Control biométrico

Al más puro estilo del partido hegemónico, el viernes pasado por la tarde se publica el Decreto mediante el cual se reforma y adiciona la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de donde sobresale la adición de un Capítulo I Bis denominado “Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”, al Título Séptimo; así como el Capítulo II Bis denominado “Sanciones en materia del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil” al Título Décimo Quinto, un Decreto controversial por el control biométrico que ya se encuentra vigente para los nuevos usuarios de telefonía celular.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del Decreto, deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter general relativas,  en caso contrario, dará motivo a responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano de gobierno del Instituto, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas; seis meses despues de publicadas iniciaría el registro.

Las líneas telefónicas móviles, en cualquiera de sus modalidades, adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, en un plazo de dos años a partir de su publicación, deben cumplir con las obligaciones de registro contenidas en este; en caso de no realizar el trámite de registro dentro del plazo señalado, se les cancelará la prestación del servicio relacionado con la línea telefónica móvil de que se trate, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna; una sanción desproporcional.

No es descabellado pensar que estas disposiciones surgen a partir de que el Instituto Nacional Electoral, le negó proporcionarle al presidente López su base de datos, ya que no le basta con el control existente que mantienen ya de los contribuyentes al obligarlos a entregar sus datos biométricos en el momento de su registro o al obtener la firma electrónica, es evidente que se busca el control de la población, bajo la falsa figura de la prevención de ilícitos.