Se ha vuelto ordinario que por los innumerables caminos y senderos de las más de 300 localidades de Madero se vean numerosos grupos del crimen organizado, que vistiendo ropa con camuflaje militar y portando armas de uso exclusivo del ejército, amedrenten a los pobladores.
En algunos lugares, más allá de los patrullajes intimidatorios, suelen establecer campamentos, en los cuales concentran vehículos, armas, implementos tácticos, sistemas de comunicación y con toda seguridad puentes de mando sobre las “patrullas” dedicadas a propagar el temor.
Lo mismo interceptan campesinos para indagarlos sobre los nombres y propiedades de los habitantes que allanan domicilios, amparados en los falsos uniformes, para robar armas, objetos, dinero o animales. Generado el terror los grupos delincuenciales ofrecen entonces que su presencia ahí es para combatir a los que andan robando, secuestrando o tirando droga. En ruta paralela extorsionan huerteros, madereros, comerciantes y a cualquier civil.
Pero lo que más ha alarmado a la población es la presión que ejercen en las familias para que de manera forzada enrolen a sus hijos como sicarios a cambio de un pago mensual de 12 mil pesos. El hecho de que busquen comprometer a las localidades con hombres lleva la intención de parapetarse en los pueblos para ejercer un control territorial. Si los delincuentes tuvieran éxito convertirían estas zonas en focos de permanente confrontación con las fuerzas del Estado y de sus grupos rivales.
Este es el contexto en el que se dio el 3 de febrero la movilización de ciudadanos maderenses, quienes solicitaron dialogar con los mandos de la Guardia Nacional, que tienen cuartel a escasa distancia de Villa Madero, y a quienes exigieron su actuación para someter a la ley a estos grupos delincuenciales.
La molestia ciudadana que llevó a la toma de la carretera estatal Morelia – Altamirano creció por la falta de respuesta a las recurrentes denuncias que por semanas se habían interpuesto sin que hubiera actuación alguna. El colmo fue que parte de estos grupos se pasearan exhibiendo su poderío bélico en la misma cabecera municipal y frente al propio cuartel de la Guardia Nacional, sin que hubiera consecuencias.
El acuerdo que la población lograra con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Michoacán, ha sido el de mantener un operativo de vigilancia en los caminos y localidades del municipio con la colaboración de los habitantes, operativo coordinado que de manera inmediata se ha puesto en práctica.
Las instancias federales y estatales competentes no deben fallarle a la población. Si los operativos se interrumpen y le dejan el campo libre a la delincuencia el mensaje que se estaría enviando sería fatal para los pobladores y un aliento para los criminales.
A nadie conviene que la delincuencia convierta este territorio en zona de guerra. Incluso su cercanía con Morelia, sin duda, incrementaría los índices delincuenciales ya preocupantes.
Los maderenses han querido confiar en la autoridad para frenar a la delincuencia. No es exacto que se afirme, como así ocurrió, que los pobladores se estaban constituyendo en autodefensas. Lo cierto es que si el gobierno les deja las manos libres a los delincuentes el ciudadano, como lo marca la Constitución, tiene el derecho de defender a su familia y sus bienes ante la falta del Estado.
El gobierno federal y estatal deben aprovechar la colaboración de los pobladores para afianzar la confianza con las instituciones responsables de combatir a los criminales. Esta colaboración es estratégica para hacer posible un plan de seguridad para esta zona de tal manera que la vida de sus pobladores no tenga que vivir más bajo la zozobra y el terror que impone la delincuencia. Tienen derecho a la seguridad que debe garantizar el Estado.
