco ve con buenos ojos al instituto nacional electoral que es otra conquista democrática del pueblo de México por haber puesto en manos de los ciudadanos la organización en los procesos electorales que seguramente en este año del 2021 pueden resultar no favorables para su proyecto de la reconstrucción de un régimen político autoritario y que el INE estará fuertemente cuestionado por el poder presidencial, donde seguramente también manifestará ÁMLO la desaparición del órgano electoral después del proceso electoral del mes de junio del 2021.
Por lo que se refiere al Instituto Federal de Telecomunicaciones ha cumplido una función económica y social muy importante porque gracias a la regulación de la competencia en las telecomunicaciones el costo de los servicios de telefonía móvil e internet ha disminuido considerablemente, sin mencionar la eliminación de la tarifa de la larga distancia en la telefonía entre otras cosas.
Es por ello que la sociedad civil tiene un nuevo tema en la agenda pública que es la defensa de los órganos autónomos constitucionales como es el IFAI y el IFT ante las ambiciones autoritarias y discrecionales del gobierno de López Obrador y su proyecto de la 4T.
