Con una relación deteriorada entre sectores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Rectoría a cargo de Raúl Cárdenas Navarro enfrenta un rezago en pagos a sindicalizados, además de la falta de transparencia sobre el uso de los recursos cuestionada por las auditorias superiores tanto federal como estatal, así como un presupuesto deficitario que detona los últimos meses del año en pagos irregulares en salarios y prestaciones, como es el caso del aguinaldo que debió cubrirse en diciembre del 2020 y del cual aún se adeuda el 37 por ciento.
Cárdenas Navarro asumió el cargo en enero del 2018, en una designación cuestionada por sectores universitarios al considerarlo una imposición directa del gobernador Silvano Aureoles Conejo a través de la Comisión de Rectoría, ambos estudiaron en la Universidad Autónoma de Chapingo la carrera de Agronomía y su llegada fue vista con recelo al no haberse formado profesionalmente en las aulas nicolaitas.
De entrada, Cárdenas recibió una Universidad convulsa ya por el déficit presupuestal que desde el año 2017 obliga a las autoridades a recurrir a los apoyos extraordinarios de la federación, con agremiados molestos por la falta de pago regulares en salarios y prestaciones y un ejercicio de los recursos que no ha sido clara y además cuestionado por auditorías.
Su antecesor, Medardo Serna González, en diciembre del 2018 y en busca de los apoyos extraordinarios federales, aceptó un convenio con la federación donde se comprometió a iniciar el saneamiento administrativo de la Casa de Hidalgo, incluida la contención en la contratación de personal, transparencia en el uso de recursos y una reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones que incluye el recorte en prestaciones contractuales a los sindicatos de Profesores y Único de Empleados (SPUM y SUEUM respectivamente).
Reforma en Pensiones, foco rojo con sindicalizados
La reforma en Pensiones, fue el punto más sensible para los gremios, quienes le pasaron la cuenta a Cárdenas Navarro con el reclamo de no haber sido considerados en la negociación donde también firmó el gobierno estatal, el cual aporta el 32 por ciento de los recursos que recibe la Universidad y el resto proviene de la federación, no obstante que desde el 2016, la administración de Aureoles Conejo se comprometió en el sexenio de Enrique Peña Nieto en incrementar el financiamiento hasta un 50 por ciento, además de que sus aportaciones no son cubiertas en tiempo y forma, con retrasos que devienen a su vez en pagos irregulares al personal académico, administrativo y manual.
Con la dirigencia del SPUM y sin el consenso de más del 60 por ciento de los agremiados, Cárdenas Navarro contó con el apoyo para llevar adelante la reforma en Pensiones, no ocurrió lo mismo con el SUEUM, lo que lo llevó a una confrontación directa con su liderazgo prácticamente en todo el 2019 ya que una de las presiones de la federación era que los cambios al sistema de retiro se incorporaran a la revisión contractual, la cual finalmente aceptaron los dirigentes sueumistas al ver como sus agremiados optaban por cambiarse al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (STUMICH), en una estrategia con la Rectoría donde a este gremio ofreció a quien cambiara de filas tramitarles salarios y prestaciones y que en estos días anunció estar dispuesto a disputar la titularidad del contrato colectivo.
En el caso de los académicos agremiados, corrientes de opinión al interior del SPUM como el Movimiento por la Legalidad y la Democracia cuestionaron la actitud “entreguista” del Comité Ejecutivo General encabezado por Jorge Luis Ávila Rojas, situación que se exacerbó en el 2020 con la irrupción de la pandemia y donde éste asumió directamente negociaciones directas con Cárdenas, sin considerar a los órganos de gobierno internos como el Consejo General y el Congreso General de Representantes, a los que no convocó desde finales del 2019, situación que llevó a los integrantes del Consejo a convocar en este 2021 -tras el silencio de Ávila y su equipo por la falta de pagos-, a revocar su mandato y su posible expulsión, al actuar en contra de los intereses de los agremiados.
El pago de los salarios se ha mantenido irregular, sin embargo, no obstante que a juicio del propio Cárdenas Navarro se han cumplido los ejes solicitados por la federación, con la aceptación de que no es el gasto generado por los gremios y los pensionados causante del déficit presupuestal, como lo ha manejado el discurso tanto de diputados como de Silvano Aureoles.
Transparencia en duda
De los cinco compromisos firmados por Serna González, el de la transparencia ha sido otro eje cuestionado. Desde el 2018, el propio Congreso del Estado cuestionó no haber recibido la Cuenta Pública de tal año por parte de la UM. Las auditorias superiores de la Federación y de Michoacán, por su parte, cuestionaron el presunto desvío de recursos desde el 2017 por el orden de los 500 millones de pesos, observaciones que hasta el momento no han sido desvanecidas del todo por la autoridad nicolaita, referentes al uso de recursos generados por el pago de inscripciones y aplicación de exámenes.
