López Obrador vs. La Suprema Corte

Lo cierto es que López Obrador siempre ha estado en contra de las energías limpias. (Foto: especial)

El 9 de marzo, el presidente López Obrador envío a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para reformar la Industria Eléctrica con la instrucción de que no se le quitara ni una coma, 24 horas después el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del 2º. Distrito en materia administrativa, especializado en materia económica, radio difusión y telecomunicaciones suspendió esta iniciativa de manera definitiva, junto con otros jueces como Rodrigo de la Peza que otorgó 11 suspensiones más que suman 24 en total.  Esta acción provocó un manotazo de AMLO en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia,  Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, culpándolo de ser el responsable de la actitud del juez y su protección, a lo que el presidente Arturo Zaldívar respondió en un Twitter que los jueces son independientes en su desempeño, al respecto López Obrador solicitó un amparo en contra de la SCJN y no solo esto amenazó con reformar la constitución como respuesta al juez que asume que esta ley de Reforma Energética es anticonstitucional y que afecta entre otras muchas cosas los derechos humanos y a los consumidores.

Lo cierto es que López Obrador siempre ha estado en contra de las energías limpias y de los empresarios nacionales y extranjeros dueños de estas empresas como la española  Iberdrola, Acclaim Energy México y la Asociación mexicana de energía  eólica, que operan básicamente en Oaxaca, argumentando que atentan contra los intereses de los dueños de los terrenos del territorio oaxaqueño donde están instaladas las empresas que producen energía a través del viento.

Como le va hacer López Obrador para impedir o expropiar a estas empresas que operan con menores costos y no producen contaminación como la CFE que opera con gas y combustóleo contaminantes y con altos costos que equivales a 135 mil millones de pesos que pagamos los consumidores, además de la cancelación  del  adeudo  que concedió al Estado de Tabasco en el pago de luz por un año que costó 360 millones de pesos más el adeudo histórico de la CFE de 2,000 millones de pesos.

El gobierno de López Obrador, no tiene el dinero suficiente para liquidar el funcionamiento de estas empresas que además de ser competitivas en el mercado de energía eléctrica, existen compromisos internacionales con los países de donde proceden dichas empresas. Lo que procede es negociar su operación.

La Suprema Corte se encuentra amenazada por AMLO, esgrimiendo que pondrá a consideración el tribunal colegiado para que dé marcha atrás  dicha suspensión por los jueces que suspendieron la iniciativa de ley de energía eléctrica, basta según la versión,  con que 4 de los ministros de los 11 que constituyen el pleno de la Corte voten por la inconstitucional de la ley para que esta se considere improcedente. De los once ministros de la corte uno de ellos es el presidente de la SCJN que a su vez es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

En conclusión la Suprema Corte tiene el enorme reto de proceder a suspender o no la iniciativa de ley de energía en común acuerdo con las dos terceras partes del Congreso dela Unión. De ello depende su verdadera autonomía.