Focos rojos, persistentes en el proceso electoral en el estado

En el transcurso del periodo proselitista aumentaron intimidaciones del narcotráfico y amenazas a los actores políticos, como en las comunidades indígenas en donde hay un claro rechazo a los partidos

La agresión en contra de comuneros purépechas en Nahuatzen, por parte de representantes de partidos.

Prácticamente en todo el periodo electoral, la inseguridad y la presencia del crimen organizado han sido una constante, en un periodo en el que a la par de las incidencias entre los mismos candidatos y partidos que contienden en las elecciones, se han agregado otros factores, como el rechazo y reclamo de las comunidades indígenas hacia los partidos políticos y su negativa a permitir la instalación de mesas de votación.

Tan sólo el pasado viernes, los hechos de violencia generados presuntamente por carteles de la droga, alcanzaron a la capital estatal con el incendio de varios vehículos, más allá del corredor en Tierra Caliente que abarca desde Apatzingán hasta Aguililla y en donde ya es paisaje de todos los días ver vehículos incendiados bloqueando carreteras a la par de un éxodo de pobladores y la escasa presencia policiaca o militar.

Sobre los hechos, el mismo secretario de Seguridad Pública estatal, Israel Patrón Reyes, reconoció que en varios municipios el control lo tiene la delincuencia organizada.

“Hoy no tenemos novedad alguna que altere el orden en la zona. Desde que se tuvo conocimiento de la reacción de un grupo criminal que está asentado en la zona de Pinzándaro y Catalinas, Buenavista, y en otras comunidades, hubo un despliegue de fuerzas federales, estatales y municipales y todos los eventos fueron controlados aproximadamente a las 4:30 de la tarde”, dijo el funcionario el 29 de mayo.

En su discurso, contabilizó 10 vehículos afectados, en su mayoría transportes de mercancías.  

El mismo funcionario, el pasado 6 de mayo, señaló que al menos en 12 municipios se preveían problemas para la instalación de casillas por la presencia o intimidación del crimen organizado. Aquila, Aguililla, Apatzingán, Tepalcatepec, Buenavista, Churumuco, Ario, Uruapan, Salvador Escalante, Tangamandapio, Zamora, Hidalgo, Jiquilpan, Zitácuaro y Juárez, serían los municipios bajo esta circunstancia.

En este escenario, el vocal local del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado Arroyo, ha reconocido que por lo menos en cinco municipios y por la misma causa, en cinco localidades habría dificultad para ubicar casillas: Aguililla, El Aguaje, Apatzingán, Zamora y Tepalcatepec, en las que coincide con el titular de la SSP.

De acuerdo con el representante del INE, un total de 6 mil 200 casillas se prevé se instalen en el estado, de las que 65 casillas no se permitirían, 55 por el rechazo de las comunidades indígenas a los partidos políticos y las 10 restantes en las localidades que citó, por la presencia del narcotráfico.

Fuera partidos políticos, reclamo de comunidades indígenas

En el caso de los pueblos originarios, son 10 las comunidades que desde el pasado mes de abril advirtieron a los órganos electorales que no permitirán la instalación de casillas. “Mediante un escrito firmado y sellado por autoridades civiles, comunales y tradicionales indígenas denominado ´Primero la comunidad y después los partidos políticos´ el Consejo Supremo Indígena de Michoacán informó al INE que en base a cuatro cuerpos jurídicos internacionales y nacionales que fundamentan su derecho a la libre autodeterminación política, no permitirán la instalación de casillas electorales en diez comunidades originarias: Sevina, Aranza, Santa Fe de la Laguna, Nahuatzen, Turícuaro, San Felipe de los Herreros, Zopoco, Ocumicho, San Benito de Palermo y Cuanajo.”

En el escrito con fecha 16 de abril, las 60 comunidades integradas al CSIM señalan entre las causas de su negativa, “la deuda histórica del Estado mexicano con las comunidades indígenas, esto sin importar el color o filiación política del partido en el poder, por el contexto de pobreza, marginación, represión, criminalización, discriminación y despojo de los pueblos originarios que aún viven y porque los partidos políticos dividen comunidades y familias enteras y únicamente se acuerdan de los pueblos en tiempos electorales.”