La Auditoría Superior de Michoacán, conminó a la UM a que desvanezca observaciones del 2019 por falta de comprobantes fiscales y facturas que justifiquen gastos. A estos señalamientos le precedieron, en el 2017, acreditar 180 millones de recursos no comprobados, y en el 2018 le solicitó reportar ante la Secretaría de Finanzas ingresos por 256 millones 54 mil 79 pesos, además de observar que la institución no se ajusta a los criterios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, realizó 18 observaciones por 258 millones de pesos a la Cuenta Pública 2017, de las que en el 2020, el tesorero Rodrigo Gómez Monge señaló que se habían desvanecido 5 de ellas. Otra observación por parte del organismo, fue la referente a la llamada “estafa maestra” y en la que estuvo involucrada la Universidad Michoacana durante el rectorado de Medardo Serna González, que implicarían recursos por 11 millones de pesos. Hasta agosto del 2019, de acuerdo con el contralor Rodrigo Tavera Ochoa en declaraciones de enero del 2020, no había señalamiento contra ningún ex funcionario no obstante que, aceptó, existen varios involucrados y áreas identificadas, pero apeló a la secrecía de la investigación –con un 70 por ciento de avance, dijo-, para reservarse los detalles.
El tema cobró relevancia nacional por una investigación periodística realizada en el 2017 y que en el caso de la institución, cobró mayor relevancia con la detención en julio del 2019 de Rosario Robles, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) le sigue un proceso por el caso de la triangulación en el desvío de recursos hacia las universidades cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En cuanto al control del gasto regular, Cárdenas Navarro anunció desde la toma de posesión que implementaría un esquema de ahorro, con la reducción inicial del salario de funcionarios del primer nivel, entre ellos el suyo, que anunció sería de 90 mil pesos mensuales, aunque en la página de transparencia de la UM sigue apareciendo una percepción superior a los 100 mil pesos.
En cuanto a otros rubros no reconocidos por la federación, y que tienen que cubrirse con recursos propios, la UM mantiene el presupuesto al bachillerato nicolaita, con siete planteles y una matrícula cercana a los cinco mil alumnos, además del dirigido a las casas del estudiante, con un registro de 5 mil moradores.
Gobierno estatal y Rectoría, incumplidos en aportaciones
En suma, los recursos para la Universidad Michoacana pese a estar programados anualmente en el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, siguen siendo insuficientes y solo garantizan pagos regulares hasta octubre, que a la par de no lograr captación propia redundan en atrasos a los pagos de asalariados, situación a la que abona el rezago del gobierno estatal en sus aportaciones y que a finales del 2020 de nueva cuenta se tuviera que recurrir al apoyo extraordinario de la federación, que aportó 250 millones de los 500 necesarios para cubrir pagos de sueldos y prestaciones, con el resto que sería aportado por el gobierno estatal y la autoridad universitaria, mismos que no se han cubierto del todo, por lo que el pago del aguinaldo, por ejemplo, se sigue adeudando y cubierto en abonos, además de otras prestaciones no cubiertas tanto al SPUM como al SUEUM, gremio éste último al que se le adeuda la ayuda sindical y la entrega de despensas desde el 2019, recursos que en total han sido estimados en más de 100 millones de pesos como débito de la Rectoría.
En el 2019, la UM contó con un presupuesto de 2 mil 827 millones 441 mil 892 pesos, en tanto que para el 2020, la cantidad fue ligeramente similar: dos mil 854 millones 980 mil 913 pesos, mil 357 millones de pesos menos de los que se estimó requiere la Universidad para cubrir sus necesidades, cuatro mil 211 millones 913 mil pesos, según el presupuesto elaborado por el Consejo Universitario.
Para este año de 20021, los recursos aprobados fueron de tres mil 33 millones 387 mil 521 pesos.
Peticiones de audiencia, a la espera
Desde que inició su gestión, ha sido poca la relación que ha mantenido Cárdenas Navarro con los sectores universitarios. Fue el caso del Movimiento en Defensa de la Jubilación, el Estado de Derecho y la Universidad Pública, cuando se propuso la reforma al Régimen de Pensionados y Jubilados y que finalmente obligó al rector a dialogar tras varios actos de presión; otros casos han sido las audiencias solicitadas por la dirigencia del SUEUM, rotas desde el 2019 y con apenas dos reuniones pactadas en este 2021 y que se volvieron a cancelar.
Desde finales del 2020 y principios del 2021, docentes integrantes de academias del bachillerato le solicitaron una reunión para discutir el cambio en la malla curricular del nivel que pretende aplicar unilateralmente la Secretaría Académica, sin suerte para concretarla.
El último peticionario de una reunión, ha sido el Comité Ejecutivo General Interino que revocó el mandato al grupo de Ávila Rojas en el SPUM. La dirigente interina, María Luisa Sáenz Gallegos, ha apelado a que como funcionario representante de la autoridad universitaria, Cárdenas Navarro acepte la reunión solicitada hace dos semanas y de la que hasta el momento no hay respuesta, no obstante que cada jueves hay un plantón de los académicos a las puertas mismas de la Rectoría.
En el caso del Consejo Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana de acuerdo a su Ley Orgánica, no ha sido convocado a sesiones en más de un año por parte de su presidente, el mismo rector Cárdenas Navarro, desde finales del 2019.
