El psicólogo norte-americano, Abraham Maslow en su libro “Una teoría sobre la motivación humana”, establece una jerarquización de las necesidades humanas. Manifiesta que la seguridad surge una vez satisfechas las necesidades fisiológicas básicas como respirar, comer, beber, dormir. La cual es primordial para mantener la integridad física, los bienes materiales y de servicio en común, de las personas para que puedan vivir en paz y lograr un desarrollo integral. La falta de seguridad pública, genera un clima de incertidumbre, limitando el desarrollo económico, político y social de cualquier comunidad.
Corresponde a la Federación y a los gobiernos estatales y municipales, dar seguridad pública a la población, como se establece en el Artículo 2º, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que la vida en sociedad transcurra dentro de los cauces legales. En la actualidad, dada las desigualdades sociales, políticas y económicas, generadas tanto en las relaciones sociales de producción, como por la corrupción e impunidad con que actúan las autoridades de gobierno, la inseguridad ha permeado la mayoría de los espacios sociales, limitando el desarrollo de la vida individual y colectiva.
Por ser los espacios más importantes para el desarrollo de la sociedad, los centros educativos deben consolidarse como los lugares más seguros que los propios hogares o que cualquier otro espacio público, para garantizar la integridad física de los alumnos, docentes, personal administrativo y de apoyo, así como la protección a sus bienes personales y a los de servicios en común, para que se realice en un clima de tranquilidad y confianza el proceso de enseñanza-aprendizaje y puedan cumplir su compromiso social, de ayudar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su crecimiento humano formal, en los diferentes niveles académico. Para lo cual, cada uno de ellos, deben organizarse en función de sus condiciones naturales, culturales y sociales, asignando responsabilidades entre los trabajadores y padres de familia, mediante el establecimiento de comisiones, comités o brigadas de seguridad, según lo práctico y funcional de la organización por la que se decida, pero de acuerdo a los lineamientos, procedimientos, acciones y estrategias que establezcan las autoridades educativas. En 2012, la Secretaría de Educación Pública, como parte del Programa Escuela Segura, elaboró un documento denominado Manual de Seguridad Escolar, donde se hacen una serie de recomendaciones para la protección contra de la inseguridad y la violencia, pero al parecer no se implementó a nivel nacional.
La seguridad de un centro educativo, debe comenzar con la elaboración de un programa, guía o instructivo que establezca con claridad las acciones a seguir para evitar riesgos en la comunidad escolar, así como la designación de las personas responsables de su implementación. Desde luego, de antemano se deben tener en orden los documentos básicos de identificación de la institución, como la escritura pública de la propiedad, que acredite la posesión legal del inmueble, para evitar conflictos con motivos de la posesión; los planes y programas de estudio autorizados por la Secretaria de Educación Pública, para que tengan certeza legal sus acreditaciones académicas; la plantilla de personal autorizada por las autoridades educativas, para evitar conflictos laborales o problemas de pagos y la matrícula escolar, actualizada periódicamente según las necesidades de los controles escolares.
La responsabilidad de la seguridad de alumnos y personal comienza desde el momento en que ingresan a las instalaciones escolares y termina cuando salen de las mismas. Por lo cual es de importancia establecer un estricto control de entradas y salidas, ya sea mediante torniquetes, cámaras u otros medios que surjan de la imaginación a falta de recursos. En el caso de los jardines de niños y de las escuelas primarias y secundarias, al parecer no implica mayores problemas por lo compacto de los horarios de clases, sin embargo, más vale extremar precauciones. Lo complicado se presenta en el nivel medio superior y superior, donde las actividades académicas no están compactadas a ciertos horarios, dificultando el control de entrada y salidas, por lo que se deberán considerar las experiencias de otros centros educativos, para evitar que ingresen a las escuelas personas ajenas a las mismas, que puedan perturben las actividades académicas, agredir físicamente a los alumnos o hasta distribuir estupefacientes.
Periódicamente se deberán revisar todos los espacios educativos, para que se detecten y corrijan en tiempo y forma cualquier desperfecto que represente un riesgo para la integridad física de los alumnos y personal, para lo cual se deberá solicitar la participación de la unidad administrativa de la Secretaria de Educación Pública, responsable de la construcción de escuelas y del área de Protección Civil del municipio correspondiente. En especial, se deben revisar las instalaciones de los laboratorios y talleres, que en su mayoría ya resultan obsoletas y pueden ocasionar un accidente al momento de realizar las prácticas académicas. Así como las instalaciones eléctricas, las que originalmente se programaron para abastecer el alumbrado general y algún otro equipo adicional, sin considerar una sobrecarga por el uso simultaneo de los equipos de cómputo que normalmente se utilizan a diario. Con toda la información que se obtenga de las mencionadas revisiones, se podrá elaborar o actualizar un atlas de riesgos naturales y artificiales, para proceder a hacer los señalamientos correspondientes y ubicar estratégicamente equipos de seguridad como extintores y algún otro que se requiera, así como la definición de las áreas de seguridad.
En cualquier momento se puede presentar algún incidente que perturbe la tranquilidad de la escuela, como el acoso escolar o bullying, que fastidia a la víctima y la afecta psicológicamente, situación que se puede prolongar fuera del plantel, mediante el uso de la internet; la consulta de portales pornográficos, que dañan mentalmente a los niños y pueden terminar en abusos sexuales; la agresión física por malos entendidos entre alumnos que pueden poner en riesgo su propia vida; el acoso y hostigamiento sexual a las alumnas por parte de los docentes o trabajadores administrativos; alumnos con depresiones, ansiedades u otros problemas mentales como consecuencia de abuso o maltrato familiar. En estos casos, se debe actuar de inmediato con la participación de los padres de familia de los alumnos involucrados en el problema y la Oficina de Orientación Educativa, para proteger su integridad y evitar secuelas que les dificulte su aprendizaje o que los orille a tomar decisiones extremas como el abandono escolar, además de aplicar las sanciones de acuerdo al reglamento escolar y y dar aviso a las autoridades competentes cuando la gravedad del caso lo requiera.
De acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, seguramente muchos otros problemas sociales pueden convertirse en verdaderas amenazas para la seguridad de las escuelas. Además, de algunos fenómenos naturales, como inundaciones, temblores, derrumbes, hundimientos, tempestades, ventarrones o nubes tóxicas, para evitar sorpresas, es recomendable definir las acciones y estrategia a seguir para el momento de la emergencia, en total coordinación con las Autoridades Educativas Superiores, La Secretaría de Salud, La Secretaria de la Defensa Nacional, La Secretaria de Seguridad Pública, La Guardia Nacional, Seguridad Pública del lugar, Protección Civil, El Cuerpo de Bomberos, La Delegación de la Cruz Roja y los padres de familia de los alumnos de la escuela. Complementando estas acciones con las recomendaciones oficiales para el mejor manejo de la pandemia COVID-19, en el próximo regreso a las aulas. Recordemos que lo más valioso de una sociedad son sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes, por lo que bien vale la pena cualquier esfuerzo que se haga, para su desarrollo integral en un clima de bienestar social.
Desgraciadamente centenares de instalaciones educativas han sido vandalizadas, durante estos tiempos de pandemia ante la indiferencia y negligencia de las autoridades educativas, aun cuando en algunas nominas aparecen pagos a veladores o en otros casos se pagan servicios de vigilancia a empresas privadas. Negligencia es sinónimo de corrupción.