A este número, de acuerdo con Pavel Ulianov Guzmán, integrante del CSIM, se podrían sumar otras comunidades, que también se encuentran inconformes con el uso de sus símbolos como la bandera purépecha o el bastón de mando por parte de los partidos y sus candidatos, además de que enarbolan demandas como el presupuesto directo a las comunidades, una lucha que han emprendido por sí mismas y sin apoyo de partidos, aunque poco caso han hecho, como ocurre sobre todo con Alfredo Ramírez Bedolla, de la alianza Juntos Haremos Historia, y Carlos Herrera Tello, de la coalición Equipo por Michoacán.

La confrontación más álgida ocurrió en Nahuatzen, donde integrantes del Cabildo y representantes de partidos políticos, agredieron la sede y a integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen el pasado, con daños materiales a vehículos y equipos, lo que generó la protesta de organismos de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, aunque del caso no se remitieron responsables o detenidos. La molestia de autoridades y partidos estriba en el manejo del presupuesto directo que defiende el Consejo, además del rechazo a realizar elecciones en el lugar.

El 7 de mayo, “alrededor de las 11:30 de la noche un grupo de aproximadamente 30 personas, lideradas por la Sra. Guadalupe Irepan Jiménez (actualmente candidata dentro de la planilla del PRD), Elizabeth Torres Magaña (candidata de MORENA a la presidencia del ayuntamiento) y Antonio Acuchi Rodríguez (candidato a la presidencia del PVEM), cortaron la luz del inmueble para desactivar las alarmas del mismo e ingresaron por la fuerza a la Casa Comunal del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen y generaron grandes destrozos, entre ellos: 3 carros destruidos, dos camionetas volcadas; cámaras de seguridad destruidas; robo de equipo y del dinero de tesorería; robo de documentación; destrucción de puertas, chapas y ventanas y de equipo de cómputo, así como quema de mobiliario”.

Agresiones vemos… responsables no sabemos

Las agresiones también han subido de tono en las últimas semanas. En el caso del candidato del PRI a la alcaldía de Morelia, Guillermo Valencia, con un atentado a su comitiva el pasado y que estaría dirigido presumiblemente a su persona, cuando 15 impactos de arma de fuego se impactaron en un vehículo que la transportaba con el saldo de dos heridos.

De acuerdo con el fiscal general, Adrián López Solís, se ha logrado la detención de dos presuntos responsables en los hechos y aunque presumió que estaban sobre el rastro de otros implicados, no se ha concretado su detención así como el esclarecimiento pleno de los hechos.

Otro caso y de quien nada se sabe tampoco, es el del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Uruapan, Omar Plancarte, quien fuera “levantado” el 25 de mayo en un rancho de su propiedad en aquel municipio junto a su chofer. Plancarte, quien en el año 2012 perdió a dos de sus hijos, quienes fueron secuestrados en Zapopan, Jalisco, sin saber nada de ellos, contaba con al menos 11 elementos de seguridad que lo resguardaban y curiosamente, el día de su desaparición, ninguno de ello lo acompañaba.

Del mismo PVEM, el propio candidato a la gubernatura por estas siglas, Juan Antonio Magaña de la Mora, vivió el 5 de mayo el rechazo de la comunidad de Arantepacua a su visita, con saldo de un vehículo incendiado.

En Lázaro Cárdenas, el 24 de mayo el candidato a regidor del PRI, Waltnner Russell Córdoba Moreno, también sufrió el despojo de su vehículo, mismo que incendiaron los atacantes.

De acuerdo con el diario Reforma, son 34 los aspirantes a las alcaldías, regidurías y diputaciones, los que han sido victimados hasta la fecha por presuntos sicarios o gatilleros, en un afán de los carteles por imponer a sus propios candidatos, situación que a su vez ha generado renuncias a candidaturas.

En el vecino municipio de Charo, el 8 de mayo Roberto Domínguez, candidato del Partido de la Revolución Democrática, denunció amenazas “a los integrantes de su planilla y a él como candidato”, de acuerdo con la nota de la reportera Ireri Piña, del portal Contramuro.

“¿De qué tienen miedo? Nosotros no tenemos miedo, estoy seguro que el proyecto que representa el PRD es el que va a ganar. ¿De qué tienen miedo? De que les ganemos, porque la gente está decidida por un cambio y ese lo haremos nosotros”, señaló el contendiente.